Los foros y las redes sociales de las izquierdas se utiliza el término “fachapobre” para referirse a trabajadores que votan a la derecha o a la extrema derecha. A los fachapobres se les insulta, se les minusvalora, se les ridiculiza, pero nadie en el progresismo se para a analizar por las causas por las que en los barrios obreros, allí donde las casetas sindicales y las agrupaciones vecinales levantaron durante cuatro décadas el muro inexpugnable de las izquierdas, el paisaje sociológico ha comenzado a emitir un crujido tectónico.
Durante generaciones, la ideología política operó bajo una premisa casi axiomática. La juventud precarizada, los asalariados de rentas bajas, las mujeres de clase trabajadora que sostienen el esfuerzo cotidiano de los cuidados y los hijos de familias migrantes nacidos o criados en el país constituían el patrimonio natural de los partidos progresistas. Sin embargo, la brecha que hoy se abre entre el actual gobierno de coalición PSOE-Sumar y el día a día de las calles populares ha dinamitado esa certidumbre histórica y un sector cada vez más amplio de estos colectivos ha decidido coger la papeleta de Vox para canalizar un malestar que ya no encuentra acomodo en el discurso oficial.
Este trasvase de votos no responde a una repentina alucinación colectiva ni a un misterio insondable de la demoscopia. Las cifras deberían haber hecho reaccionar a más de uno en los departamentos de análisis de los partidos de izquierda. Más de 40% del voto de Vox procede, precisamente, de trabajadores y pequeños autónomos. Es decir, rentas bajas. Sólo un 9% de los votantes de la extrema derecha procede de las rentas medias-altas.
La izquierda no ha entendido que no se trata de un giro ideológico, sino que existe una profunda mutación en la percepción de los problemas materiales y morales. La juventud que contempla cómo el acceso a un techo se transforma en un privilegio inalcanzable, el trabajador de barrio que observa cómo su sueldo se evapora antes de la segunda semana del mes, la mujer que experimenta la degradación de la convivencia en su entorno urbano y el hijo de inmigrantes que aspira a consolidar su estatus social a través del esfuerzo individual. Todos comparten una misma sensación de desamparo. Para estos sectores, el progresismo institucional ha virado hacia un moralismo abstracto más preocupado por la corrección del lenguaje y los debates identitarios que por resolver la asfixia cotidiana. En ese vacío de protección, el discurso de la certeza, la autoridad, el orden y la prioridad nacional ha encontrado un terreno fértil para echar raíces.
La frustración de la juventud sin patrimonio
La primera grieta por la que se filtra la fuga del voto joven hacia la extrema derecha es la desesperanza material. Para los menores de treinta años, el contrato social que prometía que el estudio o el trabajo garantizaban la emancipación y la construcción de un proyecto vital ha quedado hecho trizas. En las grandes capitales, que es donde se han centralizado las oportunidades laborales, y en las áreas urbanas tensionadas, la incapacidad de pagar un alquiler residencial o de reunir la entrada para una hipoteca ha transformado el concepto de emancipación en un insulto. Mientras los discursos de las izquierdas enfatizan la regulación normativa y los derechos teóricos, la realidad del mercado inmobiliario sigue expulsando a los jóvenes hacia la precariedad perpetua o el hacinamiento en pisos compartidos.
En este escenario de asfixia, el mensaje de Vox conecta con la frustración generacional mediante una narrativa pragmática y desacomplejada. La promesa de liberalizar suelo para abaratar la construcción, la tolerancia cero frente a la ocupación ilegal y el ataque a los impuestos que gravan la transmisión de inmuebles son percibidos por muchos jóvenes no como entelequias ideológicas del capitalismo. Son percibidos como atajos normativos para resolver su angustia personal. La juventud que abraza estas posiciones no busca necesariamente un cambio de régimen económico, sino romper el candado que les impide acceder al patrimonio básico. Cuando la izquierda tradicional aparece como la garante de un sistema normativo que no produce vivienda asequible, el discurso impugnador y tajante se convierte en un imán para quienes sienten que no tienen nada que perder.
