La izquierda se pone en guardia ante el incremento de votantes progresistas que ven una oportunidad en un cambio de gobierno

La política española está entrando en una fase en la que las fronteras ideológicas tradicionales ya no bastan para explicar todos los movimientos electorales. Durante décadas, la identificación con la izquierda ha estado asociada, para una parte importante de los votantes, a la defensa de los servicios públicos, la redistribución de la riqueza, los derechos laborales y la protección de los sectores más vulnerables. Sin embargo, ese vínculo se rompió tras la crisis de 2008 y, poco a poco, ciudadanos que continúan considerándose progresistas llegan a la conclusión de que su situación económica no mejorará con una gestión de izquierdas que no cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Esta es una de las claves del desplazamiento electoral que amenaza con alterar el equilibrio entre el PSOE, el Partido Popular y Vox. No todos los electores que abandonan la izquierda lo hacen porque hayan abrazado el conservadurismo, ni todos los que se aproximan a la derecha comparten sus posiciones culturales, territoriales o sociales. Algunos se mueven por desencanto. Otros, por cansancio o por una evaluación cada vez más concreta de sus posibilidades de acceder a una vivienda, mejorar su salario, emprender un negocio, ahorrar o proporcionar estabilidad a sus hijos.

Es el votante que antepone los resultados de gestión a la identidad política. Una persona puede defender la sanidad pública, los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la protección social, pero que, al mismo tiempo, considera que el modelo de gestión vigente no está resolviendo sus problemas cotidianos. Su posible giro hacia el PP o Vox no implica necesariamente una mutación ideológica. Puede ser, sencillamente, una forma de expresar que su lealtad partidista tiene un límite: el momento en que deja de percibir una mejora tangible en su vida.

El pragmatismo económico irrumpe en el mapa electoral

La principal dificultad para interpretar este fenómeno consiste en distinguir entre el cambio de preferencias políticas y el cambio de expectativas económicas. Un ciudadano puede seguir situado en la izquierda en el eje de los valores y, sin embargo, desplazarse hacia la derecha en el eje de la gestión, puede rechazar las propuestas más conservadoras de Vox y desconfiar de los postulados del PP, pero considerar que una alternancia política constituye la mejor oportunidad para corregir aquello que juzga un fracaso del Ejecutivo.

Esta conducta no es nueva en las democracias europeas, aunque adquiere una relevancia especial cuando afecta a partidos que han construido buena parte de su legitimidad sobre la promesa de proteger a los trabajadores y ampliar las oportunidades de las clases medias. Cuando esas promesas chocan con la experiencia cotidiana, el descontento puede convertirse en una fuerza electoral difícil de contener mediante apelaciones a la movilización contra la derecha o la defensa abstracta de los derechos conquistados.

El problema no es que las políticas progresistas carezcan necesariamente de efectos positivos, es que sus beneficios pueden resultar menos visibles, cuando no inexistentes, que las dificultades que afrontan los hogares. La subida del salario mínimo pierde buena parte de su capacidad para mejorar el nivel de vida si el alquiler absorbe una proporción creciente de los ingresos. Una reducción de la temporalidad laboral en los datos absolutos puede convivir con la incertidumbre de quienes encadenan contratos, no consiguen emanciparse o trabajan sin perspectivas claras de promoción. Una economía que registra crecimiento agregado puede dejar una sensación de estancamiento si ese crecimiento en seguridad personal y en prosperidad.

En ese contexto, la prosperidad se convierte en un criterio de evaluación política. El votante deja de preguntarse únicamente qué partido representa mejor sus principios para empezar a valorar cuál puede ofrecerle una trayectoria vital más favorable. La ideología no desaparece, pero pierde su capacidad para determinar automáticamente el sentido del voto.

Cuando, como sucede en la España actual, no hay perspectivas de que la situación vaya a mejorar, se produce un fenómeno en el que las personas dejan la ideología a un lado para lanzarse al vacío bajo la máxima de “si los míos no me dan la prosperidad y la seguridad vital que debería tener en el ‘motor económico de Europa’, probaré con los otros porque a peor no puedo ir”. Es tirar una moneda al aire porque el hecho de que una persona crea que un cambio de Gobierno mejoraría su situación no demuestra que ese cambio vaya a producirse. Lo que revela es que las expectativas sobre la gestión económica están adquiriendo un peso suficiente para competir con la identificación ideológica.

Un Estado que incumple el contrato social

Pocas cuestiones explican mejor la tensión entre identidad progresista y voto pragmático que el acceso a la vivienda. Para muchos jóvenes y familias, emanciparse, comprar una casa o trasladarse a una zona con mejores oportunidades laborales se ha convertido en un objetivo difícil de alcanzar, cuando los salarios son más propios de un país en desarrollo que del presunto “motor económico de Europa”. El problema trasciende las estadísticas del mercado inmobiliario. Afecta a la percepción de que trabajar, formarse y cumplir las reglas ya no garantiza el progreso que las generaciones anteriores asociaban con el esfuerzo.

