En España hay más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes. No es un dato, es una vergüenza. Es una de las mayores cifras de desaparecidos de la Europa contemporánea. Y, sin embargo, la derecha insiste en que hablar de ellos es “abrir heridas”. Como si esas heridas hubieran estado alguna vez cerradas. No se cierran las heridas con cal viva, ni con cunetas, ni con silencio impuesto.
La Transición dejó en herencia un pacto tácito: democracia a cambio de olvido. Hubo urnas, pero no justicia. Hubo Constitución, pero no reparación. Mientras Alemania convirtió la memoria del Holocausto en una pedagogía cívica, aquí se optó por pasar página sin leerla. Resultado: las víctimas quedaron enterradas dos veces, bajo tierra y bajo la amnesia oficial.
Y ahora, cuando se aprueban tímidas leyes de memoria, cuando se destinan recursos a exhumar fosas y dar nombre a los desaparecidos, los mismos que se beneficiaron del silencio salen en tromba. Hablan de “gasto inútil”, de “revisionismo”, de “reabrir el pasado”. Es un insulto a las familias que llevan ochenta años buscando un hueso, una medalla, un trozo de ropa con el que despedirse.
La memoria histórica no es un capricho de la izquierda. Es una obligación del Estado democrático. Sin memoria no hay democracia, hay simulacro. Porque la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, sino en reconocer la dignidad de todos sus ciudadanos, incluidos los que fueron perseguidos, fusilados y desaparecidos por el fascismo.
La derecha sabe que en cada fosa abierta se derrumba el mito de la dictadura “pacífica”, del franquismo que “trajo prosperidad”. Cada cuerpo exhumado es una prueba de que aquí hubo terror sistemático, persecución política, genocidio de clase. Y lo temen porque, al final, la memoria desarma su relato.
No es casualidad que Vox exija derogar la Ley de Memoria Democrática. No es casualidad que el PP vote en contra de financiar exhumaciones. No es casualidad que dirigentes autonómicos recorten en políticas de reparación. La derecha quiere una memoria selectiva: recordar sus muertos, enterrar los de los demás.
Pero este país tiene una deuda que no se liquida con excusas. Los nietos de los fusilados no olvidan. Las asociaciones de memoria no se rinden. Cada fosa abierta, cada nombre restituido, cada monumento resignificado es un recordatorio de que la democracia tiene que ser valiente o no será nada. El olvido no construye convivencia, construye impunidad. La memoria, en cambio, incomoda. Y es en esa incomodidad donde se mide la fortaleza de un sistema democrático. Porque un país que no es capaz de mirar de frente a sus muertos no será capaz de defender a sus vivos.
La memoria no es pasado, es la garantía de un futuro sin verdugos reciclados. Y si la derecha se incomoda, mejor, significa que todavía queda verdad por sacar a la luz.