Se va a echar de menos la retransmisión del juicio del fiscal general del Estado porque en la sala de vistas de la madrileña plaza de París se sentarán en los estrados lo más granado de la judicatura de este país. No sólo los siete magistrados de la sala de Lo Penal que van a conformar el tribunal, los cuales podrán tener una posición con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pero nadie puede dudar de su prestigio jurídico, sino también porque a su izquierda y derecha estarán los mejores profesionales del mundo jurídico. La última incorporación ha dejado con la boca abierta a más de uno. Se trata de la que fue directora general de Lo Contencioso, es decir la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, que participará en la defensa de Álvaro García Ortiz. Castro fue designada por Dolores Delgado cuando era titular del ministerio de Justicia. Con anterioridad había destacado en la representación del Estado en el “caso Prestige”. En los anales jurídicos de este país todavía se recuerda su actuación en esta causa que libró al entonces gobierno de José María Aznar de las indemnizaciones multimillonarias que pedían los afectados. Ahora, a Consuelo Castro le toca defender a su amigo y compañero en Galicia, Álvaro García Ortiz. Con ella en el estrado, su defensa está garantizada.
Pero además de su actuación en el juicio por el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas, Castro ha protagonizado otras sonadas actuaciones. Fue la inspiradora del cambio de acusación de los líderes del procès. En principio se les acusaba de rebelión y la abogada del Estado logró cambiarla por sedición. La diferencia fue determinante a la hora de establecer condenas. La sedición se regula en los artículos 544 hasta el 549 del Código Penal para aquellos que “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Las penas para los que fuesen encontrados culpables van de 8 a 10 años de cárcel y el mismo periodo de inhabilitación para ejercer un cargo público. La rebelión se considera un delito mucho más grave. Los condenados se arriesgan a penas que oscilan entre los 15 a 25 años de cárcel para los considerados “cabecillas”, de 10 a 15 años para los subalternos, y de 5 a 10 para los participantes.
La maniobra jurídica de Consuelo Castro supuso el primer paso para tranquilizar los ánimos en Catalunya en un momento en el que cualquier posición maximalista hubiese supuesto el enfrentamiento ciudadano más grave vivido en la historia de este país. Luego, el gobierno progresista se encargaría de buscar soluciones jurídicas para normalizar una situación que, ahora, es radicalmente diferente a la que se vivió en los años convulsos de 2017 al 2019.
A la que fue jefa de los servicios jurídicos del Estado tampoco le tembló la mano a la hora de cesar a Edmundo Bal como jefe de lo penal del servicio por “pérdida de confianza”. Entonces Bal ya coqueteaba con el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, del que llegó a ser diputado, intentando, incluso, hacerse con el liderazgo cuando comenzó la descomposición de esta formación. Puede parecer una decisión partidista pero el tiempo ha dado la razón a Consuelo Castro. Últimamente, Los miembros del servicio jurídico del Estado están muy señalados por sus inclinaciones políticas. Y una institución que se debe a los intereses públicos debería ser mucho más neutral. El ejemplo es el conocido caso de un abogado del Estado al cual se dirigió el abogado de González Amador, Carlos Neira, para pedirle un acuerdo de conformidad en torno a los presuntos delitos de su cliente con la hacienda pública. Según Neira, ese abogado del Estado le comentó que no habría ningún problema y que el asunto se arreglaría. Sin necesidad de ir más lejos, sólo hay que comentar que el parlamento está lleno de diputados procedentes de la dirección general de Lo Contencioso muchos de los cuales se sientan en los bancos de la derecha conservadora, PP y Vox principalmente.
Que Consuelo Castro forme parte del equipo que va a defender a García Ortiz es un logro no sólo para el fiscal general del Estado sino para el nivel jurídico de esta vista oral. Pero no va a ser la única presencia relevante. Aunque no es una experimentada en materia penal, Guadalupe Sánchez, la letrada que representará al denunciante, Alberto González Amador, se ha ganado un puesto destacado por sus habituales opiniones en tertulias de los medios de comunicación conservadores. Abogada, que representa también en las demandas civiles del emérito Juan Carlos y del juez Peinado, sus conocimientos penales son una incógnita mientras que en lo que se refiere a demandas civiles y contra el honor de sus patrocinados todavía no ha logrado una sentencia relevante.
Se desconoce si será el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, el ICAM, el que se sentará en representación de la acusación popular que pide cuatro años de cárcel. Eugenio Ribón todavía no lo ha anunciado, pero si, al final, es quien se sienta en el estrado estaremos ante un especialista del turno de oficio. Y esta actividad es, probablemente, la de mayor experiencia en el ejercicio profesional. Los abogados que se dedican a la justicia gratuita tienen fama de conocerse todos los recovecos procesales. Y el decano del ICAM es uno de ellos.
Se da por seguro un debate que puede llegar a generar jurisprudencia en el fallo de los jueces sobre los juicios de conformidad. Y ahí seguro que Consuelo Castro tendrá mucho que decir para contraponer la versión de Ribón que dice estar personado en la causa porque con la filtración de la oferta de González Amador se ha vulnerado esta extendida fórmula de agilización de la justicia en este país. Una fórmula no exenta de polémica.