La expansión de la inteligencia artificial está acelerando la construcción de centros de datos y aumentando la demanda de electricidad, redes y sistemas de refrigeración

La inteligencia artificial tiene sed

España quiere convertirse en una potencia europea de centros de datos. Detrás de la nube hay servidores que necesitan electricidad, suelo, redes y también agua

14 de Septiembre de 2026
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Centro de datos con servidores utilizados para inteligencia artificial

La inteligencia artificial tiene una extraordinaria capacidad para hacernos olvidar que existe físicamente. Le hacemos una pregunta a ChatGPT, generamos una imagen, almacenamos miles de fotografías, vemos una película en streaming o pedimos a un programa que escriba código y todo parece ocurrir en algún territorio indeterminado al que hace años decidimos llamar nube. Pocas metáforas tecnológicas han tenido tanto éxito y, al mismo tiempo, han conseguido esconder tan bien la infraestructura que tienen detrás. La nube está llena de edificios.

Son centros de datos con miles de servidores trabajando durante las veinticuatro horas, conexiones de alta capacidad, transformadores, sistemas de alimentación de emergencia y enormes instalaciones destinadas a evacuar el calor que producen los equipos. Necesitan parcelas, carreteras, fibra óptica y, sobre todo, una cantidad creciente de electricidad. Dependiendo de cómo estén diseñados sus sistemas de refrigeración, también pueden necesitar agua.

España quiere aprovechar esa carrera y tiene argumentos para hacerlo. Dispone de abundantes recursos renovables, suelo, conexiones internacionales de fibra y una posición geográfica atractiva para convertirse en uno de los grandes nodos digitales europeos. La asociación empresarial Spain DC calcula inversiones próximas a 67.000 millones de euros entre 2026 y 2030, una cifra suficientemente grande para entender por qué comunidades autónomas, grandes tecnológicas, fondos inmobiliarios y Gobierno observan con enorme atención cualquier cambio en las reglas del juego.

La discusión ha estallado precisamente por esas reglas. El Gobierno prepara una regulación que obligaría a los nuevos grandes centros de datos a respaldar con nueva generación renovable al menos el 80 % de la electricidad que consumen en cada hora de funcionamiento. Las empresas consideran demasiado rígido el sistema y advierten de que una parte de las inversiones podría desplazarse a otros países. El Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a introducir cambios, pero mantiene una línea roja bastante comprensible. La llegada de esta nueva industria no debería traducirse en una factura eléctrica más cara para los hogares y para las empresas que ya están conectadas al sistema.

La pelea regulatoria tiene miles de millones detrás, aunque sirve sobre todo para sacar a la luz una cuestión mucho más interesante. La economía que solemos describir como más inmaterial de nuestra historia está desencadenando una de las mayores carreras por construir infraestructura física de las últimas décadas.

Detrás de cada respuesta hay un servidor trabajando

La Agencia Internacional de la Energía calcula que los centros de datos consumieron alrededor de 485 teravatios hora de electricidad en todo el mundo durante 2025. Su previsión central sitúa ese consumo alrededor de los 950 TWh en 2030, prácticamente el doble en cinco años, y considera que los centros específicamente orientados a inteligencia artificial crecerán todavía más deprisa y podrían triplicar su demanda eléctrica durante ese periodo.

No toda esa electricidad corresponde a inteligencia artificial. Los centros de datos existían mucho antes de ChatGPT y sostienen desde servicios bancarios hasta páginas web, almacenamiento empresarial, redes sociales, comercio electrónico o plataformas audiovisuales. La IA está acelerando, sin embargo, una tendencia que ya era intensa porque sus necesidades de computación son especialmente elevadas.

La diferencia puede apreciarse incluso dentro de los edificios. Según la AIE, los servidores representan alrededor del 60 % del consumo eléctrico de un centro de datos moderno, mientras los sistemas de refrigeración pueden moverse aproximadamente entre el 7 % de los complejos hipereficientes y más del 30 % de instalaciones empresariales menos eficientes.

