Diario Sabemos lleva años analizando los datos oficiales sobre empleo, condiciones de trabajo, salarios y pobreza. Datos oficiales que demuestran que la propaganda de que España es el motor económico de la Unión Europea es puro cuento. La realidad cotidiana del mercado laboral español se ha encargado de dinamitar este dogma fundacional con la crudeza de los números. Un nuevo e incisivo informe elaborado por Oxfam Intermón revela que el coste desbocado de la vivienda actúa como una apisonadora invisible que sumerge a 770.000 personas trabajadoras adicionales por debajo del umbral de la pobreza, elevando el total a cerca de tres millones de ciudadanos ocupados que, pese a tener una nómina a fin de mes, no logran sostener una vida digna ni sufragar los gastos más elementales de su día a día.
La investigación, titulada significativamente "Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral", examina con precisión milimétrica la situación de los asalariados y autónomos antes y después de hacer frente a los pagos residenciales más acuciantes, como el alquiler, la hipoteca y las derramas asociadas a la propiedad en el tramo final de 2024.
Antes de descontar estas cargas ineludibles, el 11,48% de la población ocupada (alrededor de 2,2 millones de personas) ya se encontraba en situación de vulnerabilidad extrema. No obstante, es al incorporar el factor residencial cuando se desata la verdadera catástrofe social: la tasa de pobreza laboral se dispara hasta el 15,49%, incorporando de golpe a esos casi ochocientos mil trabajadores adicionales y ensanchando de manera alarmante la brecha de la desigualdad en el Estado del bienestar.
La asfixia del alquiler
La fotografía demoscópica y social del país muestra que este fenómeno no afecta por igual a todos los sectores de la población, concentrándose con especial virulencia en el mercado del alquiler. Quienes se ven obligados a arrendar una vivienda a precio de mercado sufren una asfixia económica sin precedentes: antes de abonar la renta mensual, su tasa de pobreza se sitúa ya en el 19,35%, pero tras transferir el importe al propietario, esta cifra salta hasta un escalofriante 34,08%.
Esto se traduce en un incremento relativo del 76%, convirtiendo el acceso al alquiler en el principal generador de pobreza y desigualdad económica de la España contemporánea, donde una de cada tres personas que alquilan queda automáticamente excluida del bienestar material básico.
Esta realidad contrasta de manera evidente con la situación de quienes lograron acceder a una vivienda en propiedad. Entre los ciudadanos que todavía arrastran el pago de una hipoteca mensual, la tasa de pobreza laboral se sitúa en un moderado 10,22%, cifra que desciende hasta el 7,95% entre aquellos que ya han amortizado completamente su préstamo hipotecario.
Esta profunda brecha ayuda a comprender por qué el debate sobre la vivienda ha desbordado los cauces tradicionales de la mera oferta urbanística para convertirse en una cuestión central de derechos humanos y justicia distributiva. Como señala Alejandro García-Gil, responsable de vivienda y políticas sociales de la entidad social, la vivienda se ha erigido en el factor que más empobrecimiento genera, recordando que los desahucios son tan solo la punta del iceberg de una crisis que erosiona silenciosamente la dignidad de los hogares.
Crecimiento macroeconómico sin traducción en bienestar social
Uno de los aspectos más paradoxales y socialmente injustos que desvela el informe es la absoluta desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad material de las familias trabajadoras. Entre los años 2022 y 2024, el Producto Interior Bruto (PIB) de España experimentó un crecimiento sostenido superior al 6%.
Sin embargo, en ese mismo periodo de bonanza estadística, la tasa de pobreza laboral apenas se redujo en unas centésimas, pasando del 11,64% al 11,48%. A este ritmo desesperadamente lento de corrección, los expertos calculan que España tardaría nada menos que 59 años en alcanzar la media europea de pobreza en el empleo, fijada en el 8,2%.
Esta brecha entre el crecimiento de la riqueza nacional y la asfixia de las familias se sustenta sobre un mercado de trabajo profundamente fragmentado y desigual. La precariedad no golpea a todos por igual: la tasa de pobreza laboral se dispara hasta el 31,42% entre las personas trabajadoras de nacionalidad extracomunitaria, frente al 8,71% de los nacionales.
Asimismo, el empleo a tiempo parcial condena a una de cada cinco personas a la exclusión (20,62%), duplicando la incidencia de las jornadas completas. En paralelo, el autoempleo se ha revelado como otra fuente de extrema vulnerabilidad, afectando al 21,69% de los autónomos, once puntos por encima de los asalariados tradicionales. Por sectores económicos, la precariedad se ceba especialmente en los empleos esenciales y de menor valor añadido: el 27,48% en el servicio doméstico y de cuidados, el 26,24% en la agricultura y el 21,17% en la hostelería.
Urgencia de un nuevo pacto social
El impacto territorial de esta crisis residencial tampoco es homogéneo. Si bien comunidades como Andalucía (17,65%), la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%) encabezan las tasas brutas de pobreza laboral, el mapa experimenta una transformación radical al descontar los gastos de vivienda.
Es en las grandes áreas metropolitanas y en los motores económicos del país donde el coste residencial devora con mayor agresividad los ingresos de los trabajadores. En la Comunidad de Madrid, la pobreza laboral salta del 7,29% al 12,73% tras pagar la casa (un incremento superior a los cinco puntos), una evolución idéntica a la registrada en Cataluña, donde trepa desde el 7,90% hasta el 12,86%.
En el caso del alquiler libre, la situación adquiere tintes dramáticos en territorios como Castilla y León o Castilla-La Mancha, donde cerca de la mitad de los inquilinos quedan bajo el umbral de la pobreza tras abonar la renta mensual.
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