El juez Calama, instructor de la Audiencia Nacional, fue el encargado de investigar el caso Pegasus, un asunto de espionaje a políticos españoles, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el caso no tuvo recorrido. Israel lo torpedeó y la Justicia española decidió echar tierra encima. Es cierto que Calama solicitó cooperación judicial al Gobierno de Netanyahu para interrogar a NSO Group, la empresa fabricante del programa informático que facilitaba el espionaje, pero no obtuvo respuesta. Tras más de un año de requerimientos reiterados, trabas y escollos, el asunto se cerró. Resultado: los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y tres ministros fueron espiados por las agencias judías, pero nadie ha respondido por ello. Hoy, cuando el juez Calama procesa a Zapatero después de que Estados Unidos haya remitido el volcado del teléfono móvil de uno de los implicados en la trama Plus Ultra, el mayor caso de espionaje vuelve a cobrar relevancia.
Tras las escuchas ilegales a personas relacionadas con el independentismo catalán, el 2 de mayo de 2022 el ministro de la Presidencia español, Félix Bolaños, anunció que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido espiados con el programa Pegasus. En concreto, se detectaron dos intervenciones en el teléfono del presidente del gobierno español en mayo del año 2021 y una en el dispositivo de la ministra de Defensa en junio, también del 2021.
La Moncloa lo puso en conocimiento de la Audiencia Nacional, en el juzgado de instrucción número 4, ante la seguridad de que “se extrajo determinado volumen de datos”, en concreto 2,6 gigas de información del móvil de Pedro Sánchez en la primera intrusión y 130 megas en la segunda. En el caso de la ministra Robles, se extrajeron 9 megas de su móvil. El momento en el que se hizo público este espionaje, y los hechos en curso al materializarse, levantaron numerosas suspicacias. El 5 de mayo, se informó que el móvil del entonces ministro del interior español, Fernando Grande-Marlaska, también había sido espiado.
En su escrito, el juez Calama señaló que “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”. Israel torpedeó el caso con su absoluta falta de colaboración, pero la Justicia española tampoco demostró demasiado interés en aclarar la trama. La conclusión que se debía haber extraído es que la falta de colaboración de Israel fue precisamente la prueba definitiva de que el espionaje político existió. A día de hoy, nadie sabe qué ha sido de semejante ingente volumen de información robada.
Pegasus funciona explotando vulnerabilidades para tomar el control total de un teléfono móvil sin que el usuario haga nada, lo que lo convierte en una de las herramientas de espionaje más sofisticadas de la historia. Se trata de un spyware desarrollado por NSO Group, una empresa israelí que afirma venderlo solo a gobiernos para combatir terrorismo y crimen organizado. Sin embargo, investigaciones internacionales han demostrado su uso para espiar a presidentes de gobierno, ministros, opositores y periodistas en decenas de países.
El caso Pegasus se ha archivado en dos ocasiones, la primera en 2023 y la segunda a principios de este mismo año, debido a la “absoluta” ausencia de colaboración por parte del Estado de Israel, presunto implicado directo en el espionaje a los miembros del Consejo de Ministros. Y así proseguirá, archivado hasta que colabore Israel, algo poco probable, o se descubran nuevas líneas de investigación que permitan avanzar en la misma.
Una democracia fuerte exige un Poder Judicial fuerte e independiente. Y no parece que un affaire que permitió el espionaje a granel de teléfonos móviles de ministros del Gobierno español pueda ser archivado a las primeras de cambio solo porque Israel, un país que ha demostrado animadversión declarada a España (al igual que Estados Unidos bajo la Administración Trump) torpedee las pesquisas. Es evidente que estamos ante un asunto que va más allá de la esfera penal para conectar con lo político. Y por lo visto no interesaba demasiado remover un caso que apestaba a injerencia de un país extranjero y a guerra híbrida. Hoy sabemos que personajes de la izquierda española como Sánchez y Zapatero han sido espiados por la CIA y el Mosad. Trump ha guardado celosamente toda la información acumulada a lo largo de los años y por lo visto el objetivo del poder yanqui/sionista de derrocar al Gobierno de coalición, considerado chavista por Estados Unidos, está más cerca de lograrse.
Francisco Garrido, analista de La Voz del Sur, asegura que “la Audiencia Nacional hunde sus raíces en la represión franquista. El Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), con más de 60.000 procesos, dio paso al Tribunal de Orden Público (1963), creado para blanquear internacionalmente la dictadura. Ambos persiguieron disidencia política con torturas y farsa judicial. En 1977, rebautizados como democracia, se convirtieron en Audiencia Nacional, heredando edificio, magistrados y excepcionalidad. Sin equivalente en Europa, centraliza en Madrid delitos de terrorismo, crimen organizado y otros, vulnerando el principio del juez natural y acumulando históricas acusaciones de sesgo político”. El caso Pegasus apestaba a cloaca de la buena, y no precisamente a fontaneros del tres al cuarto como Leire Díez. La Audiencia Nacional tendría que haberse implicado más en el esclarecimiento de los hechos. No lo hizo. Una más que quedará en el debe del cada vez más discutido tribunal.