Las políticas migratorias no detienen el flujo humano: lo canalizan hacia la precariedad. Invisibles, las personas migrantes sostienen la infraestructura social que sus gobiernos desmantelan.
Una frontera que se desplaza
Europa no ha dejado de construir fronteras, solo las ha movido. Ya no se levantan al borde del mar, sino en los despachos, en los contratos, en los formularios que definen quién pertenece y quién no.
El discurso del “orden” y la “integración por mérito” se ha convertido en una forma elegante de exclusión. No necesita alambradas: basta con crear requisitos que la mayoría de migrantes no puede cumplir sin renunciar a su vida cotidiana.
Lo que se presenta como política de gestión es, en realidad, una estrategia de contención social. Se filtra, se condiciona, se segmenta. La inmigración no desaparece: se administra en silencio. El resultado es un sistema donde la movilidad se permite solo bajo sumisión económica: entrar para trabajar, no para habitar; servir, no participar.
La economía del cuerpo ajeno
En el corazón de las grandes capitales europeas, el bienestar se sostiene sobre empleos que nadie reconoce pero todos necesitan.
Cuidar, limpiar, alimentar, transportar: tareas invisibles que mantienen en pie los sistemas públicos y privados de un continente envejecido.
Sin esas manos, las pensiones no se pagarían, los hospitales no funcionarían y las ciudades dejarían de moverse.
Aun así, las mismas personas que sostienen lo esencial son tratadas como amenaza o carga. El relato del mérito transforma su esfuerzo en sospecha: si están aquí, deben probar que lo merecen.
Y esa exigencia —repetida como mantra político— borra el origen estructural de la dependencia: Europa necesita migrantes, pero prefiere presentarlos como problema.
En los márgenes, especialmente en el sector de cuidados, las mujeres migrantes viven una doble precariedad. Sin red familiar, sin seguridad laboral, sostienen hogares ajenos mientras el suyo propio se vuelve difuso, a veces imposible.
El Estado se desentiende y llama “integración” a esa supervivencia silenciosa.
El mérito como mecanismo de control
El mérito se ha convertido en una frontera moral. Quien trabaja, pertenece; quien exige derechos, molesta.
Los visados por puntos, los exámenes de idioma, la residencia vinculada al empleo: todo conforma un sistema de evaluación continua que define al inmigrante como “temporal” aunque lleve décadas aquí.
No hay neutralidad técnica en ese modelo. Convertir la ciudadanía en recompensa es una forma de disciplinamiento.
Obliga a agradecer lo básico, a aceptar condiciones laborales degradadas, a no alzar la voz.
Y todo bajo el relato de la “oportunidad”: una narrativa que normaliza la desigualdad como si fuera mérito individual.
En la práctica, el discurso del mérito fabrica un ejército permanente de ciudadanos de segunda, funcionales al mercado, invisibles para la política y siempre prescindibles.
Un continente sostenido por quienes no cuentan
La paradoja es evidente: mientras se endurecen los controles, la dependencia estructural de la inmigración crece.
El envejecimiento poblacional, la crisis de cuidados, la falta de mano de obra en sectores esenciales… todo apunta al mismo hecho: Europa necesita lo que desprecia.
Sin embargo, el debate público sigue atrapado en un bucle de sospecha. Se legisla contra la inseguridad mientras se normaliza la precariedad que produce el propio sistema.
El miedo se convierte en programa político; la desigualdad, en política de Estado. La política migratoria contemporánea no busca solo decidir quién entra, sino quién tiene derecho a permanecer con dignidad. Y ahí se define el futuro del continente: no en sus fronteras exteriores, sino en cómo trata a los cuerpos que lo sostienen sin aparecer en sus mapas.