La derecha judicial se ha empeñado en una nueva campaña en la cual exigen que se retire la nueva cartelería que se está colocando en las fachadas de los nuevos tribunales de instancia. En ella, al mismo tiempo que se identifica la ubicación de la correspondiente dependencia, se incorpora la leyenda del gobierno de España o de la comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia judicial. Sectores conservadores, entre otros la Asociación Profesional de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha, y el decanato de Ponferrada, consideran que “la visión de dependencia que el gobierno y las comunidades autónomas tienen del Poder Judicial, incorporando sus logos a las fachadas de las sedes judiciales para remarcar su pertenencia, devalúa la independencia de los Tribunales”. Y ya se ha generado la controversia.
Hay quien opina que administrativamente los juzgados y tribunales dependen del gobierno central y de las comunidades autónomas con competencias transferidas. Y eso es incontestable. Son las administraciones las que pagan a jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios. El poder judicial no tiene presupuesto propio. El CGPJ, en ese sentido, goza de unas competencias específicas que no tienen nada que ver con la infraestructura ni la administración y nunca se ha cuestionado la independencia judicial. Más les valdría a los integrantes de la derecha judicial que predicasen con el ejemplo. Que la independencia judicial no se gana poniendo o quitando una placa en las dependencias sino dictando sentencias coherentes y ejerciendo la autoridad que corresponde a los jueces de una manera racional y no como está pasando ahora que lo que olvidan los que quieren que se quite esta cartelería es que la justicia ocupa el ultimo lugar de las preferencias ciudadanas en los sondeos de opinión.
Hasta ahora ningún organismo judicial había protestado por la inserción, en las oficinas y juzgados, del logo correspondiente a la administración autonómica con competencias, o, en su caso, el gobierno central en los territorios sin competencia transferida. De hecho, en la Comunidad de Madrid todas las resoluciones de las instancias dependientes de su jurisdicción incorporan el membrete de la bandera oficial. Y en parecidos términos se manifiestan en otras comunidades. Lo que parece haber escocido a la reacción es que se hayan instalado las placas en las dependencias que administrativamente se vinculan al ministerio de Justicia. Es el famoso “mantra” que señala la continua intromisión del gobierno de Pedro Sánchez en la justicia y que incluye la oposición a las reformas que pretende llevar adelante el ministerio de Bolaños como es la vigente en materia de tribunales de instancia, y las futuras en materia de acceso a las carreras fiscal y judicial, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para transferir a los fiscales la dirección de las instrucciones penales, la reforma del Estatuto Fiscal estableciendo un nuevo sistema de designación y mandato del fiscal general del Estado, la limitación de las acusaciones populares, y la supresión del articulado del Código Penal que hace referencia a los delitos de ofensas religiosas. Según el sector conservador, todas estas iniciativas tienen como objeto “acabar con la independencia judicial” y, por lo tanto, el Estado de Derecho, en un momento en que sus analistas están convencidos de que la izquierda se siente “acorralada” por los casos de corrupción que, según ellos, les afecta directamente.
En la influyente Asociación Profesional de la Magistratura que lidera la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, lo tienen claro. Las nuevas placas forman parte de esa campaña emprendida por el poder ejecutivo para interferir la independencia judicial: “se lastra la imagen de independencia cuando se incorporan logos de clara referencia al ejecutivo como el relativo al gobierno de España en las comunidades autónomas sin competencia en materia de justicia transferida, utilizando, y no creemos que sea de modo ingenuo, el mismo modelo de señalética que el previsto para los organismos dependientes del ejecutivo, sobre el fondo blanco, asimilando los tribunales a la administración periférica o a los organismos autónomos dependientes”.
Es un nuevo frente abierto por el sector conservador de la judicatura que, en realidad, carece de trascendencia. El gobierno va a insistir en poner las placas del ministerio de Justicia en las dependencias judiciales en las que no se hayan transferido las competencias en materia judicial mientras que dependerá de las administraciones autonómicas seguir manteniendo la simbología tanto en las sedes como en los escritos. Es bastante probable que los gobiernos con mayoría del Partido Popular secunden la exigencia y sustituyan las placas por algo similar a “poder judicial”.
Aún así, la guerra frontal de la derecha judicial con el gobierno central continuará. Ya han anunciado que si no se retiran las reformas presentadas van a convocar movilizaciones no descartando la huelga que, por cierto, está prohibida entre jueces y magistrados. Y, mientras tanto, siguen sin aportar soluciones para acabar con el retraso estructural existente en los juzgados. Los últimos datos conocidos señalan que se tarda un año en sentenciar un proceso laboral de reclamación de cantidades y año y medio en los conflictos que no tienen signo económico. En el ámbito civil el plazo viene a ser similar mientras que los recursos ante las instancias superiores, audiencias territoriales, tribunales superiores de justicia y Supremo la resolución puede demorarse hasta los cinco años.
Todavía es pronto para saber los resultados de la reforma que ya está en vigor, la de la sustitución de los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia. De momento se ha detectado un significativo retraso en el funcionamiento de las nuevas secciones de violencia de género algunas de las cuales están pendientes del nombramiento de un titular, algo que se espera resolver con la convocatoria de nuevas plazas, algo a lo que se oponen los conservadores. El definitiva que estamos ante la pescadilla que se muerde la cola.
La independencia judicial no se fomenta con protestas por las placas que figuran en las dependencias de los juzgados o los membretes de los autor, sentencias y providencias. El problema es de mucho más calado. Pero los conservadores no quieren oír hablar de estas iniciativas que lo que hacen es acabar con muchos de los privilegios de jueces y magistrados.