La evolución de los equipos destinados a IA está aumentando además enormemente la potencia concentrada en muy poco espacio. La AIE calcula que entre 2020 y 2025 la densidad de potencia de los servidores de inteligencia artificial se multiplicó por once y podría volver a multiplicarse por cuatro hasta 2027. Para entonces, un único rack avanzado, aproximadamente del tamaño de un frigorífico grande, podría alcanzar una demanda máxima de electricidad equivalente a la de 65 hogares. Eso cambia bastante la imagen de una tecnología que acostumbramos a manejar desde una pantalla.

Cada vez que utilizamos un servicio digital no encendemos individualmente una central eléctrica ni abrimos un grifo en un centro de datos. Sería absurdo intentar calcular el impacto de la inteligencia artificial convirtiendo cada pregunta en un número fijo de vasos de agua o bombillas encendidas, porque el consumo depende del modelo, del hardware, de la carga del sistema, del lugar donde se encuentra el servidor, de la electricidad disponible y del método utilizado para refrigerarlo.

Lo que sí podemos medir es la infraestructura agregada que está creciendo para atender millones de esas operaciones simultáneamente. Y ahí los números empiezan a adquirir otra escala.

El agua depende mucho de cómo se enfríe la máquina

Los servidores producen calor y ese calor tiene que salir de alguna manera. Durante años, numerosos centros de datos han utilizado sistemas de refrigeración que consumen agua, especialmente mediante procesos evaporativos. La expansión de instalaciones cada vez mayores ha convertido ese consumo en un asunto ambiental y político, sobre todo cuando los proyectos se concentran en territorios donde el agua constituye un recurso limitado. España ofrece un ejemplo especialmente interesante porque una parte considerable de las inversiones previstas se dirige hacia Aragón.

El Consejo Económico y Social de Aragón ha estudiado el impacto potencial del sector y reconoce una horquilla extraordinariamente amplia dependiendo de la tecnología que termine implantándose. Sus estimaciones sitúan el consumo de los centros de datos proyectados entre 4,3 y 14,1 hectómetros cúbicos anuales.

Para hacerse una idea de la magnitud, el propio informe compara esas cifras con los 131 hectómetros cúbicos que la estadística utilizada registraba como suministro total a la red de abastecimiento público aragonesa. En el escenario de menor consumo, los centros representarían aproximadamente el 3,3 % de ese volumen. En el más intensivo en agua, alcanzarían el 10,8 %. Si la comparación se limita al consumo doméstico, la horquilla equivaldría aproximadamente al 8 % en el escenario bajo y al 26,5 % en el alto.

Esas cifras no son una predicción de lo que necesariamente ocurrirá. Son escenarios y dependen enormemente de las tecnologías de refrigeración utilizadas, una precisión especialmente importante en un sector que está avanzando rápidamente hacia sistemas que necesitan mucha menos agua.

Madrid ofrece el contrapunto. El Gobierno autonómico sostiene que algunos centros de nueva generación han reducido hasta un 90 % su consumo hídrico mediante circuitos cerrados y tecnologías alternativas de refrigeración, y existen proyectos que plantean eliminar completamente el agua de proceso mediante sistemas de free cooling y refrigeración por compresión.

La discusión seria sobre el agua está precisamente en esa enorme diferencia entre tecnologías. Presentar todos los centros de datos como gigantescos consumidores hídricos sería tan poco riguroso como afirmar que su expansión carece de impacto porque existen instalaciones capaces de funcionar con consumos mínimos.

La pregunta relevante no es únicamente cuántos centros de datos se construirán, sino qué tecnología utilizarán, dónde estarán situados y qué recursos necesitarán durante décadas de funcionamiento.

