Trabajar durante cuatro décadas no garantiza en España cobrar la pensión íntegra si el retiro llega antes de la edad legal de jubilación. Los coeficientes reductores pueden acompañar al pensionista durante el resto de su vida, incluso cuando detrás existen 40 años o más de cotizaciones al sistema. Esa es la situación que vuelve este martes al Congreso con una proposición de ley de Podemos que pretende eliminar esas penalizaciones para las carreras laborales más largas.
La iniciativa llega al Pleno para superar únicamente su primera prueba. Los diputados decidirán si permiten que comience la tramitación parlamentaria, no si la reforma entra inmediatamente en vigor. Si obtiene los votos suficientes, todavía tendrá que atravesar el procedimiento legislativo, con posibilidad de enmiendas y modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva.
La diferencia es importante porque quienes tengan 40 años cotizados no podrán jubilarse sin penalización a partir del miércoles, aunque la Cámara dé luz verde a la toma en consideración. El debate de este martes abre una puerta, pero queda todavía bastante pasillo parlamentario por recorrer.
Lo que plantea Podemos es relativamente sencillo en su formulación y bastante más complejo en sus consecuencias económicas. Una persona que acredite al menos cuatro décadas de cotización podría anticipar su jubilación sin que se aplicasen los actuales coeficientes reductores a la cuantía de su pensión.
La propuesta incorpora además una medida decisiva para quienes llegaron antes a la jubilación. Tendría efectos retroactivos, de modo que los pensionistas que cumplan el requisito podrían solicitar a la Seguridad Social un nuevo cálculo de su prestación sin la reducción que actualmente soportan.
Una penalización que no termina al alcanzar la edad ordinaria
Uno de los aspectos que más confusión genera en torno a la jubilación anticipada es la naturaleza del recorte. No se trata simplemente de cobrar algo menos durante los meses que separan el retiro anticipado de la edad ordinaria.
La reducción aplicada mediante los coeficientes reductores repercute en la cuantía de la pensión y no desaparece cuando posteriormente se alcanza la edad legal de jubilación.
Ahí se encuentra buena parte del argumento de quienes llevan años reclamando un tratamiento diferente para las carreras de cotización especialmente largas. La asociación Asjubi40 mantiene desde hace una década una campaña para eliminar estas reducciones y cifra en más de 900.000 los jubilados anticipados de largas carreras afectados por penalizaciones, aunque esa cifra corresponde a la estimación de la propia organización y no equivale necesariamente al número de beneficiarios que tendría exactamente la proposición sometida ahora al Congreso.
El planteamiento que subyace a la reivindicación cuestiona que se aplique la misma lógica de penalización a quien anticipa su retiro después de haber contribuido al sistema durante cuatro décadas que a carreras laborales considerablemente más cortas.
No significa que esos trabajadores hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación. El debate consiste precisamente en decidir cuánto debe pesar la edad frente al número de años durante los que se ha cotizado, ahí empiezan las discrepancias.
Los 3.358 millones que frenan al Gobierno
El Ejecutivo no niega que exista una reivindicación sobre las largas carreras de cotización, pero rechaza la solución propuesta por Podemos fundamentalmente por su impacto sobre las cuentas de la Seguridad Social.
El Gobierno calcula que eliminar los coeficientes reductores a quienes tengan 40 años o más cotizados tendría un coste aproximado de 3.358 millones de euros. De esa cantidad, unos 1.345 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a jubilaciones anticipadas involuntarias.
La cifra explica buena parte de las resistencias del Ejecutivo y sitúa el debate en un terreno menos cómodo que el de limitarse a decidir si cuarenta años trabajando son muchos o pocos.
La Seguridad Social tiene que afrontar durante las próximas décadas la jubilación de la generación del baby boom y mantener simultáneamente la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera del sistema. Eliminar de golpe determinadas reducciones introduce gasto estructural y obliga, por tanto, a explicar también cómo se financia.
