La huelga general también golpea a Sánchez

La huelga general de hoy ha generado polémica, sobre todo porque los sindicatos mayoritarios llevaban sin convocar un paro total desde el año 2012. Desde la derecha y los ultras se ha acusado de que se trata de una huelga política para beneficiar los intereses políticos de Pedro Sánchez. Desde la patronal, más o menos lo mismo.

Sin embargo, desde el Gobierno y los partidos de la izquierda se ha afirmado sin ningún tipo de rubor que es una huelga contra la oposición, contra los gobiernos del PP y Vox en las comunidades autónomas.

Sin embargo, la realidad es más incómoda porque, en principio, la huelga general es una reivindicación de las personas que se han manifestado o concentrado por el derecho a la vivienda, pero la defensa de ese derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución no es, por sí sola, una causa legal para convocar un paro total, según la legislación vigente. Esa es la razón por la que los sindicatos mayoritarios incluyeron la coletilla “por los salarios”.

Ahí está el problema para Pedro Sánchez porque, al incluir la reivindicación salarial, la huelga también se dirige hacia el propio Gobierno dado que la gestión nefasta (o inexistente) del mercado laboral es causa directa de los bajos salarios que se pagan y que impiden o condicionan el acceso a la vivienda es responsabilidad del actual Ejecutivo.

Empleo que no saca de la pobreza

Los datos oficiales son incuestionables. El Gobierno no cesa de presumir en cada comparecencia pública de haber superado la barrera récord de los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social y de haber situado la tasa de desempleo general por debajo del 10%, una marca inédita en los últimos quince años.

Pero cuando se rasca la superficie de esos titulares de propaganda triunfalista y se analizan en profundidad las tripas de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la foto fija resulta infinitamente más sombría.

España mantiene una tasa de desempleo que roza el diez por ciento, una cifra que, aunque supone un avance relativo en el histórico nacional, sigue situando al país a la cabeza del paro en la Unión Europea y duplicando holgadamente la media comunitaria. Pero la verdadera y más trágica contradicción no radica únicamente en quienes buscan un puesto de trabajo y chocan contra un muro de desempleo estructural. La herida más profunda de la sociedad española la encarna la abultada bolsa de ciudadanos que, aun teniendo un contrato firmado y una nómina mensual, son oficialmente pobres.

Parcialidad involuntaria

La radiografía detallada del INE confirma que la parcialidad involuntaria y la volatilidad de los ingresos continúan siendo el gran lastre del tejido productivo. Cerca de 2,8 millones de asalariados y ocupados trabajan hoy en día a jornada parcial en España. La tragedia detrás del dato es que más del cincuenta por ciento de esas personas declaran a que trabajan a tiempo parcial simplemente porque no han sido capaces de encontrar un empleo a jornada completa.

No es una elección personal para conciliar la vida familiar o continuar con estudios superiores, es una imposición tajante del mercado de trabajo gestionado por Pedro Sánchez.

Esta brecha de horas tiene además un sesgo de género incontestable. Aproximadamente el 73% de los ocupados a tiempo parcial son mujeres, lo que consolida una brecha salarial indirecta al recortar sistemáticamente el número bruto de horas remuneradas al cabo del mes.

Esos contratos amputados se traducen en nóminas raquíticas que ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional en términos brutos reales. Una nómina de seiscientos o setecientos euros no permite sostener un proyecto de vida autónomo en ninguna capital de provincia española, convirtiendo el empleo en un mero espejismo de integración social.

Récord del pluriempleo

Es cierto que la tasa de temporalidad en el sector privado experimentó un descenso notable en los papeles, situándose en el entorno del doce o trece por ciento mediante el trasvase masivo de trabajadores hacia la figura del contrato indefinido ordinario o del fijo discontinuo.

De hecho, los asalariados con contrato indefinido superan hoy los 16,6 millones de personas en España, marcando un máximo histórico sin precedentes. Sin embargo, la realidad material del trabajador no ha cambiado al mismo ritmo que la terminología jurídica de sus contratos.

La rotación contractual e inestabilidad laboral se han mantenido vivas a través de otros mecanismos más sutiles. La Tesorería General de la Seguridad Social y la propia EPA registran un aumento significativo de la mortalidad de las relaciones laborales mediante dos vías principales: la rescisión recurrente de contratos indefinidos durante el periodo de prueba y la inactividad periódica que sufren los trabajadores fijos discontinuos.

