La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, presentó en los Desayunos Madrid de Europa Press una exposición integral del modelo económico madrileño, defendiendo una estrategia basada en la confianza en las personas, la libertad económica, la estabilidad institucional y una fiscalidad baja como pilares para el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad del Estado del bienestar. El gobierno de Ayuso presenta este modelo como un caso de éxito cuando, en realidad, no lo es.
El discurso del llamado modelo económico de Madrid se ha convertido en una de las piezas centrales del debate político español. Presentado como una combinación virtuosa de baja fiscalidad, libertad económica y estabilidad institucional, se ofrece como prueba de que el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad del Estado del bienestar pueden lograrse reduciendo impuestos y regulación. Sin embargo, cuando se somete este relato a un análisis económico y político comparado, el edificio empieza a mostrar grietas. No porque Madrid no crezca, sino porque atribuir ese crecimiento casi exclusivamente a su modelo fiscal e institucional es una simplificación interesada que ignora factores estructurales y contradice numerosas experiencias internacionales.
El primer problema del relato es el uso del éxito relativo de Madrid como evidencia causal. Que la región aporte cerca del 20% del PIB nacional y atraiga una parte desproporcionada de la inversión no demuestra automáticamente la superioridad de su política económica. Madrid es capital de Estado, concentra el poder político, administrativo y regulatorio, alberga las sedes de grandes empresas y organismos públicos y actúa como nodo natural de servicios avanzados. París, Londres o Bruselas presentan patrones similares, independientemente del signo político de sus gobiernos regionales o del nivel de impuestos. La literatura económica es clara: las capitales tienden a crecer más por economías de aglomeración, no por fiscalidad diferencial.
La insistencia en la baja fiscalidad como motor del crecimiento tampoco resiste bien la comparación internacional. Países con una presión fiscal elevada como Suecia, Dinamarca o Países Bajos combinan impuestos altos con crecimiento sostenido, innovación, empleo de calidad y Estados del bienestar robustos. En estos casos, la clave no es cuánto se recauda, sino cómo se recauda y en qué se gasta. La evidencia empírica de la OCDE muestra que los sistemas fiscales progresivos bien diseñados no penalizan el crecimiento y, en muchos casos, lo refuerzan al financiar capital humano, infraestructuras y cohesión social.
El argumento del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de que bajar impuestos aumenta automáticamente la recaudación se apoya implícitamente en una versión simplificada de la curva de Laffer. Pero los ejemplos históricos desmienten su aplicación general. En Estados Unidos, las rebajas fiscales de Kansas a partir de 2012, inspiradas en la misma filosofía, provocaron una caída de ingresos, deterioro de servicios públicos y terminaron siendo revertidas incluso por legisladores republicanos. A escala nacional, las rebajas de impuestos de la era Trump dispararon el déficit sin generar el boom de inversión prometido. El crecimiento de la recaudación madrileña responde en gran medida al crecimiento de la base económica y demográfica, no a un milagro fiscal replicable.
El mercado laboral ofrece otra lectura menos complaciente. La tasa de paro en torno al 7% es baja en términos españoles, pero no excepcional en el contexto europeo. Regiones de Alemania, Países Bajos o Austria presentan tasas similares o inferiores con modelos laborales muy distintos, basados en negociación colectiva fuerte, salarios más altos y mayor protección. Además, el dato de contratos indefinidos en Madrid no puede aislarse del marco estatal de reforma laboral ni del peso del sector servicios de alto valor añadido. La precariedad no desaparece, se redistribuye territorialmente y sectorialmente.
El discurso sobre la desregulación como antídoto universal contra la pérdida de competitividad también merece matices. Corea del Sur, Japón o Alemania no han construido su potencia industrial eliminando normas, sino mediante Estados estratégicos, planificación a largo plazo y colaboración público privada. La regulación no es en sí un obstáculo; lo es la mala regulación. Países con marcos normativos complejos pero previsibles y estables atraen más inversión que territorios con reglas mínimas pero volátiles. La clave no es menos Estado, sino mejor Estado.
En materia de vivienda, la explicación centrada casi exclusivamente en el urbanismo y la demografía ignora experiencias internacionales incómodas para el relato liberal. Ciudades como Viena, con una fuerte intervención pública en el mercado del alquiler, han logrado estabilidad de precios y acceso universal sin colapsar la oferta. Por el contrario, mercados altamente liberalizados como Dublín o San Francisco han sufrido burbujas persistentes pese a su dinamismo económico. El problema no es solo la oferta, sino quién controla el suelo, para qué y con qué incentivos.
La reivindicación de Madrid como región solidaria tampoco puede desligarse del diseño del sistema. Que aporte más al fondo común es lógico dado su mayor nivel de renta, pero el debate sobre financiación autonómica no puede reducirse a una defensa abstracta de la caja única mientras se practica una competencia fiscal a la baja que erosiona la capacidad recaudatoria del conjunto. Alemania, país federal de referencia, combina solidaridad territorial con límites estrictos a la competencia fiscal interna para evitar desequilibrios estructurales.
En última instancia, el modelo Madrid funciona más como relato político que como teoría económica exportable. Madrid crece, sí, pero lo hace apoyada en ventajas estructurales difíciles de replicar, en un contexto nacional que absorbe parte de los costes y con una estrategia que, llevada al extremo, podría debilitar los propios pilares del Estado del bienestar que dice proteger. Los ejemplos internacionales muestran que no existe una fórmula única para el crecimiento, pero sí una constante: los países y regiones más prósperos combinan mercado con instituciones fuertes, fiscalidad suficiente y políticas públicas ambiciosas.