La vivienda es, además, un terreno en el que la responsabilidad política resulta especialmente compleja. Intervienen la oferta disponible, la construcción, la regulación del alquiler, el crédito, la concentración de la demanda en determinadas ciudades, la evolución demográfica y las decisiones de las distintas administraciones. Ningún Gobierno controla por sí solo todas esas variables, pero el ciudadano no vota sobre un modelo econométrico. Vota desde su experiencia y desde la atribución de responsabilidades que considera razonable.

Cuando una persona dedica una parte desproporcionada de su salario a pagar un alquiler, la discusión sobre las competencias administrativas puede parecerle secundaria. Si percibe que las medidas anunciadas no han mejorado su situación, aumenta la posibilidad de que busque una alternativa, sobre todo porque para implementar una política de vivienda eficiente es necesaria una estabilidad parlamentaria de la que Pedro Sánchez ha carecido en sus 8 años de gobierno.

Algo parecido sucede con el coste de la cesta de la compra, las facturas, los impuestos, el ahorro y las perspectivas laborales. La percepción de prosperidad no depende exclusivamente de cuánto crece la macroeconomía, sino de cuánto margen queda al final del mes. Para una familia, la diferencia entre vivir con tranquilidad y sobrevivir con incertidumbre puede residir en unos pocos cientos de euros, o en la seguridad de conservar el empleo.

En ese escenario, el mensaje de la derecha puede adquirir una fuerza considerable si consigue presentar la alternancia como una oportunidad de recuperación económica. El PP puede apelar a la gestión, la fiscalidad, la inversión y la estabilidad. Vox puede ofrecer un discurso más rupturista, que combine el rechazo al Gobierno con la denuncia de las élites políticas y administrativas. Son propuestas distintas, con consecuencias potencialmente diferentes. Pero ambas pueden beneficiarse de una misma disposición del electorado: la voluntad de probar algo diferente.

La clave electoral no reside únicamente en que la derecha convenza a nuevos votantes de sus principios, sino en que está logrando convencerlos de que un cambio de Gobierno merece la pena incluso sin una conversión ideológica previa.

Desencanto socialista y búsqueda de una alternativa

El desplazamiento de una parte del electorado progresista hacia la derecha debe analizarse con cautela. No basta con observar que el PSOE pierde apoyo en determinados momentos o que Vox mejora sus expectativas para concluir que existe una transferencia directa y masiva entre ambos partidos.

Sin embargo, los datos disponibles permiten identificar una cuestión relevante: la fidelidad electoral no es inamovible y el PSOE se enfrenta a la necesidad de conservar a ciudadanos cuya identidad progresista no garantiza ya su apoyo automático.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas situó al PSOE en una estimación de voto del 34%, al PP en el 22,2% y a Vox en el 17,1%. Aquella fotografía otorgaba a los socialistas una ventaja considerable, pero también mostraba la fortaleza de una derecha en la que Vox se aproximaba al Partido Popular.

La cuestión central es entender qué puede llevar a los votantes a cruzar la frontera entre bloques. En determinados casos, el primer paso no es votar al PP o a Vox, sino dejar de sentirse representado por el PSOE. Después llega la comparación entre alternativas, la reconsideración de prioridades y, eventualmente, el cambio de papeleta.

Ese proceso puede producirse sin grandes declaraciones ideológicas. Un antiguo votante socialista quizá no se identifique con el discurso de la derecha, pero puede empezar a considerar que mantener al Gobierno tiene un coste de oportunidad. Si cree que la continuidad prolongará su estancamiento económico, la alternancia pasa de ser una posibilidad remota a convertirse en una herramienta que merece ser probada.

Aquí aparece una distinción esencial: el voto pragmático no siempre es un voto convencido. Puede ser un voto de castigo, de expectativa o de último recurso.

Demanda de cambio no homogénea

El crecimiento de la derecha tampoco debe interpretarse como un fenómeno uniforme. PP y Vox compiten por una parte del mismo electorado. Pero ofrecen respuestas diferentes al malestar político. El primero puede presentarse como una alternativa de gobierno orientada a la gestión económica, la fiscalidad y la estabilidad institucional. El segundo construye buena parte de su atractivo sobre una impugnación más profunda del sistema político, con mensajes de ruptura en materias como inmigración, identidad nacional y organización territorial.

Para el votante que busca mejorar su situación material, esas diferencias importan. Aunque no siempre sean decisivas en el momento de votar. Algunos pueden inclinarse por el PP porque lo consideran una opción más moderada o más capacitada para gestionar la economía. Otros pueden acercarse a Vox porque interpretan que las reformas graduales no bastan y que hace falta una confrontación más directa con las estructuras que consideran responsables de su frustración.

El fenómeno tiene implicaciones estratégicas. Si la derecha consigue atraer a electores que priorizan la economía, la vivienda o la capacidad de gestión, puede ampliar su base más allá de quienes comparten sus postulados ideológicos. Pero también puede decepcionarlos si, una vez en el poder, sus políticas no producen los resultados esperados.