Pero el argumento presupuestario tiene su reverso. La sostenibilidad del sistema no resuelve por sí sola la discusión sobre la equidad con quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes y acumulan carreras laborales excepcionalmente largas.
Una persona que empezó a cotizar a los 18 o 20 años puede alcanzar los 40 años de contribuciones bastante antes de su edad ordinaria de jubilación. Si decide retirarse anticipadamente, seguirá soportando una reducción aunque haya contribuido durante cuatro décadas. Ese es el problema que lleva años regresando al Congreso sin encontrar una solución definitiva.
El PSOE ya votó a favor de abordar esta reivindicación
La votación también coloca al PSOE ante sus propios antecedentes. En 2025 los socialistas respaldaron una moción favorable a avanzar en la eliminación de los coeficientes reductores para largas carreras de cotización. Aquella votación, sin embargo, no tenía carácter legislativo, una diferencia sustancial cuando la reivindicación pasa de expresar una posición política a convertirse en una norma con un coste presupuestario multimillonario.
La cuestión volvió al Congreso el pasado junio durante la tramitación de la reforma relacionada con la pasarela al RETA para los mutualistas. Podemos intentó introducir entonces la eliminación de los coeficientes mediante una enmienda, pero PSOE y PP votaron en contra y la propuesta no prosperó.
Esa diferencia entre el apoyo a una declaración política y el rechazo posterior cuando la medida adquiere consecuencias presupuestarias explica las críticas de Podemos al PSOE, aunque tampoco convierte automáticamente en irrelevantes las objeciones económicas del Gobierno.
El debate parlamentario ha dejado además otra cuestión abierta. Durante una discusión anterior sobre esta materia se cuestionó por qué el límite debe fijarse exactamente en 40 años, de forma que quien acumule esa cotización pueda quedar exento mientras alguien con 39 años y varios meses continúe sometido a reducciones. También se plantearon alternativas graduales que relacionasen de manera más proporcional los meses cotizados y los meses de anticipación de la jubilación. Es probablemente uno de los asuntos que tendrá que abordarse si finalmente la proposición supera la toma en consideración.
El problema de quienes empezaron antes
Más allá de la batalla parlamentaria, la discusión revela una transformación profunda del mercado laboral.
Las carreras profesionales no son iguales. Quien comenzó a trabajar con 18 años puede llegar a los 60 con más de cuatro décadas cotizadas. Quien accedió al mercado laboral después de cursar estudios universitarios puede alcanzar esa misma edad con bastantes menos años de contribución.
El sistema de jubilación debe combinar ambas variables, pero la reivindicación de las largas carreras introduce una pregunta difícil de esquivar. ¿Debe recibir exactamente el mismo tratamiento quien llega a la jubilación anticipada después de haber cotizado 30 años que quien lleva más de 40 financiando el sistema?
Podemos responde que no y propone eliminar directamente la penalización a partir de esa frontera. El Gobierno considera que la solución tendría un coste demasiado elevado y advierte de sus efectos sobre el gasto estructural en pensiones.
Entre ambas posiciones existe un espacio considerable para modificar coeficientes, establecer escalas progresivas, distinguir situaciones de jubilación voluntaria e involuntaria o introducir tratamientos específicos para quienes comenzaron a trabajar especialmente jóvenes. Pero para llegar a ese debate primero hay que permitir que la ley se tramite. Eso es exactamente lo que decide el Congreso este martes.
No si mañana desaparecen los coeficientes reductores ni si cualquier trabajador con 40 años cotizados puede marcharse inmediatamente con el cien por cien de su pensión. Lo que se vota es si una reivindicación que afecta a cientos de miles de personas merece recorrer el procedimiento legislativo y ser discutida artículo por artículo.
Después de años entrando y saliendo del Congreso, la cuestión vuelve al mismo punto de partida. Cuánto debe valer, a efectos de jubilación, haber pasado cuarenta años cotizando.
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