El pacto entre PSOE y Sumar para impulsar la ley REDAL, en un contexto de tipos de interés altos y deuda familiar creciente, representa el último intento de la coalición progresista por rescatar a miles de hipotecados atrapados en contratos opacos firmados desde 2011. Bajo la apariencia de una auditoría técnica de cláusulas abusivas, la norma revela una tensión profunda entre la protección al consumidor y el delicado equilibrio de poder con la banca, en un momento en que el Gobierno necesita mantener la estabilidad financiera sin ahuyentar a los inversores.
El acuerdo, publicado por Demócrata, que busca revisar cualquier hipoteca suscrita a partir de 2011 en busca de irregularidades, nace de la proposición de ley impulsada por Sumar y conocida como ‘ley REDAL’, un acrónimo que evoca el latín redito ad libitum (devolución a voluntad) para describir contratos que ocultan o complican la fórmula de cálculo de las cuotas, especialmente en hipotecas variables. Tal y como publicó Diario Sabemos en exclusiva hace años, se trata de préstamos donde la ausencia de un mecanismo claro para recalcular pagos ante subidas de tipos, errores matemáticos en las fórmulas o tecnicismos incomprensibles convierten el contrato en un laberinto para el cliente, pero en un escudo para el banco. El pacto clasifica estas prácticas como contrarias a buenas prácticas financieras, e incluye también las hipotecas de cuota creciente cuando no advierten con claridad de los riesgos implícitos, prohibiendo de paso este esquema en futuras hipotecas variables mediante una enmienda a la Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliario.
La ambición va más allá de las fórmulas numéricas: el Gobierno pretende examinar el proceso de comercialización de estos productos, anulando contratos si los asesores bancarios omitieron advertir de riesgos, presentaron solo ventajas, simularon cuotas iniciales sin mencionar variaciones por tipos de interés o indicaron tipos inferiores a los reales. Una vez detectadas irregularidades, el banco dispondría de tres meses para eliminar las cláusulas, ofreciendo una solución pactada sin comisiones, gastos notariales ni registrales al cliente. De no cumplir, el hipotecado solo reembolsaría el capital prestado, sin intereses, descontando lo ya pagado en intereses del principal o recibiéndolo de vuelta con intereses de demora. Es una sanción drástica que podría transformar miles de contratos en préstamos sin coste financiero, devolviendo al Estado un rol de árbitro punitivo en el mercado hipotecario.
Desde una perspectiva de economía política, esta iniciativa no es solo una corrección técnica, sino un reflejo del agotamiento de la coalición PSOE‑Sumar en materia financiera. Sumar, con su base más radical, ve en las hipotecas REDAL (un concepto acuñado por expertos como Guillem Bou) una oportunidad para atacar lo que percibe como reliquias tóxicas de la era pre‑2011, cuando la banca comercializaba productos complejos para maximizar márgenes sin plena transparencia. El PSOE, más cauto, acepta el pacto como enmienda transaccional a proyectos estancados, como la fallida Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, bloqueada por la falta de apoyos parlamentarios, incluida la negativa de Junts. Con esa norma en vía muerta, Sumar busca reactivar la ley REDAL directamente en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, sondeando a ERC, Bildu, PNV y hasta el PP para una tramitación exprés, delegando la supervisión en el Banco de España en lugar de una nueva superreguladora.
La jugada tiene lógica coyuntural: en un entorno de Euríbor por encima del 3%, las cuotas hipotecarias han disparado la morosidad familiar y tensionado el consumo privado, un lastre para el crecimiento en una economía dependiente del sector inmobiliario. Permitir revisiones masivas podría aliviar a cientos de miles de hogares, reforzando el relato progresista de protección al deudor en un año preelectoral. Pero el precio es alto: la banca, aún recuperándose de las multas por suelo e IRPH, vería amenazada su estabilidad con potenciales devolución masivas de intereses, lo que podría endurecer condiciones crediticias, elevar tipos y contraer el mercado hipotecario en un momento delicado para la demanda de vivienda.
En el fondo, la ley REDAL expone las contradicciones de un Gobierno que aspira a ser pro‑mercado y pro‑ciudadano a la vez. Por un lado, reivindica la herencia de las reformas hipotecarias post‑2018, que ya obligan a mayor transparencia y prohíben prácticas predatorias; por otro, reabre heridas antiguas con una auditoría retroactiva que podría interpretarse como expropiación encubierta de intereses contractuales. Los bancos argumentan que muchas fórmulas opacas eran estándar en su momento y que la revisión judicial ya ha resuelto casos similares, pero el pacto PSOE‑Sumar prioriza la asimetría: el cliente accede a revisiones facilitadas, mientras la entidad asume cargas probatorias y plazos perentorios. Esta dinámica recuerda episodios pasados como la devolución del IRPH, donde la presión política forzó concesiones sectoriales, pero también generó litigiosidad y costes que repercuten en primas futuras.
El impacto macro no es menor. España, con una ratio deuda familiar superior a la media europea, depende de un crédito hipotecario fluido para sostener su modelo residencialista. Si la norma prospera, podría inyectar liquidez a los hogares a corto plazo, pero arriesga un endurecimiento del crédito a medio, agravando la crisis de acceso a la vivienda que ya asfixia a los millennials. Políticamente, Sumar gana puntos con su electorado urbano y precario, posicionándose como ariete antisistema financiero, mientras el PSOE equilibra con un pacto que evita rupturas coalicionales en un Congreso fragmentado. Sin embargo, sin el respaldo de la derecha –que ya avaló la toma en consideración pero podría endurecerse en enmiendas– o de nacionalistas clave, la tramitación podría dilatarse o diluirse, como tantas iniciativas progresistas en los últimos años.
La ley REDAL es un síntoma de un sistema financiero español maduro pero desigual: las reformas han civilizado la banca post‑crisis, pero persisten bolsas de opacidad que el regulador (Banco de España y CNMV) no ha erradicado del todo. La norma podría cerrar un ciclo de abusos históricos, pero también incentivar una cultura de renegociación permanente que erosione la confianza contractual. Como en otros frentes regulatorios europeos, la clave estará en calibrar la protección al consumidor sin desincentivar el crédito sano: un equilibrio que, en la España de la fragmentación parlamentaria, depende menos de la técnica que de la aritmética política. Si prospera, marcará un giro hacia mayor intervencionismo estatal en el crédito privado; si naufraga, confirmará los límites de un Gobierno minoritario ante la resistencia sectorial y territorial.