El Gobierno parece haber asumido esa lógica. Su propuesta de regulación establece requisitos tanto de eficiencia energética como hídrica y fija transitoriamente, hasta la entrada en funcionamiento del sistema europeo de etiquetado prevista para 2027, límites para los indicadores PUE y WUE con los que se mide la eficiencia de estas instalaciones.

La sed de la inteligencia artificial, por tanto, no es una cantidad fija. Puede reducirse tecnológicamente y eso convierte precisamente la regulación y el diseño de las nuevas instalaciones en una cuestión mucho más relevante que repetir cifras espectaculares sobre cuántos litros cuesta una conversación con un chatbot.

El verdadero cuello de botella puede estar en el enchufe

La electricidad plantea un desafío todavía mayor porque no existe un centro de datos sin suministro continuo y la inteligencia artificial está aumentando la potencia necesaria de una manera difícil de comparar con la mayoría de las actividades económicas tradicionales.

La AIE señala una peculiaridad que explica buena parte del problema. Aunque los centros de datos representan todavía una proporción relativamente pequeña del consumo eléctrico mundial, su demanda está enormemente concentrada geográficamente. Una fábrica, un conjunto de viviendas electrificadas o millones de coches eléctricos pueden distribuir su consumo por amplias zonas. Un gran complejo de datos concentra cientos de megavatios en un punto concreto de la red y eso obliga a mirar algo más que la cantidad total de electricidad disponible en España.

El país puede producir mucha energía renovable y encontrarse, al mismo tiempo, con nodos de la red donde no existe capacidad suficiente para conectar todos los proyectos que quieren instalarse. Construir nuevas líneas, subestaciones y transformadores necesita años, mientras una inversión tecnológica puede decidir mucho más rápidamente que prefiere otra ubicación.

La planificación eléctrica española hasta 2030 permite comprobar las dimensiones de la carrera por conseguir enchufe. El Gobierno prevé atender desde las redes 3,8 GW de nueva demanda asociada a centros de procesamiento de datos, dentro de un mapa donde también solicitan capacidad nuevos proyectos industriales, desarrollos residenciales, ferrocarriles, puertos y producción de hidrógeno verde.

Ahí aparece una discusión que probablemente nos acompañará durante buena parte de la próxima década. La red eléctrica es una infraestructura limitada y ampliarla cuesta dinero. Si distintos sectores solicitan simultáneamente enormes cantidades de potencia, decidir quién consigue capacidad, bajo qué condiciones y quién paga las ampliaciones necesarias deja de ser una cuestión puramente técnica.

Un centro de datos puede traer inversión, actividad económica, demanda para las renovables y una infraestructura digital estratégica. Una fábrica también puede aportar empleo y producción. Las nuevas viviendas necesitan suministro. La electrificación del transporte y de la industria forma parte de la transición energética. El hidrógeno aspira igualmente a consumir enormes cantidades de electricidad renovable. Todos pueden presentar buenas razones para pedir un enchufe pero la cuestión es quién financia el cable.

El Gobierno quiere evitar que la factura termine repartida entre todos

La propuesta de real decreto intenta responder precisamente a ese riesgo obligando a los centros de datos a vincular buena parte de su consumo a nueva generación renovable y a demostrar una correlación horaria entre producción y demanda.

El requisito del 80 % es bastante más exigente de lo que parece a primera vista. No basta con contratar durante un año tanta electricidad renovable como la que consume la instalación. El proyecto plantea que, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80 % de la electricidad utilizada esté respaldada por energía renovable generada durante esa misma hora.

Para una actividad que funciona las veinticuatro horas, el problema aparece fácilmente durante la noche, en periodos con poco viento o en cualquier momento en que la generación renovable disponible no coincida con el consumo. Resolverlo puede exigir almacenamiento, contratos con diferentes tecnologías o sobredimensionar la generación asociada.

