La Fiscalía Europea y la Fiscalía Popular Suprema de China han instalado su particular teléfono rojo. No consta que el aparato sea realmente rojo, tenga botones dorados o suene en mitad de la noche, pero la idea resulta bastante fiel a lo firmado: establecer una vía directa para que ambas autoridades puedan comunicarse cuando una investigación sobre el presupuesto europeo conduzca hasta China.
El acuerdo de trabajo fue suscrito el 4 de septiembre de 2026, en Luxemburgo, por la fiscal general europea, Laura Kövesi, y el fiscal general chino, Ying Yong. Según el comunicado oficial, permitirá mejorar la cooperación judicial frente a la delincuencia organizada que perjudica los intereses financieros de la Unión Europea, el blanqueo de capitales y la corrupción. También pretende facilitar la localización y recuperación de activos ilícitos.
Dicho sin el envoltorio institucional: cuando el dinero desaparezca en Europa y reaparezca bajo jurisdicción china, los fiscales europeos dispondrán de un interlocutor al otro extremo de la línea. Hasta ahora, como suele ocurrir en la cooperación internacional, localizar al interlocutor adecuado podía resultar casi tan laborioso como localizar el propio dinero.
El teléfono rojo, sin embargo, no viene acompañado de superpoderes. La Fiscalía Europea no podrá investigar directamente en China, ni la Fiscalía Popular Suprema podrá actuar por cuenta propia en territorio de la Unión. Cada institución continuará sometida a sus competencias, procedimientos y límites legales. Se crea un canal de contacto; no una fiscalía mundial, por mucho que la fotografía de la firma sugiera que la delincuencia organizada ya puede empezar a temblar.
Tampoco se han anunciado equipos conjuntos, plazos obligatorios de respuesta, procedimientos automáticos para obtener pruebas o una lista de investigaciones en marcha. El acuerdo se completa con un plan de acción para 2026-2028, aunque su contenido operativo no aparece detallado en el comunicado público. Hay teléfono, agenda y promesa de conversación; todavía no sabemos qué rapidez tendrá la línea ni cuánto tardará cada parte en descolgar.
La diferencia jurídica importa. El Reglamento de la Fiscalía Europea permite celebrar acuerdos de trabajo con autoridades de terceros países para intercambiar información estratégica, designar enlaces y establecer puntos de contacto. Estos instrumentos facilitan la cooperación, pero no equivalen por sí solos a un tratado internacional vinculante de asistencia judicial penal.
La iniciativa llega, además, cuando el fraude transfronterizo ha dejado de ser una travesura contable para convertirse en una industria de grandes dimensiones. Al cierre de 2025, la Fiscalía Europea investigaba 3.602 casos activos con un perjuicio estimado de 67.270 millones de euros. Los 981 expedientes vinculados al fraude del IVA y de aduanas concentraban por sí solos unos daños calculados en 45.010 millones.
La institución europea también ha advertido de una fuerte presencia de redes criminales chinas en determinados circuitos fraudulentos de importación y venta de mercancías. La precisión es importante: se habla de organizaciones delictivas con conexiones chinas, no de una sospecha colectiva contra un país o sus ciudadanos. La delincuencia económica ya produce suficientes distorsiones sin necesidad de añadirle prejuicios de fabricación doméstica.
Disponer de un contacto directo puede ayudar a seguir cuentas, empresas, intermediarios y bienes cuando el rastro atraviese fronteras. También puede convertirse en otro mecanismo de cooperación de impecable aspecto ceremonial y escaso rendimiento práctico. Todo dependerá de qué información se comparta, con qué garantías, en cuánto tiempo y hasta dónde permitan avanzar las respectivas legislaciones.
La firma, por tanto, no representa una revolución judicial. Es algo más modesto y potencialmente útil: dos fiscalías que por fin se dan el número para hablar de los delitos que las conectan. El éxito no se medirá por la solemnidad del comunicado ni por el color imaginario del teléfono, sino por las respuestas obtenidas cuando empiece a sonar.
Porque los defraudadores llevan años comunicándose sin necesidad de planes de acción, ceremonias en Luxemburgo ni notas de prensa. Ahora corresponde comprobar si las fiscalías consiguen hablar con la misma eficacia.
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