La letra pequeña del trampantojo del programa de Feijóo

Bajo el vistoso epígrafe de «Reconstrucción Nacional», el Partido Popular esconde en su hoja de ruta institucional un rosario de ambigüedades, atajos corporativos y promesas que amenazan con estrellarse contra la implacable realidad del Estado de derecho

19 de Noviembre de 2026
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Feijoo letra pequeña
Alberto Núñez Feijóo en un acto de campaña | Foto: Partido Popular

El concepto de la «regeneración democrática» ocupa habitualmente el vértice superior de cualquier pirámide persuasiva. Es una fórmula redonda de indudable eco balsámico para una ciudadanía fatigada por la polarización, el desgaste de las instituciones y la persistencia de los escándalos de corrupción. A las puertas de una cita con las urnas tan decisiva como la del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha elevado este principio a la categoría de eje vertebrador de su programa bajo el solemne título de «Reconstrucción Nacional».

Sin embargo, la verdadera sustancia de un programa electoral no reside en el brillo estético de sus titulares, sino en el examen minucioso de su letra pequeña y cuando se rasca la superficie del discurso regeneracionista del PP, lo que aflora no es una arquitectura institucional sólida. Es un laberinto de profundas contradicciones que merecen un escrutinio sin concesiones.

El CGPJ y la quimera corporativista

La primera y más llamativa de las grandes contradicciones que encierra el documento programático del PP se sitúa en el corazón mismo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La propuesta de que los doce vocales sean elegidos directamente por los propios jueces y magistrados de todas las categorías, marginando a las Cortes Generales del proceso de designación, se presenta ante la opinión pública como la panacea definitiva contra la politización de la justicia. En el papel, la idea destila una atractiva pátina de independencia gremial. Pero al formular las preguntas incómodas que el programa elude responder sistemáticamente, el edificio teórico se resquebraja.

Si los jueces eligen a los jueces, ¿quién vigila el equilibrio ético de los juzgadores? ¿Qué mecanismo impide la mutación de la injerencia política partidista en un opaco y hermético corporativismo judicial?

La doctrina jurídica se encuentra profundamente fragmentada ante este dilema. Mientras sectores mayoritarios de la carrera defienden la autonomía entre pares, asociaciones progresistas como Juezas y Jueces para la Democracia advierten que la legitimidad democrática de un órgano constitucional de trascendencia soberana no puede desvincularse de la soberanía popular que emana del Parlamento. El PP promete despolitizar la justicia, pero la solución propuesta corre el riesgo cierto de confinarla en los muros de un corporativismo autocomplaciente.

La trampa de la incompatibilidad y la ilusión de las mayorías

El ejercicio de disección programática revela idénticas contradicciones estructurales cuando se aborda la anunciada despolitización del Tribunal Constitucional. Para blindar al máximo órgano de garantías frente al asedio partidista, los populares proponen una barrera temporal, esto es, que los candidatos propuestos no hayan ocupado ningún cargo político durante los cinco años inmediatamente anteriores a su designación. Exigen además la abstención de los magistrados en aquellos asuntos vinculados a normas que ellos mismos hubieran impulsado desde responsabilidades gubernamentales en el pasado. Sobre el papel, la medida suena impecable. En la práctica, se estrella contra los muros de la lógica institucional.

Si se prohíbe el acceso a juristas con trayectoria política reciente, ¿cuál será el perfil real de los elegidos? ¿Queda garantizada la absoluta neutralidad o se abrirá la puerta a una politización indirecta, soterrada y ejercida a través de vínculos académicos, funcionales o ideológicos menos transparentes pero igualmente eficaces? La respuesta, una vez más, brilla por su ausencia en el programa de Feijóo.

Pero la contradicción más lacerante de todo el argumentario regeneracionista del Partido Popular no es de naturaleza doctrinal. Es estrictamente aritmética. Modificar la forma de elección de los vocales del CGPJ exige una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un texto normativo que requiere ineludiblemente el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para salir adelante. Aquí es donde el relato de la reconstrucción choca brutalmente contra el espejo de la cruda realidad parlamentaria.

Las proyecciones demoscópicas y los seguimientos continuos de campaña apuntan a que el PP, aun ganando las elecciones y contando con el apoyo potencial de Vox, se enfrentará a un hemiciclo hiperfragmentado donde la oposición frontal de la izquierda y el rechazo previsible de los socios nacionalistas o de la propia extrema derecha pueden dinamitar cualquier intento de consenso. El programa del Partido Popular guarda un silencio elocuente a cómo plantea el PP aprobar una reforma de tal magnitud y demuestra que muchas de sus proclamas más ambiciosas nacen sabiendo que son de imposible cumplimiento legal sin pactos transversales que hoy por hoy ni se vislumbran ni se trabajan.

La fisura entre el relato y la praxis política

La discrepancia entre la retórica de campaña y la cruda praxis institucional no constituye una novedad en la trayectoria reciente del Partido Popular. Basta con girar la vista atrás para comprobar que la coherencia política no siempre acompaña a los compromisos solemnes. El propio Partido Popular procedió a la renovación de determinados órganos constitucionales y mantuvo pulsos sobre el CGPJ al margen de las grandes reformas estructurales que ahora se prometen como dogma de fe inquebrantable. Esta disociación entre lo que se pregona en los mítines y lo que la cruda realidad permite ejecutar revela una estrategia de comunicación muy definida. Prometer profusamente en el plano teórico para compensar la indefinición en el terreno práctico.

Las contradicciones que atraviesan la propuesta de regeneración democrática de Alberto Núñez Feijóo actúan como un espejo incómodo que refleja los límites de su proyecto político. La elección judicial corporativa, la quimera de la despolitización absoluta del Tribunal Constitucional mediante plazos artificiales y la pretensión de aprobar reformas de rango orgánico sin la mayoría parlamentaria correspondiente conforman un relato construido sobre cimientos de barro.

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