Para el PP, el desafío consiste en demostrar que puede transformar la demanda de alternancia en una propuesta creíble de gobierno. Para Vox, el reto es convertir el descontento en confianza sin depender exclusivamente de la denuncia. Para el PSOE, la dificultad es aún más delicada: debe convencer a quienes desean un cambio material de que ese cambio puede producirse sin sustituir al Ejecutivo.

Ninguno de los tres partidos tiene garantizado el éxito. La demanda de cambio no pertenece automáticamente a la derecha, sino a quien consiga interpretarla y responder a ella con mayor credibilidad.

Defender el Estado del bienestar y querer cambiar de Gobierno

El aspecto más interesante de este electorado es también el más incómodo para los partidos tradicionales: una persona puede defender políticas progresistas y, al mismo tiempo, considerar que un Gobierno de derechas le ofrece mejores perspectivas de prosperidad.

La aparente contradicción desaparece cuando se distingue entre los objetivos y los instrumentos. Un ciudadano puede querer una sanidad pública robusta, una educación accesible, pensiones dignas y una fiscalidad progresiva. Pero discrepar de la forma en que el Ejecutivo administra los recursos, diseña sus prioridades o evalúa los resultados. Puede defender la intervención pública y, sin embargo, reclamar menos burocracia, una administración más eficiente o mejores condiciones para crear empresas y generar empleo.

Esta combinación de preferencias impide interpretar cualquier desplazamiento hacia el PP o Vox como una adhesión automática a sus programas completos. El votante pragmático puede estar seleccionando una alternativa por una cuestión concreta. No otorgando un cheque en blanco a todas sus propuestas.

También explica por qué las apelaciones morales de los partidos pueden perder eficacia. Recordar que la derecha mantiene posiciones contrarias a determinadas demandas progresistas puede movilizar a una parte del electorado. Pero no necesariamente convencer a quien siente que su vida se encuentra bloqueada. Si un ciudadano considera que no puede emanciparse, ahorrar o progresar profesionalmente, la advertencia sobre los riesgos de la alternancia le resulta ineficiente.

No significa que esos riesgos no existan, ni que todas las promesas económicas de la oposición sean realistas, significa que la defensa de los derechos sociales pierde fuerza electoral cuando no se acompaña de una expectativa convincente de mejora material.

El progresismo afronta así un problema de credibilidad, más que una desaparición inevitable de sus valores. Para recuperar a estos electores necesita demostrar que la protección social y la prosperidad individual no son objetivos enfrentados. Sino componentes de un mismo proyecto.

El desafío de recuperar la confianza

Para el PSOE, la dificultad consiste en evitar que la discusión política se reduzca a una competición entre identidad y bolsillo. Durante años, el partido ha encontrado una fuente de cohesión en la defensa de los derechos sociales y en la advertencia de que un Gobierno conservador podría revertir determinadas conquistas. Esa estrategia puede conservar eficacia entre sus votantes más fieles, pero resulta menos segura entre quienes ya no consideran suficiente la continuidad de las políticas actuales.

La respuesta no puede limitarse a atribuir el malestar a la desinformación, al avance de la derecha o a la influencia de los discursos populistas. Esos factores pueden intervenir en la formación de las opiniones, pero no eliminan las dificultades económicas reales ni la percepción de falta de oportunidades. Un partido que aspira a representar a los trabajadores y las clases medias debe escuchar también a quienes continúan compartiendo sus principios, pero dudan de su capacidad para mejorar sus condiciones de vida.

Eso implica hablar de vivienda asequible, de productividad, salarios, conciliación, oportunidades para los jóvenes y seguridad económica de las familias con resultados reales y verificables. Implica también explicar con claridad qué puede hacer el Gobierno, qué depende de otras administraciones y qué objetivos no pueden alcanzarse de inmediato.

El electorado es más complejo que una fotografía demoscópica. Puede castigar al Gobierno en un momento y reconsiderar su decisión después. Puede desconfiar del PSOE y no confiar todavía en el PP. Puede contemplar a Vox como protesta y descartarlo cuando examina sus propuestas concretas. Entre la insatisfacción y el voto definitivo existe un espacio de incertidumbre que los partidos intentan conquistar.

Prosperidad, el nuevo campo de batalla electoral

El auge del votante pragmático plantea que los partidos deben competir menos por la obediencia de sus bases y más por la confianza de ciudadanos que comparan resultados, oportunidades y riesgos.

Para una parte del electorado, el voto ya no es exclusivamente una expresión de quién es, sino una decisión sobre cómo quiere vivir. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero altera las reglas de la competencia política. Si los electores consideran que su prosperidad depende de un cambio de Gobierno, la alternancia puede convertirse en una prioridad incluso cuando sus valores sociales siguen situados a la izquierda.

El hecho de que un votante progresista empieza a pensar que necesita un Gobierno diferente para prosperar, el partido al que apoyaba pierde algo más que una papeleta potencial, pierde la presunción de que representa su futuro.