Un trabajador puede figurar formalmente como “empleado indefinido” en los registros del Ministerio, pero si su contrato se interrumpe tres o cuatro veces al año o si sus ingresos se congelan durante meses de inactividad, su vulnerabilidad económica ante, por ejemplo, un arrendador es exactamente la misma que la de un antiguo contratado temporal.

Esta insatisfacción salarial y la pérdida galopante de poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada han traído consigo un fenómeno social alarmante: la explosión del pluriempleo de subsistencia en España. Por primera vez desde que se elaboran registros estadísticos homogéneos, el número de personas que declaran tener dos o más empleos simultáneos ha superado la barrera de las 600.000 personas.

Los microdatos estatales revelan un cambio de patrón escalofriante. Quien busca hoy un segundo o un tercer trabajo en el sector servicios, la hostelería o el reparto a domicilio ya no lo hace para financiar un proyecto empresarial, acumular ahorros o escalar profesionalmente en su sector. Lo hace por pura supervivencia doméstica.

Son trabajadores golpeados por la parcialidad que necesitan sumar las horas de dos empleos precarios para conseguir el volumen de ingresos que un solo trabajo debería garantizarles en un país desarrollado.

La edad como discriminación

Si la precariedad laboral es el suelo sobre el que se levanta el malestar social, la brecha de edad es el factor que multiplica la indignación. Los datos de la EPA demuestran que la fecha de nacimiento que figura en el documento nacional de identidad continúa siendo el principal elemento de discriminación en el mercado de trabajo español.

Mientras el desempleo entre los adultos de treinta a cincuenta y cuatro años se estabiliza en un moderado 8,6 por ciento, la tasa de paro juvenil en España entre los menores de veinticinco años se sitúa en un escandaloso 25,5 por ciento, encabezando las clasificaciones de desempleo de toda la Unión Europea y duplicando con holgura la media de la Eurozona.

Incluso en el tramo de veinticinco a veintinueve años, cuando se supone que el joven ha completado su formación e inicia su consolidación laboral, la tasa de desempleo supera el 12,8 por ciento, situándose tres puntos por encima del promedio nacional.

Pero el problema no termina en la falta de vacantes. Aquellos jóvenes que logran cruzar la puerta de una empresa lo hacen atrapados en un entorno de inestabilidad absoluta: la tasa de temporalidad entre los menores de veinticinco años roza el 43 por ciento.

Cuando esta realidad laboral golpea contra las exigencias del mercado inmobiliario, el impacto es devastador. En la vida real de los barrios obreros de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares o Bilbao, los propietarios privados y las agencias inmobiliarias han levantado un muro insalvable.

Para alquilar un piso modesto o incluso una simple habitación en una vivienda compartida, el mercado exige hoy nóminas fijas que tripliquen el precio de la renta mensual, la presentación de la vida laboral, dos o tres meses de fianza por adelantado y la firma de avales bancarios o personales.

Para un joven atrapado en la parcialidad, para un trabajador pluriempleado sin jornada completa o para un asalariado fijo discontinuo, superar esa criba burocrática resulta una quimera matemática. La consecuencia es una parálisis vital absoluta: la tasa de emancipación juvenil en España se ha hundido a niveles históricamente bajos, mientras miles de trabajadores adultos se ven obligados a destinar más del cincuenta por ciento de sus ingresos netos a pagar el alquiler de una habitación, compartiendo piso con desconocidos bien cumplidos los treinta o cuarenta años.

El 11N como enmienda a la totalidad

La calle ha entendido una verdad incómoda que los despachos ministeriales pretendían ignorar: no puede existir un derecho efectivo a la vivienda digna mientras la estructura laboral del país siga cimentada sobre salarios de miseria y contratos volátiles.

Exigir sueldos justos y estabilidad laboral no es un capricho corporativo ni un añadido sectorial, es la única tabla de salvación disponible para hacer frente a un mercado de arrendamiento desbocado.

Al poner sobre la mesa la precariedad de las nóminas, la huelga general señala directamente las insuficiencias de las políticas laborales del Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta no dará tregua a las administraciones territoriales de la oposición por su insumisión ante la Ley de Vivienda o por su falta de promoción pública, pero coloca al Ejecutivo de coalición en una posición de extrema vulnerabilidad moral.

Obliga a sus ministros a mirarse en el espejo de sus propias contradicciones y a responder por qué sus proclamados récords de afiliación no se traducen en tranquilidad financiera para las familias trabajadoras.