El desencanto de las rentas bajas
El segundo vector de mutación electoral se localiza en los hogares de rentas bajas y en los trabajadores no cualificados del sector servicios. Durante décadas, el votante obrero encontró en las formaciones de izquierda la promesa de la redistribución y el blindaje del Estado del bienestar. Sin embargo, el estancamiento de los salarios reales frente a la subida incesante del coste de la vida, la concatenación de trabajos por la precariedad estructural del mercado laboral, unido al deterioro perceptible de los servicios públicos, ha sembrado una amarga sensación de abandono. El trabajador percibe que el esfuerzo personal ha dejado de ser premiado.
A esta destrucción del contrato social se suma una dimensión sociológica decisiva. La transformación del espacio público y la seguridad en los barrios populares. Mientras el análisis progresista tiende a minimizar la delincuencia de baja intensidad o a enmarcarla en discursos teóricos sobre la exclusión, quienes sufren el deterioro de la convivencia en los portales, el pequeño comercio y el transporte público son precisamente las familias de menores ingresos. Vox ha sabido capitalizar este malestar situando la seguridad ciudadana, la firmeza penal y la defensa del orden público en el centro de su oferta para las clases trabajadoras. Para un obrero que madruga y depende del transporte colectivo, la promesa de calles seguras y de un restablecimiento del principio de autoridad resulta infinitamente más persuasiva que las disertaciones sobre la justicia redistributiva.
Las mujeres y la rebelión contra la tutela moral
El giro de una parte del electorado femenino hacia posiciones de extrema derecha desafía el relato que asumía que el voto de las mujeres pertenecía de forma casi monolítica al bloque progresista. En las periferias urbanas, muchas mujeres de clase trabajadora experimentan una desconexión creciente con el feminismo que gente como Irene Montero quiso imponer. Sienten que las agendas impulsadas desde las estructuras gubernamentales responden a las inquietudes de las élites que descuidan los problemas cotidianos de la madre trabajadora que debe hacer malabares para conciliar jornadas laborales fragmentadas con la atención a los hijos y a los mayores dependientes.
El discurso de Vox, centrado en la protección integral de la familia, el incentivo directo a la natalidad mediante deducciones fiscales y la denuncia del gasto superfluo en supuestos chiringuitos ideológicos, encuentra resonancia entre quienes perciben que el Estado las ha tutelado moralmente mientras desatendía sus necesidades básicas. Asimismo, la preocupación por la seguridad en el espacio público y la exigencia de penas más severas para los agresores sexuales conectan con una demanda pragmática de tranquilidad. Cada vez más son las mujeres que no ven en el discurso de Vox un retroceso en su libertad, sino la reivindicación de un espacio seguro frente a lo que perciben como una permisividad judicial y administrativa que termina perjudicando a las víctimas más vulnerables.
Los hijos de la inmigración
Quizás el fenómeno más paradójico y menos comprendido por la ortodoxia de la izquierda es la incorporación al electorado de Vox de descendientes de inmigrantes, jóvenes nacidos en España o criados desde pequeños en el país, pero de origen extranjero. La narrativa dominante tendía a encasillar de forma automática a la población de origen migrante como un caladero de las fuerzas progresistas, bajo el supuesto de que el discurso nacionalista de la extremaderecha los excluiría de forma inevitable.
Sin embargo, la realidad sociológica de la segunda o la tercera generación de inmigrantes muestra una dinámica mucho más compleja. Muchos de estos jóvenes han completado sus estudios, trabajan duro en el mercado laboral y aspiran a una plena integración ciudadana basada en el mérito y la legalidad. Para este colectivo, el asistencialismo paternalista con el que a menudo los trata la izquierda resulta condescendiente e integrador de forma defectuosa. Desean ser tratados como ciudadanos de pleno derecho, no como eternos receptores de ayudas sociales vinculados a la condición de colectivos vulnerables.
En este contexto, la defensa de la legalidad en las fronteras, la crítica a la inmigración irregular descontrolada y el hincapié en el respeto a las leyes del país de acogida no son percibidos por estos electores como una amenaza a su identidad, sino como una garantía de su propio esfuerzo de integración. El hijo de un inmigrante que ha trabajado de manera legal para sacar adelante a su familia es a menudo el más exigente con el cumplimiento de las normas. Siente que la irregularidad y el desorden socavan la reputación del colectivo y devalúan los sacrificios realizados por sus padres. Vox ofrece a este votante una vía de reafirmación nacional. La posibilidad de sentirse parte de una comunidad soberana que protege a quienes cumplen las reglas y premia el trabajo honesto.
