Ante la campaña de la derecha mediática, que ya han condenado a Álvaro García Ortiz, numerosos juristas creen necesario que el juicio que comenzará el próximo 3 de noviembre se retransmita audiovisualmente. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Luis Martín Pallín, lo puede decir más alto, pero no más claro: “la necesidad de televisar este juicio es todavía más relevante si tenemos en cuenta que todo lo acontecido en torno a la actuación del fiscal general se está utilizando contra una alta institución del Estado y por elevación contra el presidente del Gobierno como munición política para pedir su dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones. Multitud de articulistas, medios tradicionales y digitales, comentaristas de radios y televisiones y políticos han pronunciado ya una sentencia condenatoria sin tener en cuenta la realidad de lo acontecido”. No sería la primera vez que se autoriza a un juicio de calado a que los medios puedan recoger la señal institucional. Sucedió con la Gürtel y con el del independentismo catalán. Incluso lo recomienda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, la ciudadanía podría saber de primera mano qué es lo que está sucediendo realmente en el seno de la justicia de este país.
La clave de esta vista oral reside en que no existe prueba directa que inculpe o exonere al fiscal general del delito que se le atribuye. Tal y como señalan los periodistas especializados en tribunales “el juicio navegará en toda una gama de grises en la que el negro es culpable y el blanco, inocente”. Por lo tanto, son determinantes las testificales de los 40 citados, periodistas, políticos, fiscales, miembros de la UCO de la Guardia Civil, y perjudicados, que deberán declarar bajo juramento y teniendo en cuenta que si mienten se les puede procesar por falso testimonio ya que en esta ocasión no están en la fase de instrucción sino en juicio oral. Poderlas escuchar sin sesgo alguno puede dar una idea de lo que ha dado de sí esta investigación que para muchos expertos sólo tuvo un fin: apuntar a una alta institución del Estado para dejar fuera de combate al gobierno progresista que lo nombró.
En primer lugar, están las contradicciones del perjudicado, Alberto González Amador, y el que supuestamente era su abogado, Carlos Neira, cuando se elaboró el correo en el que se ofertaba a la fiscalía un acuerdo de conformidad mediante el cual el investigado por delitos contra la Hacienda Pública aceptaba una pena de nueve meses de cárcel, el pago de la cantidad defraudada y los intereses de demora. En la instrucción, la pareja de Díaz Ayuso manifestó su desconocimiento de esta oferta. Es más. Negó que Neira fuese “su representante legal”. Lo lógico es que haya un careo entre ambos testigos para aclarar su relación ya que la contradicción es evidente como se ha comprobado tras el desarrollo de los acontecimientos.
El interrogatorio a los fiscales vinculados a la causa de González Amador es relevante a la hora de hacerse una idea de lo que pasó. Primero, el fiscal Julián Salto que fue el primer receptor del correo presuntamente enviado por Neira. Se ha dicho que éste envió a un amigo suyo, abogado del Estado, una copia de la oferta y que ese documento circuló por las oficinas de la dirección general de Lo Contencioso Administrativo donde trabaja el funcionario lo que supone que pudo llegar a manos de unas doscientas personas. Además, el fiscal deberá aclarar si, tal y como dicen las acusaciones, los hechos sucedieron al revés. Que él fue el que efectuó la oferta de conformidad, algo que se antoja prácticamente imposible conociendo el historial profesional del testigo conocedor del procedimiento. No es posible presentar una oferta de conformidad cuando todavía no se habían abierto las diligencias judiciales y el asunto se encontraba en manos de la inspección de la Agencia Tributaria.
También serán reveladores los testimonios de las fiscalas Pilar Rodríguez, superior de Salto, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y Diego Villafañe, teniente fiscal. Algunos de ellos han sido imputados hasta el último momento salvo Lastra quien llegó a decir en la instrucción que ella estaba de acuerdo en que había que sacar un comunicado sobre el caso, pero también que sospechó que la filtración procedía de la propia fiscalía general. El interrogatorio de Lastra se puede convertir en todo un vodevil porque se ha publicado que ella está enfrentada abiertamente a García Ortiz por una cuestión de ascenso a fiscala de sala, lo que invalidaría su testimonio
Salto deberá aclarar, también, si González Amador autorizó a difundir la “confesión” contenida en el correo, al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el cual deberá aclarar, en su interrogatorio, si filtró a la prensa afín una versión manipulada en la cual Salto sería el que efectuó la oferta a Neira y, posteriormente, la retiró “por órdenes de arriba”, insinuando que todo era producto de una maniobra orquestada por Moncloa. Hay que tener sumo cuidado con el interrogatorio a Rodríguez, un experto en manipulación periodística y en darle la vuelta a la mentira para que parezca verdad.
Las llamadas “implicaciones políticas” también van a jugar un papel muy importante en las sesiones. Van a ser interrogados el que fue secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, la asesora en aquella época en Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Sánchez Acera envió a Lobato el correo a su teléfono antes de que fuera publicado de forma íntegra por los medios de comunicación. Este hecho es el que sustentó el instructor Ángel Hurtado para señalar a Moncloa como la inspiradora de la filtración.
Una filtración cuya autoría oficial, la del juez Hurtado, van a desmentir una docena de periodistas que aseguran tuvieron acceso al correo antes de la noche del 13 de marzo de 2024, el momento en el que se produce su difusión por parte de la SER. La representación de González Amador resta importancia a estos testimonios. Incluso en algunos casos les acusan, sin pruebas, de haber mentido en la instrucción. Veremos que ocurre ahora porque hay que repetir que un falso testimonio comprobado en un juicio es motivo de procesamiento.
Por último, los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes en calidad de policía judicial. En uno de ellos aseguran que la filtración tuvo que venir necesariamente de la fiscalía. La defensa de García Ortiz señala que no existen pruebas que sustenten tal argumento. Su interrogatorio va a ser interesante.
Porque el que pueda dedicar su tiempo a visualizar todos estos actos sin interferencias ni resúmenes que puedan manipularse, se hará una idea de lo que realmente sucedió. Y, así, cuando el tribunal sentencie podremos estar más o menos de acuerdo con el mismo. De ahí la importancia de la retransmisión íntegra de las jornadas del juicio. Ya sabemos que las televisiones convencionales no la van a llevar a cabo, pero están las plataformas digitales. Un acontecimiento histórico como es el juicio a una de las más altas instituciones del Estado merece tal cobertura.