España ganó 679.023 afiliados a la Seguridad Social durante el último año. De ellos, 482.490 son trabajadores extranjeros. Dicho de otra manera, siete de cada diez nuevos cotizantes proceden de otros países.
El dato resulta difícil de separar del momento político en el que aparece. La inmigración ocupa una parte creciente de la confrontación pública, pero lo hace casi siempre alrededor de las fronteras, las llegadas, la regularización o el control migratorio. Mientras tanto, el mercado laboral está contando otra historia bastante menos estridente y mucho más concreta.
España discute sobre quién entra mientras su economía empieza a preguntarse quién falta. En agosto, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzaron los 3,55 millones y representaron ya el 15,9% del total. No estamos, por tanto, ante una presencia marginal ni ante un fenómeno que pueda explicarse únicamente por necesidades puntuales de determinados sectores. La incorporación de población extranjera se ha convertido en una pieza cada vez más importante del crecimiento del empleo.
El inmigrante se convierte en trabajador
Parte de la paradoja está en el propio lenguaje con el que se construye el debate. Quien llega aparece en la conversación pública como inmigrante. Después consigue un empleo, cotiza, paga impuestos y pasa a formar parte de una realidad laboral en la que su origen parece perder interés. Se convierte en camarero, albañil, cuidadora, agricultor, conductor, empleado de hogar, sanitario o trabajador de la logística.
La economía española incorpora así con bastante normalidad a personas sobre las que la política mantiene una discusión extraordinariamente áspera. Los datos de agosto lo muestran con especial claridad. Los 482.490 afiliados extranjeros incorporados en doce meses representan alrededor del 71% de todo el crecimiento interanual de la afiliación. Además, casi 340.000 personas procedentes del proceso extraordinario de regularización estaban ya de alta a finales de agosto.
La regularización ofrece en este sentido una fotografía interesante. Sacar a una persona de la irregularidad no crea de repente un trabajador donde antes no lo había. En muchos casos hace visible dentro del sistema a alguien que ya vivía, trabajaba y consumía en España, pero que permanecía en una posición mucho más vulnerable y con mayores dificultades para cotizar con normalidad.
Regularizar también significa incorporar cotizaciones, derechos laborales y capacidad de control frente a abusos que encuentran precisamente en la irregularidad uno de sus mejores aliados. Una necesidad que no puede convertirse en precariedad
Reconocer la aportación de los trabajadores extranjeros tampoco debería conducir a una conclusión demasiado cómoda. España no puede limitarse a necesitarlos para cubrir aquellos puestos que resultan más difíciles de ocupar y aceptar después que esa necesidad justifique peores condiciones laborales.
Durante demasiado tiempo, una parte de la inmigración laboral ha quedado asociada a sectores con salarios bajos, temporalidad, jornadas difíciles o escasa capacidad de negociación. Integrar no consiste en disponer de una reserva permanente de mano de obra barata.
Ese será uno de los debates importantes de los próximos años. España envejece, afrontará numerosas jubilaciones y tiene actividades económicas en las que el relevo generacional resulta cada vez más complicado. La inmigración puede contribuir a responder a esa realidad, pero su aportación será mucho más sólida si va acompañada de empleo digno, formación, homologación de cualificaciones y posibilidades reales de promoción.
También conviene abandonar otra simplificación. Los trabajadores extranjeros ya no se concentran exclusivamente en hostelería, agricultura, construcción o cuidados. Su presencia crece también en actividades profesionales, científicas y técnicas, información y comunicaciones y otros sectores de mayor cualificación.
La inmigración que reflejan las estadísticas laborales es, en definitiva, bastante más compleja que la que suele aparecer en la discusión política. España puede debatir legítimamente cómo gestionar sus fronteras, ordenar los flujos migratorios o diseñar sus políticas de acogida. Lo que resulta cada vez más difícil es mantener esa conversación como si quienes llegan fueran ajenos al funcionamiento cotidiano del país.
Más de tres millones y medio ya están trabajando y cotizando. Quizá el debate sobre inmigración empiece a parecerse más a la realidad cuando deje de hablar únicamente de quienes llegan y empiece a mirar también a quienes, sencillamente, ya están aquí.
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