Alberto Núñez Feijóo ha elegido el suplicatorio como nuevo eje de su discurso de “regeneración democrática”. Lo ha hecho con tono de advertencia y con un destinatario inequívoco: el presidente del Gobierno. Pero detrás del anuncio de una futura reforma legal no hay, por ahora, una propuesta concreta ni un diagnóstico preciso. Hay, sobre todo, una operación política que utiliza el lenguaje del derecho para reforzar un relato de excepción.
En la clausura de la interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña, Feijóo aseguró que reformará la regulación del suplicatorio para evitar que se utilice para “esquivar la Justicia” y garantizar la “impunidad”. La acusación, formulada en abstracto, no fue acompañada de ningún caso concreto ni de una explicación técnica sobre qué estaría fallando en el sistema. Bastó con señalar al presidente del Gobierno para dar por acreditada la anomalía.
Feijóo llegó a afirmar que “ni siquiera la Constitución está preparada” para un Ejecutivo que, a su juicio, la incumple. La frase no apunta a un vacío legal identificable, sino a una desconfianza explícita en el funcionamiento de las instituciones cuando estas no producen el resultado político deseado. El suplicatorio, una garantía parlamentaria concebida para proteger la separación de poderes, queda así retratado como un atajo para la impunidad sin evidencia de que esté operando de ese modo.
Un concepto jurídico maltratado
El suplicatorio no archiva causas ni borra delitos. Autoriza —o no— la continuación de un procedimiento penal contra un aforado, preservando el equilibrio entre la acción judicial y la representación parlamentaria. Vincular su concesión al sobreseimiento automático, como hizo Feijóo, no es una interpretación discutible del derecho: es una descripción incorrecta de su funcionamiento.
La paradoja es evidente. El líder del PP promete una reforma para frenar un uso abusivo de una figura que, en la práctica, no actúa como él la presenta. Y lo hace sin aclarar si su intención es limitar el aforamiento, modificar las mayorías parlamentarias exigidas o alterar la relación entre Cortes y tribunales. Habla de regeneración, pero evita descender al terreno concreto donde esa regeneración debería definirse.
El mensaje se refuerza con una consigna política: “No amnistiaré al sanchismo”. El término no es casual. Convierte una eventual reforma técnica en una enmienda moral al adversario. El debate deja de ser institucional y pasa a ser identitario. No se trata de mejorar el sistema, sino de impedir que “los otros” se beneficien de él.
El enemigo como método
Feijóo sostiene que en España “se ha cambiado poder por impunidad”. Es una acusación grave que apunta directamente a Pedro Sánchez y, por extensión, al PSOE. Pero vuelve a carecer de respaldo jurídico. No hay resoluciones anuladas por suplicatorios concedidos ni causas archivadas por decisiones parlamentarias que sostengan ese diagnóstico.
El esquema es conocido. Se sugiere un uso fraudulento de las instituciones sin demostrarlo y se promete una corrección futura desde el poder. La deslegitimación previa se convierte así en condición de la alternativa política. Si el sistema funciona, el adversario es culpable; si no funciona, hay que reformarlo. El resultado, en ambos casos, es el mismo.
El contraste con la trayectoria del propio PP resulta difícil de obviar. Durante años, el partido ha defendido aforamientos amplios, ha utilizado reformas legales para blindar mayorías y ha ejercido su peso institucional para condicionar órganos clave. Presentarse ahora como garante de una pureza democrática amenazada suena menos a impulso reformista que a reajuste discursivo.
Regeneración sin contenido
Feijóo alude a un plan de regeneración coordinado por Cuca Gamarra, pero no ofrece detalles. No hay calendario, ni borradores conocidos, ni debate previo. Solo una promesa vinculada a una hipotética victoria electoral. Mientras tanto, el suplicatorio funciona como símbolo útil: técnico en apariencia, inflamable en términos políticos.
El líder del PP llegó a afirmar que “hay un diputado en la cárcel en pleno ejercicio de sus facultades”, en referencia a José Luis Ábalos. La frase, además de inexacta, mezcla procedimientos judiciales con una narrativa de excepcionalidad que confunde garantías con privilegios y derechos con impunidad.
No es un recurso nuevo. Desde que asumió el liderazgo del PP, Feijóo ha optado por elevar el tono institucional de la crítica sin asumir el coste de concretarla. La regeneración democrática aparece como promesa abstracta, siempre futura y siempre condicionada a desalojar al adversario. Mientras tanto, se desliza la idea de que la ley es un obstáculo cuando no sirve al objetivo político.
La dureza del discurso no compensa la falta de precisión. Reformar el suplicatorio puede ser objeto de debate. Convertirlo en prueba de una supuesta deriva autoritaria sin base jurídica es otra cosa. Lo que Feijóo plantea no es tanto una reforma como un marco de sospecha permanente sobre el sistema cuando no lo gobierna.