Hay una máxima no escrita en la política de los grandes titulares: ante una crisis desesperada, nada vende mejor que un número redondo y espectacular. Esta semana, con el debate sobre la vivienda incendiado tras la caída de los decretos del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado el suyo: un millón de viviendas en una legislatura, 250.000 al año, con 600.000 empleos asociados. Suena, para millones de familias asfixiadas por el precio del alquiler, a música celestial. Pero en cuanto se rasca un poco la superficie del anuncio y se confronta con la realidad del sector de la construcción en España el espejismo se disuelve con una rapidez pasmosa.
La urgencia de las familias contra los plazos del ladrillo
El primer choque entre la retórica y el día a día de la gente es, sencillamente, de tiempos. La emergencia habitacional no es una amenaza del mañana, es un incendio que consume las rentas familiares ahora mismo, este mes, con el contrato de alquiler que vence en unas semanas. Prometer un despliegue de obra nueva a esta escala implica hablar de plazos que se miden en lustros: entre la recalificación de suelo, la tramitación de licencias municipales, el diseño arquitectónico, el movimiento de tierras y la ejecución final de una promoción, el proceso no suele bajar de los cinco años. Fijar el horizonte en inmuebles que tardarán años en ver la luz no arregla el recibo que hay que pagar este mes. Es, en esencia, un parche a medio plazo para un paciente que se desangra en la sala de urgencias.
Conviene decirlo con claridad: las soluciones de medio y largo plazo son necesarias, por supuesto, pero venderlas como remedio inmediato a una crisis que ya está aquí roza, cuando menos, la ingenuidad política. Aquí hay una simetría incómoda que tampoco conviene esconder: si los sectores más radicales de la izquierda pecan de adanismo al creer que un decreto ley arregla el mercado en veinticuatro horas, la derecha cae en el vicio contrario, prometiendo ciudades enteras sobre plano mientras las familias siguen perdiendo su hogar hoy.
Acuciante falta de mano de obra cualificada
Pero incluso en el supuesto, bastante optimista, de que los plazos burocráticos se redujeran de forma drástica, la propuesta tropieza con un muro físico y laboral nada desdeñable. Las patronales de la construcción llevan años lanzando voces de alarma por la falta de mano de obra cualificada en las obras. Con una fuerza laboral envejecida, la edad media del operario español ronda ya los cincuenta años, y un relevo generacional prácticamente paralizado, la pregunta que nadie en la sede de Génova ha sabido responder con detalle es de dónde va a salir el ejército de albañiles, fontaneros, electricistas, encofradores y gruistas que exigiría semejante volumen de edificación. ¿Van a recurrir a constructoras extranjeras como hizo el FC Barcelona para la obra del Camp Nou?
El sector perdió cientos de miles de puestos de trabajo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y nunca recuperó del todo su atractivo para los jóvenes, un problema que, por cierto, comparten otros países europeos: Alemania arrastra desde hace años un déficit similar de oficios cualificados en la construcción, y ha tenido que recurrir a la inmigración laboral para sostener sus propios planes residenciales. Pretender levantar un millón de viviendas en España sin operarios suficientes en los andamios es, más o menos, como intentar poner en marcha una flota de aviones sin haber formado antes a los pilotos. Sin un plan claro de captación de trabajadores, homologación de titulaciones extranjeras o formación profesional masiva, la promesa corre el riesgo de quedarse en un dibujo sobre un plano, sin obreros que lo hagan realidad.
¿Parque público o mercado libre?
El agujero conceptual se profundiza al mirar el modelo de propiedad que esconde la propuesta. Feijóo no ha precisado con detalle si este volumen de inmuebles nutrirá de forma permanente el parque público de vivienda, si quedará en manos del mercado libre, o si se articulará mediante fórmulas de colaboración público-privada. Es un vacío especialmente sensible en un país donde el parque público apenas representa el dos por ciento del total, muy lejos de los estándares de la Unión Europea: Austria y Países Bajos rondan o superan el veinte por ciento, y Francia se mueve en torno al quince.
Esa penuria histórica de vivienda pública y social en España, conviene recordarlo, no es un accidente del destino. Durante décadas, administraciones regionales y locales del Partido Popular vendieron miles de pisos protegidos a fondos de inversión especulativos o permitieron que la vivienda de protección oficial (VPO) perdiera su blindaje social a los pocos años para pasar al mercado libre. Que ahora se presente como solución un plan que no aclara si esas nuevas casas quedarán blindadas de forma permanente, o si corren el riesgo de repetir el mismo ciclo de especulación, es una pregunta legítima que la propuesta, de momento, no responde.
El suelo que no existe
A la escasez de mano de obra y a la indefinición sobre el modelo de gestión se suma otro dilema, este de naturaleza física: el suelo urbanizable. Levantar un millón de pisos exige una cantidad de terreno considerable, y ese terreno sencillamente escasea en los mapas de ordenación urbana de las zonas con mayor tensión residencial (Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares). El suelo no se fabrica en un laboratorio, y donde de verdad existe presión sobre la oferta de alquiler, el suelo disponible es un bien cada vez más escaso.
Para liberalizar semejante volumen de terreno en un plazo razonable, cualquier Gobierno tendría que impulsar una reforma severa de la Ley del Suelo, que además tendría que convivir con la normativa medioambiental europea y las directivas de desarrollo territorial de la UE, bastante más restrictivas que la legislación de la España expansiva de los noventa. No es un obstáculo insalvable, pero sí uno que exige tiempo, seguridad jurídica y litigios, no un simple anuncio de campaña electoral.
El agujero de los costes
Por si estos escollos estructurales no fueran suficientes, el plan de Feijóo tampoco parece haber hecho los deberes sobre la marejada que sacude los mercados globales de suministros. La inflación de los materiales de construcción en acero, hormigón, cobre, aluminio o madera ha encarecido los costes de ejecución técnica hasta niveles poco habituales en la serie histórica reciente, hasta el punto de que varias licitaciones públicas han quedado desiertas por no cubrir el coste real de la obra.
Nadie del Partido Popular, de momento, ha explicado con cifras cómo se piensa compensar ese sobrecoste: o los precios finales de venta y arrendamiento se encarecen hasta resultar inalcanzables para las rentas medias y bajas, lo que anularía por completo la función social del proyecto, o las arcas públicas tendrán que asumir subvenciones públicas considerables para sostener los márgenes de la industria promotora.
Dos modelos, una misma trampa en la política de vivienda
Al final, cuando se analiza con algo de frialdad la anatomía técnica del proyecto, la promesa de la edificación masiva se revela como la réplica, en espejo, de las recetas de la izquierda más maximalista. Ambas posturas parten de un diagnóstico parcial y ofrecen remedios de consumo rápido para la galería: mientras los sectores más radicales pretenden resolver un problema estructural con el control de precios de los alquileres que termina secando la oferta disponible, la alternativa de la derecha contrapone una quimera del ladrillo que ignora la falta real de obreros, la escasez física de suelo y los límites del derecho comunitario.
España no necesita más eslóganes grandilocuentes ni promesas de millones de ladrillos que tardarán años en llegar al barro. Necesita una política de Estado madura y rigurosa, alejada del regate corto de la campaña. Todo lo demás es ruido mediático que deja a los inquilinos exactamente donde estaban: esperando un techo asequible mientras los políticos juegan con números redondos.
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