Si las reformas del mercado de trabajo no van acompañadas de un incremento real y sustancial de las rentas salariales, de una persecución eficaz de la parcialidad abusiva y de un freno drástico a la especulación inmobiliaria, la brecha entre el relato oficial y la experiencia de la calle seguirá ensanchándose.

Hoy no se está produciendo una simple jornada de protesta contra los caseros. Será el clamor de una clase trabajadora decidida a romper las cadenas de la precariedad para recuperar, de una vez por todas, las riendas y la dignidad de su vida cotidiana.

La contabilidad de la escasez

El análisis riguroso de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística revela un desajuste estructural que destruye el relato del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la salud del mercado laboral. Mientras la curva de afiliados muestra una pendiente ascendente ininterrumpida, el número total de horas trabajadas en el conjunto de la economía refleja un estancamiento persistente.

Esta realidad contrasta con el vigor de las cifras de empleo. Cuando se computan los datos del PIB y se dividen las horas acumuladas por el volumen total de personas declaradas como ocupadas, el resultado muestra una contracción continuada de la jornada media efectiva.

El fenómeno no responde a una conquista social de reparto voluntario del tiempo libre ni a una reducción pactada de la jornada laboral. Responde a la proliferación del trabajo a tiempo parcial involuntario, la multiplicación de los contratos fijos discontinuos en inactividad intermitente y el abuso de las jornadas reducidas en los sectores de bajo valor añadido.

Este troceado sistemático del empleo opera como un anestésico estadístico frente al drama de la exclusión social. Al convertir una plaza de trabajo a tiempo completo en dos o tres contratos a tiempo parcial o fijos discontinuos, las estadísticas del Gobierno de Pedro Sánchez contabilizan dos o tres afiliados más en las listas de la Seguridad Social.

Proyectan una imagen de dinamismo e inclusión económica. Sin embargo, en el mundo real, esos tres trabajadores perciben fracciones de salario que a menudo no alcanzan el umbral mínimo del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.

La precariedad ya no se mide únicamente por la duración legal del contrato escrito en el papel. Se mide por el número de horas efectivas que la empresa decide asignar a la semana.

En la economía de servicios, la hostelería, el comercio minorista y la logística, miles de personas se ven obligadas a vivir atadas a la incertidumbre de un cuadrante horario cambiante. Sufren la paradoja de figurar en las estadísticas oficiales como ciudadanos plenamente integrados en el mercado laboral mientras experimentan de primera mano la exclusión material.

España, fábrica del trabajador pobre

El dividendo social de esta estrategia de fragmentación horaria es la consolidación del fenómeno de la pobreza laboral. Una realidad constatada año tras año en las memorias de la Agencia Tributaria y las mediciones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

Según la Agencia Tributaria, un porcentaje alarmante de los perceptores de rendimientos del trabajo en España ingresa anualmente sumas inferiores al salario mínimo anualizado, un indicador directo de la discontinuidad laboral y de la brevedad de las jornadas desempeñadas.

Trabajar en España ya no es una garantía automática para salir de la pobreza. Cuando el salario resultante de un contrato a tiempo parcial involuntario debe hacer frente a una cesta de la compra encarecida y a un mercado inmobiliario desbocado, donde el precio del alquiler absorbe en muchas capitales más del cincuenta por ciento del sueldo medio, el contrato de trabajo deja de operar como un mecanismo de movilidad social. Se convierte en una cartilla de racionamiento.

La raíz de esta vulnerabilidad no radica únicamente en la flexibilidad normativa. Radica en la propia estructura del modelo productivo español, fuertemente inclinado hacia actividades de escasa productividad marginal y baja intensidad tecnológica.

Las empresas de servicios no cualificados recurren a la flexibilidad horaria como una variable de ajuste frente a las oscilaciones del mercado. Trasladan el riesgo empresarial directamente sobre la espalda del trabajador. Si las ventas caen o el consumo se desacelera, el ajuste no se realiza mediante el despido, sino recortando la llamada a la actividad o reduciendo los turnos semanales.

La empresa conserva su capacidad operativa a bajo coste y el Estado presiona a la baja la cifra formal de paro. Pero el coste real de esa flexibilidad es asumido íntegramente por los hogares, que sufren oscilaciones impredecibles en sus ingresos, quedan atrapados en un limbo económico que les impide proyectar cualquier plan de vida a medio plazo.