La crisis del paternalismo progresista
La mutación del mapa electoral español pone de manifiesto que el monopolio emocional que la izquierda ejercía sobre los sectores populares se ha resquebrajado. Durante años, las fuerzas progresistas confiaron en que la apelación al miedo a la extrema derecha bastaría para mantener movilizado a su electorado tradicional. Sin embargo, el recurso sistemático al miedo ha perdido eficacia frente a la crudeza de los problemas cotidianos. Cuando la inflación devora los sueldos, la vivienda resulta inaccesible y los servicios básicos dan muestras de fatiga, las advertencias ideológicas suenan vacías en las casas donde no se llega a fin de mes.
La estrategia de Vox está pensada, precisamente, para llenar ese vacío ofreciendo respuestas directas, aunque simplificadas, a problemas dolorosamente reales. Frente al relativismo y la complejidad burocrática del discurso progresista, la extrema opone certezas claras, por más que, en muchos casos sea muy complicado legalmente su aplicación. Prioridad en las ayudas para los nacionales, endurecimiento penal frente al delito, simplificación fiscal para quien trabaja y defensa de la soberanía frente a los dictados de las supuestas élites globales. Para un electorado fatigado por la falta de resultados tangibles, la claridad conceptual se percibe como una forma de respeto y un refugio frente a la incertidumbre.
Destrucción del contrato social
La redistribución del voto popular no representa un fenómeno coyuntural ni un mero enfado pasajero. Constituye un ajuste de cuentas sociológico con un modelo de gobierno que dio por sentada la fidelidad de las clases trabajadoras mientras reorientaba sus prioridades hacia la ingeniería social e identitaria. Los jóvenes, los trabajadores de rentas bajas, las mujeres de barrio y los hijos de familias migrantes están demostrando en las urnas que su papeleta no pertenece a ningún partido por derecho de nacimiento.
Evidentemente, el hecho de que esa parte de la población de clase trabajadora haya decidido apoyar a la extrema derecha no quiere decir que las propuestas de Vox sean las acertadas. Es más, no lo son. Sin embargo, tras ocho años de gobiernos progresistas, ya sean del PSOE en solitario o en coalición, las familias trabajadoras ven que se encuentran en una situación peor que cuando llegó Pedro Sánchez al poder. No se trata de entelequias, se trata de realidades. Es le hecho de que esa parte de la ciudadanía está viendo y sufriendo las consecuencias de la parálisis legislativa, de la polarización, de entender el consenso entre diferentes como un trágala, como un intento de imposición de los criterios de los unos sobre los otros. Mientras los políticos se dedican a convertir el Parlamento en Twitter, las familias sufren, los trabajadores comprueban que sus salarios no dan para vivir, las personas no ven un camino hacia una mejora de su prosperidad y de su modo de vida. El contrato social se ha quebrado, la desigualdad se ha disparado, la pobreza está en unos niveles cada vez más cercanos a la posguerra, las colas del hambre siguen llenas, el trabajo está cada vez más difícil, sobre todo si se es joven o mayor de 50 años.
Todas esas situaciones se han producido durante un gobierno de izquierdas y se han producido porque el progresismo no ha entendido que la situación de la economía real es lo que mira la gente. Ante este escenario, llega Vox con sus discursos en los que dice lo que personas desesperadas quieren escuchar y la respuesta es sencilla. Me falló la derecha, me falló la izquierda, me falló la extrema izquierda, entonces, ya solo les quedan estos que les cuentan lo que quieren oír, que les ofrecen soluciones muy simples a problemas que, en realidad, son muy complejos. La izquierda oía a la gente pero la dejó de escuchar y pusieron sus objetivos en causas que pueden ser justas, pero que la ciudadanía no palpa.
Si los partidos de la izquierda insisten en calificar a estos votantes de desinformados o manipulados por las redes sociales en lugar de escuchar las razones materiales y existenciales de su malestar, la extrema derecha no dejará de crecer. No hay más que ver el ejemplo de Francia o de Italia. Este 29 de noviembre, el veredicto de las urnas puede reflejar que una parte importante del voto popular ha cambiado de manos y a toda la arquitectura progresista del país a mirarse en el espejo de una realidad social que ya no se deja encasillar en los viejos dogmas del pasado.
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