El mensaje masivo enviado por Pável Dúrov a millones de usuarios españoles no fue solo una intervención polémica en el debate político. Fue algo más estructural, es la demostración de que un empresario extranjero puede irrumpir sin mediación en la conversación pública de un país. No se trató de un comentario ni de una opinión publicada en un perfil personal. Fue un aviso directo, distribuido desde la arquitectura de una aplicación que funciona, en la práctica, como una infraestructura global sin contrapoder.
La reacción del Gobierno, que acusa al fundador de Telegram de difundir “mentiras” y de lanzar ataques ilegítimos, pone el foco en una cuestión que Europa lleva años evitando afrontar con claridad, quién gobierna el espacio digital. Porque lo ocurrido no es un episodio aislado, sino la consecuencia lógica de haber permitido que la esfera pública se privatice.
Durante décadas se asumió que estas plataformas eran meros intermediarios tecnológicos. Hoy resulta difícil sostener esa ficción. Telegram, como X, no solo distribuye mensajes, también jerarquiza, amplifica, invisibiliza y condiciona el debate. Y lo hace a través de algoritmos opacos y decisiones empresariales que no pasan por ningún escrutinio electoral.
Poder sin mandato
El argumento de Dúrov se inscribe en un marco retórico cada vez más reconocible entre los magnates tecnológicos: presentarse como guardianes de la libertad frente a los Estados. La paradoja es que nadie ha votado a estos ejecutivos, pero su capacidad de influencia supera con frecuencia la de muchos gobiernos.
Cuando Moncloa denuncia que un “tecno-oligarca” puede inundar teléfonos con propaganda, no exagera el diagnóstico. Lo que describe es un fenómeno que ya ha alterado procesos electorales, campañas de vacunación, guerras informativas y hasta conflictos armados. La diferencia es que ahora la presión se ejerce de forma explícita.
El dato del Eurobarómetro —una ciudadanía ampliamente preocupada por la desinformación y la concentración de poder— no refleja solo inquietud social; señala un retraso regulatorio evidente. Europa ha legislado más despacio de lo que estas compañías han crecido.
La ficción de la neutralidad tecnológica
Durante años, los propietarios de redes sociales se ampararon en la neutralidad. No eran editores, decían; tampoco medios; apenas proveedores de un servicio. Esa coartada se ha ido erosionando a medida que sus intervenciones políticas se han vuelto más visibles.
El envío masivo de un mensaje con carga ideológica desmonta cualquier pretensión de neutralidad. No es un fallo del sistema: es el sistema funcionando según la voluntad de quien lo controla.
Telegram ha sido señalado en múltiples investigaciones por su baja moderación y por albergar redes criminales, desde tráfico de drogas hasta explotación infantil. La compañía suele responder que protege la privacidad. Pero la privacidad no puede convertirse en un escudo para la impunidad digital.
Musk, Dúrov y la política convertida en laboratorio
El señalamiento de Yolanda Díaz a Elon Musk no es casual. Desde que adquirió Twitter y la rebautizó como X, el empresario ha diluido los mecanismos de control interno, ha rehabilitado cuentas extremistas y ha defendido una interpretación maximalista de la libertad de expresión que, en la práctica, ha ampliado el espacio para la desinformación organizada.
No se trata solo de ideología. Es también negocio. La polarización genera tráfico; el conflicto fideliza audiencias; el ruido multiplica ingresos publicitarios. La economía de la atención premia el exceso y castiga la prudencia.
En ese ecosistema, la frontera entre conversación pública y estrategia corporativa se vuelve difusa. Las plataformas ya no son el escenario de la política: son actores políticos por derecho propio.
El debate sobre la prohibición de redes a menores de 16 años y la obligación de retirar contenidos ilegales ha servido como detonante, pero la discusión de fondo es más amplia. Abarca desde la responsabilidad penal de los directivos hasta la transparencia algorítmica y la protección de los procesos democráticos.
Lo relevante no es solo si un gobierno puede regular estas compañías, sino si está dispuesto a asumir el coste de hacerlo. Porque cada intento de control suele ser respondido con campañas sobre censura o ataques a la libertad. Sin embargo, la alternativa es conocida: aceptar que el espacio público dependa de decisiones empresariales tomadas a miles de kilómetros, bajo criterios que mezclan intereses económicos, convicciones personales y cálculo geopolítico.
Un pulso inevitable
La escena, un multimillonario enviando un mensaje político a todo un país, resume el momento histórico. No es una anécdota ni una extravagancia. Es el síntoma de un desplazamiento silencioso del poder.
Los Estados conservan la legitimidad democrática; las plataformas concentran la capacidad de influencia inmediata. Entre ambos polos se libra un pulso que apenas ha comenzado. Mientras tanto, cada notificación que aparece en un teléfono recuerda una realidad incómoda: la conversación pública ya no pertenece del todo a quienes participan en ella, sino también a quienes poseen la infraestructura que la hace posible.