España no vive una crisis institucional formal, pero sí una erosión menos visible: la extensión de una cultura de indiferencia ante los límites democráticos. No es el ruido lo que más inquieta, sino el silencio resignado. La pregunta no es si la democracia puede convivir con quienes la cuestionan, sino cuánto desgaste soporta cuando una parte de la sociedad deja de considerarla valiosa.
Hay un cambio cualitativo en el clima político. Durante años se alertó sobre la polarización, la crispación o el populismo. Hoy el fenómeno es más áspero: la banalización del deterioro democrático. No escandaliza que se desacredite al poder judicial si no gusta una sentencia; no sorprende que se señale a periodistas como enemigos; no alarma que se relativicen pactos básicos sobre derechos. Lo preocupante no es solo quien empuja esos discursos, sino quien los escucha con desgana.
Las encuestas del CIS y de distintos institutos demoscópicos europeos llevan tiempo mostrando una tendencia persistente: descenso de la confianza en instituciones, descrédito del Parlamento, percepción de corrupción extendida aunque los indicadores objetivos no siempre respalden esa impresión. La desafección no es nueva, pero sí lo es su normalización. Se ha instalado la idea de que “todo da igual”, de que las reglas son intercambiables y de que el sistema es un decorado.
La transformación del debate público en una secuencia ininterrumpida de escándalos, filtraciones y enfrentamientos personales tiene efectos acumulativos. La política convertida en reality degrada la percepción de lo público. Cuando cada sesión parlamentaria es un combate y cada negociación una traición anticipada, el ciudadano medio desconecta.
En ese terreno prosperan las fuerzas que hacen del desprecio institucional su bandera. La extrema derecha lo ha entendido con precisión quirúrgica: no necesita convencer a mayorías amplias de un proyecto coherente; le basta con erosionar la legitimidad del sistema. Cuanto más se perciba que nada funciona, más sencillo es ofrecer soluciones simplistas. El modelo trumpista, convertir cualquier proceso electoral en un plebiscito emocional contra el sistema, ha tenido eco también aquí.
Pero el problema no se limita a un partido concreto. Cuando desde posiciones de gobierno o de oposición se recurre con ligereza a descalificar árbitros institucionales, se alimenta la misma lógica. La frontera entre crítica legítima y deslegitimación estructural es fina, pero existe.
El desgaste silencioso
Las democracias no suelen colapsar de un día para otro. Se desgastan. La historia comparada muestra que el retroceso democrático en Europa del Este o en América Latina no comenzó con golpes espectaculares, sino con la acumulación de pequeños gestos: reformas legales oportunistas, presión sobre órganos de control, relativización de estándares éticos.
España no está en ese escenario, pero tampoco es inmune. La precariedad económica, el encarecimiento de la vivienda, la sensación de bloqueo institucional tras votaciones fallidas en el Congreso, alimentan la idea de que el sistema no responde. Si a ello se suma una cultura política que trivializa el respeto a las normas cuando conviene, el cóctel es inquietante.
Hay un elemento generacional que merece atención. Entre los más jóvenes crece la distancia emocional respecto a la política institucional. No es necesariamente apatía; es escepticismo. La democracia se percibe como un mecanismo heredado, no como una conquista propia. Cuando la experiencia vital está marcada por crisis sucesivas, financiera, sanitaria, energética, el contrato social pierde brillo.
La tolerancia al límite
La cuestión de fondo es si una democracia puede sostenerse cuando parte de sus actores dejan de compartir el marco común. El pluralismo implica convivir con proyectos antagónicos, incluso con posiciones que cuestionan elementos del sistema. Pero el pluralismo exige aceptar reglas básicas: respeto a los resultados electorales, independencia judicial, libertad de prensa.
Cuando esos mínimos se relativizan y la reacción social es tibia, el umbral de lo tolerable se desplaza. La ironía es que la democracia es lo suficientemente robusta como para integrar voces críticas, pero no es indestructible. Necesita algo más que procedimientos: requiere una cultura cívica que considere innegociables ciertos límites.
En febrero de 2026, el riesgo no es un quiebre abrupto. Es la sedimentación de una indiferencia que trivializa lo que antes generaba alarma. La pregunta no es si la democracia puede convivir con quienes la desprecian; la pregunta es cuánto tiempo puede hacerlo sin transformarse en otra cosa.