Miles de estudiantes salieron a la calle no para pedir un privilegio, sino para exigir algo básico: escuelas donde la vida de una persona no sea una estadística pendiente de protocolo. La protesta, lejos de lo coyuntural, apunta a un mal estructural sostenido durante años por silencios administrativos, rutina y miedo.
La huelga estudiantil de este martes no fue un gesto espontáneo ni una descarga puntual de indignación. Se inscribe en una trayectoria larga de malestar acumulado en institutos y colegios donde el acoso no es un episodio aislado, sino un síntoma reiterado de un sistema que no escucha a quienes más tiempo pasan en sus aulas. La muerte de Sandra Peña actuó como detonante, pero la raíz es más profunda: los mecanismos que deberían proteger a la infancia están, en demasiados casos, diseñados para proteger instituciones, no vidas.
La concentración en Sevilla tuvo un peso simbólico evidente. No fue solo la ciudad donde todo comenzó. Fue el lugar donde una familia, que denunció dos veces, se encontró con respuestas administrativas que quedaron en un cajón, mientras el colegio concertado implicado continuaba funcionando sin modificar ni protocolos ni actitudes. La presencia de la familia, acompañada por una multitud especialmente joven, modificó el marco del debate: ya no hablamos de “casos”, sino de responsabilidades.
Un conflicto que desborda la cuestión escolar
El acoso no aparece por generación espontánea. Se alimenta de desigualdades, de jerarquías, de entornos donde el sufrimiento se banaliza. Y se sostiene en la impunidad cotidiana: la mirada que se aparta, el consejo de “no exageres”, la lógica de “no crees problemas”. La protesta organizada señaló directamente a la educación concertada no solo como espacio donde ocurrió un hecho, sino como estructura que opera con lógicas propias, a menudo opacas, sostenidas con financiación pública y con mecanismos de control difusos.
No es irrelevante que se hablara de negocio. La mezcla entre gestión privada y fondos públicos crea una zona donde la reputación institucional pesa más que la protección integral del alumnado. No es una acusación abstracta: el protocolo no se activó. Eso basta.
La juventud como sujeto político, no como discurso
Durante años se ha repetido que la juventud está desmovilizada, atrapada en pantallas y rutinas digitales. Pero el diagnóstico ha sido superficial. La cuestión no era falta de conciencia, sino ausencia de una causa articuladora capaz de atravesar lo íntimo y lo colectivo. El acoso lo hace. Porque casi nadie en un instituto es ajeno a él: quien acosa, quien lo sufre, quien mira. La experiencia es generacional, transversal.
La imagen de adolescentes ocupando plazas, organizando intervenciones públicas y hablando en primera persona desmonta la idea de que el compromiso político es patrimonio de la madurez. No se trata de romanticismo generacional; se trata de reconocer que cuando se vulnera algo tan básico como la integridad emocional en la escuela, la respuesta no puede reducirse a recomendaciones o campañas de sensibilización.
La ley existe, la realidad no se mueve sola
La aprobación de la ley de protección frente a la violencia en la infancia fue un avance indiscutible. Pero la ley sin medios es una promesa en el aire. Formación en convivencia, equipos especializados, ratios adecuadas, tiempos de escucha reales. Nada de esto sucede sin inversión y sin supervisión.
Las organizaciones que trabajan con familias lo repiten desde hace años: los protocolos no son efectivos si su activación depende del criterio discrecional de quien dirige un centro. Y cuando, además, ese centro depende de mantener una imagen institucional, la tentación de negar el problema se vuelve estructural.
La huelga de estudiantes deja una foto incómoda para quienes llevan años afirmando que la juventud no tiene interés por lo público ni sentido de lo común. Ayer, en decenas de ciudades, se vio otra cosa: la construcción de un lenguaje político que nace del dolor y se despliega como exigencia colectiva. No es el final de nada. Es el principio de una conversación que ya no puede cerrarse con protocolos.