Luis ‘Alvise’ Pérez vuelve a estar contra las cuerdas. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se retire la inmunidad parlamentaria al líder de Se Acabó la Fiesta para que pueda ser juzgado por financiación ilegal. El movimiento de la Fiscalía, que se suma a las acusaciones presentadas por PSOE y otras partes personadas en el procedimiento, deja a Alvise a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.
Según fuentes judiciales, el Ministerio Público entiende que las pruebas reunidas en los últimos meses no solo confirman las sospechas iniciales, sino que apuntalan la existencia de “indicios racionales de criminalidad” en las actuaciones del eurodiputado. En el centro del caso, los 100.000 euros en efectivo que recibió de Álvaro Romillo, conocido en el mundo de las criptomonedas como CryptoSpain, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas de 2024.
Dinero en efectivo y cuentas opacas
La investigación policial ha sido contundente: el dinero entregado a Alvise no era para gastos personales ni charlas profesionales, como él ha alegado en distintas fases de su declaración, sino para financiar actos de campaña, logística y propaganda electoral. Los informes revelan que el dinero se recibió en metálico para evitar el control del Tribunal de Cuentas y que nunca fue declarado, algo que puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Romillo, también imputado, ha confirmado en sede judicial que su aportación económica tenía un objetivo claro: ayudar a que la candidatura de Se Acabó la Fiesta obtuviera visibilidad y resultados en las urnas. La Policía ha subrayado que la “motivación subyacente” del pago era inequívocamente electoral, desmontando la última versión de Alvise, que llegó a decir que lo necesitaba para poder cumplir con su promesa de sortear su sueldo de eurodiputado entre sus seguidores.
Un relato que no convence
El propio Alvise ha reconocido que recibió el dinero en una maleta de deporte, pero ha intentado presentarlo como una especie de “adelanto” para gastos de su vida privada. Para la Fiscalía, estas explicaciones carecen de credibilidad y se contradicen con los mensajes intervenidos en los que el líder ultra hablaba de la necesidad de recaudar entre 300.000 y 360.000 euros para poder financiar su campaña.
El juez instructor Julián Sánchez Melgar ya había preguntado a las partes si era el momento de solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo. Ahora, con el informe policial sobre la mesa, la Fiscalía ha dejado claro que sí lo es. Una vez que el Parlamento Europeo levante la inmunidad, el proceso podría acelerarse y desembocar en una imputación formal.
El relato político de Alvise, en entredicho
La causa por financiación irregular no es el único problema judicial de Alvise. El eurodiputado tiene abiertas otras investigaciones por difundir una prueba PCR falsa atribuida a Salvador Illa y por acosar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert. Estas causas dibujan un patrón de comportamiento en el que, según fuentes judiciales, el agitador de redes habría traspasado en varias ocasiones la línea de la legalidad.
El posible juicio por financiación ilegal sería, sin embargo, el más grave de todos, pues podría acarrear penas de prisión si se confirma que los fondos se usaron para sufragar actos de campaña de manera opaca y al margen de la normativa electoral.
El líder de Se Acabó la Fiesta ha intentado presentar la investigación como un ataque de las “élites” contra su movimiento, pero la contundencia de los informes policiales y el respaldo de la Fiscalía hacen difícil sostener ese discurso. Para sus detractores, el caso pone de manifiesto que detrás de su imagen de “outsider” hay un entramado de financiación irregular que merece ser esclarecido en los tribunales.
Si el Parlamento Europeo concede el suplicatorio, Alvise tendrá que responder ante la Justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Para un político que se ha construido sobre el discurso de la transparencia y la lucha contra la corrupción, verse acusado de financiación ilegal supone un golpe devastador a su credibilidad.