La promesa de bajar los impuestos tiene una ventaja política difícil de igualar: se entiende en segundos. El ciudadano escucha que pagará menos y puede imaginar inmediatamente qué hará con el dinero que dejará de aportar a Hacienda. La promesa de financiar hospitales, escuelas, transporte público, dependencia o pensiones, en cambio, exige explicar presupuestos, prioridades y resultados. Esa es la trampa de PP y Vox.
La experiencia de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ofrece un ejemplo útil para analizar quién se beneficia realmente de esas bajadas de impuestos. En distintas ocasiones, el Ejecutivo regional anunció deflactaciones y reducciones impositivas en todos los tramos autonómicos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF.
La medida es una de las banderas de su política económica y en un argumento recurrente de la derecha para defender que bajar impuestos puede estimular la actividad y favorecer la prosperidad.
El Gobierno madrileño calculó que sus reformas supondrían un ahorro agregado de varios cientos de millones de euros, que la reducción beneficiaría a millones de contribuyentes y que el ahorro relativo sería superior para las rentas más bajas.
Ese último matiz resulta fundamental. La discusión sobre quién gana con una bajada fiscal no puede despacharse con una sola cifra ni con una conclusión prefabricada. Sin embargo, tampoco puede limitarse a celebrar que todos paguen algo menos sin examinar cuánto representa ese ahorro para cada hogar y qué necesidades públicas compiten por los mismos recursos.
La calculadora de Ayuso y la desigualdad
Las simulaciones de la calculadora fiscal de la campaña de Ayuso en 2021 permiten visualizar cómo puede cambiar el ahorro nominal según el nivel de ingresos. De acuerdo con las simulaciones realizadas con dicha herramienta por Diario Sabemos para este análisis, una persona con un salario anual de 12.000 euros no obtendría reducción mensual; con 30.000 euros, el ahorro sería de 11,43 euros al mes; con 60.000 euros, de 32,76 euros; y con 100.000 euros, de 88,21 euros.
En los niveles de renta más elevados, las cantidades de esa misma simulación crecerían considerablemente. Para un salario anual de 500.000 euros, el ahorro calculado sería de 1.377,41 euros mensuales; para un millón, de 3.051,52 euros; y para cinco millones, de 16.444,37 euros al mes. La cifra atribuida a una renta de diez millones alcanza los 33.185,44 euros mensuales.
El ejemplo plantea una cuestión política de primer orden. Un ahorro fiscal expresado en euros puede aumentar enormemente a medida que crecen los ingresos, porque las personas con rentas elevadas tienen una base imponible mayor sobre la que aplicar una reducción. Eso no demuestra por sí solo que su rebaja sea mayor en términos porcentuales sobre la renta o sobre el impuesto pagado, pero sí explica por qué el volumen total de dinero que permanece en manos de los contribuyentes puede concentrarse en los tramos altos.
Para un hogar que ingresa 30.000 euros anuales, once euros al mes pueden ayudar a pagar una factura, aunque difícilmente alterarán sus condiciones materiales. Para una persona con ingresos de seis o siete cifras, una reducción de varios miles de euros mensuales puede representar una cantidad de gran relevancia patrimonial. La diferencia no es solo contable: refleja que una misma medida fiscal se experimenta de manera muy distinta según la situación económica de partida.
La letra pequeña
La cuestión, por tanto, no consiste en negar que una rebaja pueda beneficiar a muchos contribuyentes. Consiste en comprobar si el diseño de la medida responde a un criterio de equidad, si prioriza a quienes tienen menos margen económico y si el beneficio que ofrece compensa sus posibles costes colectivos.
Una de las confusiones más frecuentes en las campañas fiscales consiste en presentar como equivalentes tres indicadores distintos: el ahorro nominal, la reducción porcentual de la factura tributaria y la proporción del ahorro respecto de los ingresos anuales. El ahorro nominal expresa cuántos euros deja de pagar una persona. La reducción porcentual del impuesto mide qué parte de su factura fiscal desaparece. Y la proporción respecto de la renta permite comparar el beneficio con los ingresos totales del contribuyente.
Cada indicador responde a una pregunta diferente. Por eso, las cifras de ahorro mensual de la calculadora de Ayuso demuestran que una persona con ingresos de diez millones recibe una rebaja del 18,15% de su renta, y otra con menos de 30.000 euros obtiene exactamente un 5,98% de ahorro sobre sus ingresos.
