Nadie como Félix Alonso Cantorné, exdirector general de Consumo de Baleares y actual diputado de Sumar en el Congreso, conoce los entresijos de los abusos que sufren los consumidores españoles. Recientemente, ha firmado un artículo en Law&Trends, en el que hace un repaso de la batería de normas, reformas y proyectos de ley que está tramitando el Congreso de los Diputados para convertir España en un país que pasa del salvaje oeste de permitirlo todo a las grandes corporaciones a ejercer de manera efectiva la justicia social, tanto para los afectados como para el resto de los ciudadanos.
Durante décadas, la política de consumo en España ha vivido en un segundo plano: un terreno técnico, fragmentado y, a menudo, reactivo, donde la ley llegaba tarde y los tribunales intentaban, con herramientas imperfectas, corregir abusos ya consolidados. Eso está a punto de cambiar. En los próximos meses, la izquierda pretende que el Congreso de los Diputados apruebe un paquete legislativo ambicioso y transversal que apunta a algo más profundo que la mera protección del cliente: un reajuste del equilibrio de poder entre ciudadanos y mercados.
No se trata de una sola ley ni de un gesto simbólico. Es un bloque normativo que cruza ministerios, bebe tanto de directivas europeas como de lecciones domésticas dolorosamente aprendidas y responde a un diagnóstico claro: el consumidor ha sido, durante demasiado tiempo, la parte débil de un sistema diseñado para expertos, intermediarios financieros y operadores digitales con ventaja estructural.
De la letra pequeña al contrato social
Según cuenta Félix Alonso, el rasgo más significativo de este paquete no es su complejidad técnica, sino su ambición social. Frente a un modelo en el que el individuo debía asumir el riesgo de no entender contratos opacos, productos financieros sofisticados o plataformas digitales agresivas, el legislador propone un giro: que sea el sistema el que garantice comprensión, transparencia y límites razonables.
Ese cambio es visible en la llamada Ley REDAL, concebida para intervenir en uno de los terrenos más sensibles del contrato social contemporáneo: la vivienda. Tras años de litigios masivos por cláusulas abusivas y, más recientemente, por el controvertido índice IRPH, el Tribunal Supremo optó por una doctrina de análisis “caso por caso”. Jurídicamente coherente, sí; socialmente insuficiente. Traslada el peso del conflicto a cientos de miles de familias obligadas a pleitear individualmente contra entidades con recursos prácticamente ilimitados.
Aquí es donde el legislador entra a escena. REDAL no solo define con mayor precisión qué prácticas financieras vulneran las buenas prácticas (desde fórmulas de amortización erróneas hasta información deliberadamente incomprensible), sino que incorpora algo poco habitual en la legislación financiera: el reconocimiento explícito de mecanismos psicológicos de manipulación. El anclaje, la parcialidad informativa o la atenuación de riesgos dejan de ser simples reproches éticos para convertirse en criterios jurídicos evaluables.
El mensaje es claro: no basta con cumplir formalmente; hay que ser comprensible y leal. En un país donde el contrato hipotecario ha sido fuente de inseguridad vital durante varias décadas, esta no es una reforma técnica, sino una intervención en la arquitectura de la confianza.
Usura digital y capitalismo sin rostro
El segundo gran frente es el crédito al consumo, un mercado que ha mutado con rapidez bajo la digitalización. Microcréditos instantáneos, tarjetas revolving y plataformas opacas han prosperado en un vacío regulatorio sorprendente: conceder crédito no era una actividad reservada. El resultado ha sido una economía paralela del endeudamiento rápido, con TAEs que superan lo obsceno, dirigida a los más vulnerables.
El anteproyecto que está ya en las Cortes pretende cerrar esa anomalía. Limitar intereses, topes de comisiones, exigir autorización del Banco de España y reforzar la información precontractual no es solo una transposición europea diligente, es un intento de civilizar un mercado que había normalizado la extracción de rentas del desamparo.
La frase que resume el espíritu de la norma, “que el consumidor financie su vida, no que financie con su vida los beneficios de unos pocos”, apunta a una redefinición moral del crédito: herramienta de autonomía, no trampa de dependencia.
Democracia cotidiana
Leídas en conjunto, estas iniciativas dibujan algo más que una agenda sectorial. Desde la lucha contra la usura digital hasta la posible solución legislativa del IRPH; desde el derecho a reparar hasta la vigilancia del greenwashing y la obsolescencia programada, el paquete configura una idea poderosa: los derechos del consumidor son derechos democráticos de baja intensidad, ejercidos a diario.
Fortalecerlos no es paternalismo, sino realismo político en una economía donde las decisiones que más afectan a la vida (vivienda, crédito, energía, consumo digital) se toman en mercados asimétricos. Reducir esa asimetría es, en última instancia, una forma de fortalecer la ciudadanía.
El riesgo, como siempre, está en la implementación: supervisión efectiva, pedagogía pública y resistencia a los bloqueos parlamentarios que suelen aparecer cuando se tocan intereses consolidados. No debería sorprender que estas reformas, pese a su carácter transversal, encuentren oposición. Precisamente por eso, el debate no es técnico, sino político en el sentido más amplio.
Si 2026 marca realmente este punto de inflexión, no será porque se aprueben más leyes, sino porque se consolide un nuevo principio rector: en una economía compleja, proteger al consumidor no es distorsionar el mercado, sino hacerlo habitable. Y en esa tarea, fortalecer los derechos cotidianos es fortalecer, también, la democracia misma.