Existe una lista de verificación casi académica a la que los politólogos acuden cuando pretenden catalogar las derivas autoritarias en rincones distantes del globo. Silenciar la disidencia, utilizar la fuerza del Estado contra la propia población, tratar el derecho internacional como un estorbo prescindible y castigar con saña a cualquier institución que intente pedir cuentas.
Durante generaciones, esa descripción encajaba en la comodidad del distanciamiento geográfico; era el retrato robot de una dictadura caribeña, un régimen de partido único en Eurasia o una junta militar en el sudeste asiático. Sin embargo, para millones de personas al otro lado del Atlántico, esa definición formal ha dejado de ser una abstracción teórica para convertirse en el aire enrarecido que se respira a diario en las calles de Washington, Minneapolis o Los Ángeles.
El silenciamiento de la sociedad en la era digital
El silenciamiento de la sociedad no siempre comienza con el cierre abrupto de una rotativa; en la era digital adopta la forma de un sesgo invisible. Desde que el conflicto en Gaza alcanzó niveles de devastación sin precedentes, analistas de derechos humanos y periodistas independientes han documentado un patrón sistemático de censura en las grandes plataformas tecnológicas.
Fotografías de protestas, crónicas desde el terreno y relatos sobre bajas civiles son etiquetados, invisibilizados o directamente eliminados por algoritmos opacos. Mientras la incitación al odio fluye con escasa resistencia, el testimonio de la victimización palestina queda sepultado por una mordaza digital que las corporaciones niegan aplicar pero que la realidad desmiente cada mañana.
La venganza contra la prensa
Pero la intimidación ha saltado de los servidores a la moqueta del poder político. El veto ejercido desde la Casa Blanca contra cadenas y medios como CNN, MS NOW o Politico, revocando sus credenciales de acceso físico tras la emisión de coberturas incómodas para el presidente, marca un precedente escalofriante.
Aunque los tribunales federales hayan tenido que intervenir para restituir temporalmente los pases apelando al debido proceso, la advertencia del Ejecutivo ha calado hasta los huesos en las salas de redacción: la fiscalización del poder conlleva la exclusión inmediata. La libertad de prensa pasa de ser una garantía constitucional a una mera formalidad sujeta al humor del gobernante.
Esta mordaza a la fiscalización pública corre en paralelo a una brecha cada vez más abismal entre las demandas de la sociedad y la acción del Congreso. Cuando la Cámara de Representantes debatió la moción para recortar los fondos militares destinados al despliegue en Oriente Medio, no se trató de un mero artificio parlamentario.
El intento de forzar una rendición de cuentas sobre el destino del dinero público reflejó una fractura evidente: las instituciones continúan financiando una maquinaria de guerra mientras la opinión pública se inclina de forma abrumadora en sentido contrario. Las cúpulas políticas ganan; la voluntad popular pierde.
La cacería de la justicia internacional
La verdadera dimensión de este viraje represivo se mide en su proyección externa e interna. Cuando la Corte Penal Internacional osó emitir órdenes de arresto vinculadas a los crímenes en la franja de Gaza, la respuesta de Washington no fue el debate jurídico, sino la venganza institucional.
Sancionar a los propios jueces internacionales, congelar las cuentas bancarias de los funcionarios comunitarios y amenazar con la detención de su personal es la conducta típica de un Estado paria que aborrece la legalidad internacional. Si una potencia es capaz de tratar a un tribunal mundial como a un grupo terrorista, resulta sencillo anticipar el destino que le aguarda al ciudadano común que decida alzar la voz en el frente interno.
No hace falta imaginarlo. La trágica muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense abatida a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, ilustra el abismo cotidiano. El testimonio roto de su madre ante el Congreso —una votante conservadora que apoyó la retórica de la ley y el orden confiando en que el Estado protegería a los suyos— destrozó la ficción oficial.
El control migratorio del ICE ha dejado de operar como una agencia administrativa para mutar en un brazo de represión interna que aterroriza a barrios enteros, donde el simple hecho de estar en el lugar equivocado convierte a ciudadanos y migrantes en objetivos de arrestos arbitrarios, deportaciones opacas y violencia institucional.
La única resistencia posible
Resulta de una ironía lacerante escuchar al presidente estadounidense denunciar desde la tribuna de Naciones Unidas la barbarie de regímenes autoritarios como el iraní, exigiendo su aislamiento diplomático por la represión ejercida contra su propia población. Las palabras pronunciadas en Nueva York describen, punto por punto, el mapa de la arbitrariedad que se consolida dentro de las propias fronteras americanas: medios vetados por informar, civiles tiroteados por la policía federal y la disidencia política etiquetada como una amenaza a la seguridad nacional.
La frontera entre el concepto académico de régimen de opresión política y la vivencia diaria de millones de familias se ha disuelto por completo. Criar a un hijo bajo la amenaza permanente de la arbitrariedad policial y ver cómo el poder persigue a los tribunales independientes es la constatación de un contrato social roto.
Frente a la inercia de la intimidación, el primer acto de resistencia al alcance de la ciudadanía consiste en nombrar la realidad con precisión matemática y sin subterfugios verbales. Las dictaduras no son eternas; comienzan a desmoronarse el día en que la gente común se niega a cerrar los ojos y decide no callar.
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