La Comunidad de Madrid ha aprobado con los votos de PP y Vox una ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas públicas, beneficios fiscales y determinados programas autonómicos. La norma permitirá computar el embarazo en el cálculo de la renta familiar para becas, comedor escolar, abono transporte, ayudas al alquiler joven o algunas deducciones fiscales. También prevé que el reconocimiento como familia asimilada a numerosa pueda aplicarse desde la semana 14 de gestación.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende la medida como una política de apoyo a la maternidad y a la natalidad. Esa formulación resulta amable en apariencia, pero el contenido político de la ley va mucho más allá de una ayuda administrativa. La derecha madrileña no se limita a ampliar prestaciones. Introduce en el ordenamiento autonómico una expresión propia del discurso antiabortista y la convierte en criterio de acceso a derechos sociales.
Ahí reside el fondo del debate. Si el objetivo fuera acompañar a las familias, Madrid podría reforzar la red pública de escuelas infantiles, ampliar las becas comedor, garantizar la climatización de los centros educativos, mejorar la atención pediátrica, combatir la pobreza infantil o facilitar el acceso a la vivienda. La oposición ha recordado precisamente que decenas de miles de niños viven en situaciones de gran vulnerabilidad en la región. Defender la vida exige políticas sostenidas después del parto, no solo gestos jurídicos antes del nacimiento.
La ley llega además con el respaldo entusiasta de Vox, que la considera insuficiente y reclama una protección más amplia desde la concepción hasta la muerte natural. Ese dato revela la dirección del desplazamiento político. El PP de Madrid intenta presentar la norma como una medida técnica, pero su principal aliado la lee como una victoria cultural. Cuando la ultraderecha celebra el contenido ideológico de una ley, conviene atender menos al envoltorio y más a la intención.
Desde Génova llevan tiempo intentando sostener un discurso de centralidad institucional, pero Madrid vuelve a mostrar la verdadera orientación de una parte esencial del Partido Popular. La alianza con Vox no aparece solo en pactos de investidura o acuerdos de gobierno. También se expresa en leyes que trasladan al Boletín Oficial conceptos nacidos en la batalla contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El riesgo no está únicamente en esta norma concreta. Está en la normalización de un lenguaje político que pretende disputar el sentido mismo de los derechos. La maternidad debe ser protegida, por supuesto. Pero proteger la maternidad no puede convertirse en una vía indirecta para erosionar la autonomía de las mujeres ni para reabrir debates que una sociedad democrática ya había situado en el terreno de la libertad individual.
La Comunidad de Madrid se presenta como laboratorio de libertad. Sin embargo, demasiadas veces esa palabra sirve para cubrir una agenda de retroceso en derechos, desmantelamiento de lo público y guiños constantes a la derecha más reaccionaria. Esta ley encaja en esa estrategia. No resuelve los problemas estructurales de las familias madrileñas. Ofrece un símbolo. Y los símbolos, en política, rara vez son inocentes.