PP y Vox: menos impuestos, pero ¿qué servicios y con qué recursos?
El Partido Popular y Vox comparten la defensa de una menor presión fiscal, aunque sus propuestas concretas y sus prioridades no son idénticas.
El PP suele presentar las rebajas como una vía para estimular la actividad económica, atraer inversión y aumentar la renta disponible. Vox insiste en una reducción más amplia de la carga tributaria y en una transformación del gasto público. Ambos planteamientos obligan a examinar la misma cuestión presupuestaria: qué ingresos se dejan de recaudar, qué gastos se reducen y qué efectos tendrá esa combinación sobre los servicios que utiliza la población.
La factura invisible de los recortes tributarios
La promesa de que una bajada de impuestos terminará generando por sí sola una recaudación mayor requiere, por eso, pruebas específicas. No basta con repetir que el dinero en manos de las familias y las empresas produce crecimiento. Hay que demostrar cuánto crecimiento adicional genera cada medida, en qué plazo y qué proporción de los ingresos perdidos puede recuperarse.
El resultado puede variar según el impuesto, la coyuntura económica y la composición de los contribuyentes. Si una rebaja concentra una parte sustancial del ahorro total en los hogares de ingresos elevados, sus defensores deben explicar por qué ese diseño es preferible a alternativas que alivien más directamente a quienes tienen menor capacidad económica.
Y si se sostiene que la medida beneficia especialmente a las rentas bajas, deben publicarse cálculos comparables que permitan comprobarlo. No se trata de exigir que todos paguen lo mismo ni de negar el derecho de los ciudadanos a conservar una parte mayor de sus ingresos. Se trata de evaluar si el sistema fiscal reparte las cargas de manera razonable y si el Estado mantiene recursos suficientes para garantizar derechos y oportunidades.
Los impuestos suelen percibirse como una transferencia inmediata de dinero desde el bolsillo privado hacia la Administración. Sus beneficios, sin embargo, son menos visibles porque se distribuyen entre millones de personas y aparecen en servicios que no siempre se identifican directamente con la recaudación.
Una familia puede beneficiarse de una reducción fiscal y, al mismo tiempo, depender de una consulta médica, una plaza escolar, una ayuda a la dependencia o una infraestructura pública financiada con los ingresos tributarios. El ahorro individual se observa en la cuenta bancaria; el efecto de una reducción presupuestaria puede aparecer más tarde, en forma de listas de espera, deterioro de instalaciones, menor cobertura de programas o necesidad de contratar servicios privados.
La batalla política por el significado de pagar menos
Cuando un Gobierno promete simultáneamente rebajar impuestos, mejorar la sanidad, reforzar la educación y ampliar las ayudas sociales, necesita mostrar las cuentas. Sin esa información, como hacen el PP y Vox, el electorado no puede distinguir entre una estrategia financiable y una suma de compromisos que compiten por recursos limitados.
En este sentido, el ejemplo madrileño plantea una cuestión que trasciende a Ayuso y afecta al debate fiscal nacional. La discusión sobre las rebajas promovidas por el PP y Vox debería incluir no solo cuánto dinero ahorra cada contribuyente, sino también qué distribución de beneficios se persigue, qué ingresos pierde la Administración y cómo se compensará esa pérdida.
Ninguna de estas opciones es gratuita ni está exenta de problemas. Las ayudas focalizadas pueden generar burocracia y dejar fuera a personas que necesitan apoyo. Las reducciones generales pueden ser más sencillas de administrar, pero repartir el beneficio de forma desigual en términos absolutos. Las deducciones pueden favorecer a quienes tienen cuota suficiente para aprovecharlas, mientras que una ayuda reembolsable puede llegar también a hogares con obligaciones tributarias reducidas.
La clave está en explicitar las prioridades y comparar las alternativas. Una política fiscal responsable debe evaluar la equidad, la eficiencia económica, el coste presupuestario y la facilidad de aplicación. También debe considerar la renta disponible real, afectada no solo por los impuestos, sino por el precio de la vivienda, la energía, la alimentación y otros gastos esenciales.
Para una familia que destina gran parte de sus ingresos al alquiler, una reducción de unos pocos euros mensuales tiene un efecto limitado frente al encarecimiento de la vivienda. Para un contribuyente con una renta muy elevada, una reducción fiscal considerable aumenta su capacidad de ahorro e inversión.
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