El sector considera que ese nivel de exigencia puede hacer menos competitiva a España y Spain DC sostiene que podría comprometer hasta un 36 % de los cerca de 67.000 millones de inversión prevista para los próximos años. Grandes inversores y compañías tecnológicas han trasladado también sus reparos y el Gobierno ha recibido más de un centenar de alegaciones al proyecto.

El Ejecutivo se ha abierto a revisar la fórmula, aunque su argumento merece atención porque afecta directamente a consumidores e industria. Si un gran centro de datos introduce una enorme demanda nueva sin incorporar generación suficiente, parte del sistema eléctrico necesario para atenderla puede acabar repercutiendo sobre el conjunto de usuarios. El Gobierno quiere evitar además que el aumento del consumo obligue a utilizar más generación fósil en determinados momentos, encareciendo la electricidad y deteriorando los objetivos climáticos.

La experiencia internacional aconseja cierta prudencia. La rápida concentración de centros de datos ha provocado problemas de conexión en distintos mercados y la AIE estima que alrededor del 20 % de los proyectos previstos en el mundo podría sufrir retrasos si no se solucionan los cuellos de botella de las redes y de las cadenas de suministro.

España se encuentra así ante un problema bastante atractivo desde el punto de vista económico. Tiene algo que una industria mundial en plena expansión necesita desesperadamente, electricidad renovable relativamente abundante, suelo y capacidad para convertirse en una puerta digital entre continentes. El reto consiste en aprovechar esa ventaja sin regalar un recurso cada vez más valioso como es la capacidad de conexión eléctrica.

Una industria digital con problemas extraordinariamente físicos

Durante años hemos hablado de digitalización como si consistiera principalmente en sustituir papel por pantallas. La inteligencia artificial está obligando a revisar esa imagen porque su crecimiento empieza a medirse también en megavatios, hectáreas, subestaciones, kilómetros de fibra, transformadores y sistemas de refrigeración.

La inversión mundial en centros de datos alcanzó alrededor de medio billón de dólares en 2024, prácticamente el doble que dos años antes, y las grandes tecnológicas continúan aumentando de manera extraordinaria sus presupuestos para infraestructura.

España quiere una parte importante de ese negocio y tiene razones para intentarlo. Ser sede de la infraestructura sobre la que funciona la economía digital puede aportar inversión, conocimiento tecnológico y autonomía estratégica, además de convertir al país en un nodo relevante de un sector que seguirá creciendo aunque el entusiasmo actual alrededor de la IA termine moderándose.

Pero precisamente porque hablamos de una industria estratégica conviene abandonar cuanto antes la idea de que llega sin ocupar espacio ni consumir recursos.

La nube necesita territorio. La inteligencia artificial necesita electricidad. Algunos sistemas de refrigeración necesitan agua y todos los centros de datos necesitan una red capaz de alimentarlos continuamente. La tecnología puede reducir de manera espectacular la intensidad con la que utiliza esos recursos, pero no puede convertir una infraestructura física en algo inmaterial.

La discusión española sobre el 80 % renovable puede terminar con una exigencia diferente a la planteada inicialmente. El Gobierno ya ha mostrado disposición a introducir modificaciones y el sector seguirá presionando porque hay decenas de miles de millones en juego. Lo verdaderamente importante quedará después de que se cierre esa negociación.

España tendrá que decidir qué clase de infraestructura digital quiere atraer, con qué eficiencia, en qué territorios y bajo qué condiciones de acceso a unos recursos que también necesitan hogares, industria y otras actividades económicas.

La inteligencia artificial puede escribir un poema, diagnosticar patrones en una imagen, traducir una conversación o generar un vídeo en segundos, pero detrás de esa apariencia casi mágica sigue funcionando una economía bastante reconocible. Hay que comprar terreno, levantar edificios, instalar máquinas, conseguir electricidad, evacuar calor y, dependiendo de la tecnología elegida, utilizar agua. La nube puede parecer etérea desde la pantalla. Desde una subestación eléctrica o desde una cuenca hidrográfica, tiene bastante más peso.

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