La mutación de la temporalidad

Uno de los argumentos centrales de la propaganda oficial sobre el mercado de trabajo ha sido el incremento exponencial de la contratación indefinida tras la última gran reforma laboral, reforma laboral que, hay que recordar, contaba con la oposición de muchos sectores de la izquierda y que solo se pudo aprobar gracias a un diputado del Partido Popular que se equivocó al votar.

La drástica reducción teórica de los contratos temporales ha sido enarbolada como la prueba definitiva de la modernización de las relaciones laborales en España. No obstante, un análisis detallado del comportamiento de las bajas en la Seguridad Social y de la duración media de los contratos demuestra algo.

La temporalidad no ha desaparecido. Ha mutado de forma. La figura del contrato fijo discontinuo ha asumido el papel que antes desempeñaban los contratos de obra y servicio o los contratos eventuales por circunstancias de la producción.

Los datos del propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan que la mortalidad de los contratos indefinidos se ha disparado. Miles de trabajadores firman un contrato de naturaleza indefinida para ser dados de baja semanas o días después por no superación del periodo de prueba o son enviados a la situación de inactivación en el caso de los fijos discontinuos.

La estabilidad formal en el registro no se traduce en estabilidad real en los ingresos. Un trabajador puede ostentar la condición jurídica de empleado fijo discontinuo y pasar varios meses al año sin percibir salario alguno ni generar cotizaciones efectivas.

Esta ficción contractual permite mantener las métricas formales de empleo en niveles máximos mientras la precariedad vital de las familias se mantiene intacta. La protección del trabajador se evapora en la práctica cuando la continuidad del salario mensual depende de la arbitrariedad del tiempo de trabajo asignado.

Una economía empobrecida en solo 8 años

El estancamiento crónico de la productividad por hora trabajada en España es la consecuencia directa de un modelo laboral centrado en el bajo coste y la sobreexplotación del factor trabajo por vía de la fragmentación.

Los datos de Eurostat muestran de forma reiterada que España se distancia de los niveles de productividad por hora de las principales potencias del centro y norte de Europa. Un modelo económico que basa su competitividad en repartir el empleo existente mediante minijobs implícitos no incentiva la inversión en capital productivo, la digitalización de los procesos ni la formación continua de los trabajadores. Por el contrario, perpetúa una espiral viciosa. Las empresas no necesitan innovar porque disponen de un volumen ingente de mano de obra barata y extremadamente flexible a la que pueden recurrir por horas.

Mientras, los trabajadores, sometidos a salarios de supervivencia, carecen del margen económico y temporal necesario para capacitarse y acceder a puestos de mayor valor añadido.

Esta trampa de baja productividad y empleo precario amenaza seriamente la sostenibilidad futura de las arcas públicas y del sistema de pensiones. La Seguridad Social no se financia únicamente con el número absoluto de personas dadas de alta en sus ficheros. Se financia con el volumen total de las cotizaciones recaudadas, las cuales dependen directamente del salario bruto y del número de horas cotizadas.

Millones de afiliados contratados a tiempo parcial o con salarios reducidos generan bases de cotización raquíticas, resultan insuficientes para sostener el gasto creciente de un sistema de pensiones presionado por la demografía.

La sustitución de empleos a tiempo completo y salarios medios por múltiples empleos a tiempo parcial y salarios de miseria equivale a levantar un castillo de naipes financiero. La fachada ofrece la impresión de una base sólida y concurrida, pero los cimientos se debilitan con cada nuevo contrato fragmentado que entra en el registro.

La incongruencia del mercado de trabajo español

La incongruencia del mercado de trabajo español exige superar de inmediato el triunfalismo cuantitativo para abordar una auditoría rigurosa sobre la calidad real del empleo.

Las cifras oficiales de afiliación a la Seguridad Social, al ser leídas de forma aislada, operan como un espejismo estadístico que enmascara el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Cuando se analiza la evolución del volumen total de horas trabajadas, la caída del tiempo de trabajo efectivo por persona y el avance incesante de la pobreza laboral a la luz de los datos del INE, la Agencia Tributaria, el SEPE, la Seguridad Social y Eurostat, el veredicto resulta ineludible.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto su problema de empleo, simplemente ha aprendido a dividir la precariedad entre un número más elevado de personas. Por esa razón, la huelga general de hoy, 11 de noviembre, también golpea a Pedro Sánchez, por más que el relato que se quiera imponer (y que mucha gente se creerá) sea otro muy diferente y surrealista.