Hoy es uno de esos días en los que se demuestra si el progresismo de un partido es real o sólo impostura propagandística. Hoy, el Congreso de los Diputados vota sobre la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Sumar en la que se insta al gobierno de Pedro Sánchez a que el IRPH no suponga causa de pérdida de vivienda habitual a familias vulnerables.
El texto de la PNL, al que tuvo acceso en exclusiva Diario Sabemos, es muy clara: “insta al Gobierno a elaborar un informe público sobre las medidas normativas o regulatorias necesarias para evitar que la aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios pueda conducir a la pérdida de la vivienda habitual de familias en situación de vulnerabilidad, evaluando el impacto social del uso del IRPH en los préstamos hipotecarios".
Con esta proposición Sumar, con Félix Alonso Cantorné al frente, pretende abrir una vía política para contrarrestar los efectos sociales de la nueva doctrina judicial. La Proposición No de Ley registrada en el Congreso reclama que el Gobierno elabore un informe detallado y público sobre las medidas regulatorias necesarias para impedir que la aplicación del IRPH pueda derivar en la pérdida de viviendas de familias vulnerables. La intención del grupo parlamentario es revelar, con datos y diagnósticos transparentes, en qué medida este índice contribuye a situaciones de sobreendeudamiento y estrés financiero y si está actuando como un factor adicional de desigualdad en el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual.
La iniciativa también arroja un mensaje implícito al sistema financiero y a los reguladores: la arquitectura normativa sobre la que se sustenta el IRPH pertenece a un ecosistema hipotecario que ya no existe. Las condiciones del mercado han cambiado, la regulación bancaria se ha sofisticado, los estándares de transparencia se han endurecido y la sensibilidad social hacia la vivienda como bien esencial es hoy mucho mayor que hace dos décadas. Lo que para los bancos fue durante años un índice técnico más, para los consumidores se ha convertido en un símbolo de opacidad y desigualdad.
Sánchez y el PSOE siempre se han alineado con Vox y el PP
El PSOE de Pedro Sánchez no ha sido muy favorable a los afectados del IRPH, por más que sigan autoproclamándose progresistas allá por donde se les pregunta. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando y, en el caso del IRPH, el PSOE de Sánchez siempre se ha aliado con Vox y el Partido Popular. Lo hicieron desde el Consejo de Ministros con los IRPH de las viviendas de protección pública, con la Abogacía del Estado y desde el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, uno de los movimientos más graves se produjo en abril de 2021, también en el Congreso de los Diputados. La política, en sus contradicciones, rara vez mata de forma súbita. Lo hace, más bien, por hemorragia de credibilidad, por una sucesión de gestos que erosionan la coherencia hasta convertirla en una ficción. El debate parlamentario sobre el IRPH celebrado en abril de 2021 (durante el gobierno de coalición con Podemos) en la Comisión de Asuntos Económicos ejemplificó esa deriva: un PSOE que nació para defender a los trabajadores terminó alineándose con los intereses del sector financiero, dejando atrás a los 1,3 millones de familias atrapadas por uno de los índices hipotecarios más polémicos de Europa.
La sesión giraba en torno a una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por EH-Bildu, que instaba al Gobierno a ordenar a la Abogacía del Estado defender a los afectados por el IRPH o, al menos, adoptar una postura neutral en los litigios. La iniciativa, defendida con vehemencia por el diputado Oskar Matute, planteaba un diagnóstico claro: la doctrina del Tribunal Supremo sobre el índice es “incoherente”, oscila entre reconocer su falta de transparencia y declarar su legalidad, y parece diseñada para “blindar los intereses de la banca”.
El debate no fue solo técnico; fue ideológico. Matute recordó que, en procesos anteriores, la Abogacía del Estado defendió que no se aplicara la retroactividad porque perjudicaría al sistema financiero aunque esta decisión implicara dejar sin compensación a quienes pagaron durante años intereses más altos de forma presuntamente abusiva. Una posición que, según el diputado abertzale, equivalía a afirmar que “si robas poco tienes que devolverlo, pero si robas mucho no”.
Esquerra, a través de Joan Capdevila, subrayó el coste económico del IRPH para las familias y calificó el índice directamente de “estafa y abuso”. Por Unidas Podemos, Txema Guijarro fue igual de rotundo: “estoy de acuerdo hasta con las comas”, dijo sobre la exposición de Matute.
La división se hizo evidente. Por un lado, los grupos que consideran que el Estado no puede mirar hacia otro lado ante una práctica financiera cuestionada en múltiples sentencias europeas. Por otro, el “bloque de la Transición”. PSOE, PP y Vox, formaciones que, pese a su antagonismo discursivo, se alinearon para votar en contra de la PNL.
En nombre de Vox, Inés Cañizares defendió que proteger la banca es proteger España, un argumento que revela la centralidad política que la formación ultra otorga a la arquitectura financiera. El Partido Popular, por su parte, mantuvo su línea habitual: Miguel Ángel Paniagua calificó la propuesta de “injustificada”, pese a que los tribunales llevan años revisando cláusulas bancarias que afectan a millones de consumidores.
Pero fue la intervención del PSOE de Pedro Sánchez la que marcó el clima político del día. Su diputado, Manuel Gabriel González Ramos, justificó su voto negativo apelando a tecnicismos procesales, a herencias del Gobierno de Mariano Rajoy y a una lectura estrictamente procedimental del papel de la Abogacía del Estado. Argumentos que, sin embargo, evitaron el núcleo del debate. Es absolutamente incongruente que un partido que se define como socialista vote en contra de la defensa jurídica de 1,3 millones de familias trabajadoras.
El contraste con su propia tradición resultó inevitable. La frase de Pablo Iglesias Posse, “sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas… sino para llevarlas a todas partes”, quedó flotando como una acusación implícita. En lugar de cumplir ese mandato histórico, el PSOE de Sánchez se situó junto a las formaciones que defienden sin fisuras los intereses del capital financiero. Una postura que, para los afectados, para organizaciones de consumidores y para parte de la izquierda parlamentaria, supone una nueva traición ideológica que trasciende el caso del IRPH.
Este episodio refleja un patrón más profundo. Cuando están en juego los intereses de la banca, el PSOE adopta una postura cada vez más conservadora, incluso a costa de su base social. Sucedió con la no derogación completa de la reforma laboral del PP, con la defensa inicial de la Abogacía del Estado en litigios clave, y ahora con la negativa a apoyar a quienes luchan en los tribunales contra un índice hipotecario cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El problema no es solo jurídico; es político. El PSOE de Sánchez es un partido que se mueve entre dos lealtades: una declarada a través de sus órganos de propaganda, hacia la clase trabajadora; otra real, hacia la estabilidad del sistema financiero. Hoy tienen una nueva oportunidad de alinearse con quien dicen defender o de aliarse con la extrema derecha y el ayusismo.