Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir su candidatura en una promesa de reparación nacional y pretende presentarse ante la ciudadanía como un salvador de la patria. Su «Contrato con España» no se presenta como un programa electoral más. Se presenta como un compromiso personal con los ciudadanos, una suerte de pacto moral destinado a cerrar una etapa de polarización, recuperar la confianza en las instituciones y devolver al país una prosperidad que el líder del Partido Popular considera perdida. El envoltorio es solemne. El problema comienza cuando se examina qué hay detrás de las palabras.
El documento dibuja una España degradada por la ineficacia administrativa, la corrupción, la presión fiscal y el deterioro de los servicios públicos. Frente a ese panorama, Feijóo ofrece doce compromisos que abarcan desde la independencia judicial hasta las pensiones, pasando por la inmigración, la educación, la seguridad y el salario medio. La amplitud del catálogo pretende proyectar una imagen de liderazgo integral, pero plantea una cuestión fundamental y no es otra que cómo pretende financiar, ejecutar y evaluar tantas promesas sin concretar suficientemente sus instrumentos, sus plazos y sus prioridades.
La crítica no reside en que un candidato prometa mejorar el país. Lo hacen todos y todos incumplen sus promesas. La cuestión reside en la distancia entre la ambición de sus declaraciones y la precisión que exige gobernar una sociedad compleja. Un contrato político debería permitir a los ciudadanos comprobar qué se promete, cuánto costará, quién será responsable y qué ocurrirá si los objetivos no se cumplen. En el texto de Feijóo abundan las palabras definitivas. Faltan, en numerosos apartados, los mecanismos que convertirían esas palabras en obligaciones verificables.
Regeneración democrática: prometer independencia no basta
Feijóo sitúa la recuperación de la calidad democrática entre sus prioridades. Promete que los jueces elegirán a los jueces, que los órganos reguladores estarán dirigidos por personas independientes y que el Ejecutivo dejará de suplantar al Parlamento. También plantea que el Gobierno presente presupuestos cada año y que se convoquen elecciones obligatoriamente si se acumula más de una prórroga presupuestaria.
Son compromisos de considerable alcance institucional. Pero la cuestión decisiva es cómo se materializarían. La independencia judicial no se garantiza mediante una frase contundente ni desaparece automáticamente porque un partido gobierne. Requiere reglas transparentes de nombramiento, controles efectivos, garantías frente a las presiones políticas y un diseño institucional que limite las interferencias con independencia de quién ocupe el poder.
La misma exigencia debe aplicarse a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a los organismos reguladores. Feijóo promete independencia, pero el documento no desarrolla con suficiente detalle qué procedimientos establecería para asegurarla. Ni cómo impediría que los futuros nombramientos reprodujeran las prácticas que critica.
También merece atención su propuesta presupuestaria. La obligación de presentar cuentas anuales puede reforzar el control parlamentario, pero convertir la prórroga presupuestaria en una condición automática para convocar elecciones exige explicar sus consecuencias. El Partido Popular no señala qué sucedería ante una crisis económica, una emergencia o una fragmentación parlamentaria que impidiera aprobar las cuentas, como ha sucedido en la pasada legislatura. La estabilidad institucional no se consigue sustituyendo una dificultad política por una regla rígida sin examinar sus efectos.
La regeneración democrática necesita garantías aplicables a todos los gobiernos. No únicamente promesas formuladas contra el adversario. Y ese principio debería incluir controles sobre el propio partido que aspire a ejercer el poder.
Un Estado más pequeño como el DOGE de Trump y Musk
El candidato popular promete auditar cada euro de dinero público. Reducir ministerios, recortar altos cargos y eliminar asesores y estructuras que considera superfluas. La propuesta conecta con una demanda legítima, esto es, que la Administración explique cómo utiliza los recursos recaudados y que los responsables respondan por sus decisiones.
Sin embargo, recortar el tamaño visible del Estado no equivale necesariamente a mejorar su funcionamiento. El número de ministerios, por sí solo, no demuestra si una Administración es eficiente. Tampoco la reducción de personal de confianza garantiza una gestión más transparente si no se refuerzan los controles, la contratación pública, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.
Feijóo asegura que cada cargo político responderá por la corrupción de sus subordinados. La declaración tiene fuerza retórica, pero deja sin resolver una cuestión jurídica y política esencial. Qué tipo de responsabilidad se exigirá. Mediante qué procedimientos y con qué consecuencias. La responsabilidad política no puede confundirse automáticamente con la penal, aunque tampoco debería quedar reducida a una declaración de intenciones.
El problema de fondo es que el documento presenta la reducción del gasto administrativo como una solución casi universal sin distinguir suficientemente entre burocracia prescindible y capacidad pública necesaria. Una auditoría rigurosa podría identificar duplicidades, mejorar procedimientos y detectar irregularidades. Pero, sin resultados publicados, indicadores y compromisos de seguimiento, la promesa de austeridad corre el riesgo de convertirse en una operación de imagen, con gravísimas consecuencias, como ya se ha visto con el DOGE de Donald Trump y Elon Musk.
Vivienda: un millón de casas no resuelve por sí solo la emergencia
La vivienda es uno de los terrenos donde el contrato de Feijóo afronta su examen más exigente. El líder del PP propone construir al menos un millón de viviendas, dar prioridad a los jóvenes en el alquiler y la compra, ofrecer ayudas económicas para facilitar la emancipación y reducir la burocracia urbanística. También promete expulsar a los okupas en 48 horas.
En Diario Sabemos ya hicimos un profundo análisis de cómo la cifra del millón funciona como un poderoso titular político. Pero construir viviendas no es lo mismo que garantizar hogares asequibles. La cuestión determinante es dónde se levantarían, cuánto tardarían en estar disponibles, qué precio tendrían y qué proporción se destinaría efectivamente a quienes no pueden acceder al mercado. Una promoción puede incrementar la oferta y, aun así, resultar inaccesible para los jóvenes o las familias con salarios modestos si no existen condiciones que conecten la nueva construcción con sus necesidades reales.
Las ayudas a la compra también requieren una evaluación cuidadosa. Si aumentan la capacidad de pago sin que crezca suficientemente la oferta, parte de su efecto podría trasladarse a los precios. Facilitar suelo y acelerar licencias puede contribuir a ampliar la construcción, pero no sustituye la necesidad de infraestructuras, financiación, mano de obra y planificación territorial.
La promesa de expulsar a los okupas en 48 horas plantea, además, un problema de precisión jurídica. El término se utiliza habitualmente para situaciones diferentes. Desde la entrada ilegal en una vivienda hasta conflictos relacionados con arrendamientos impagados. No son supuestos equivalentes, sobre todo tras la sentencia de Almería en que la Justicia dejó muy claro que el impago de las cuotas de alquiler no es equivalente a un caso de ocupación.
La emergencia habitacional no se resuelve con una cifra espectacular ni con un plazo convertido en eslogan. Exige objetivos medibles de vivienda asequible, un calendario de construcción y una explicación transparente de quién financiará las ayudas y quién podrá beneficiarse de ellas.
Bajadas fiscales y salarios altos
Feijóo promete revisar más de cien subidas fiscales, reducir impuestos y elevar el salario medio. Su argumento es que trabajar, ahorrar y emprender deben resultar más rentables y que la economía no puede prosperar si las familias viven presionadas por los precios y la carga tributaria.
La rebaja fiscal puede aliviar determinados presupuestos familiares y mejorar los incentivos económicos. Pero el efecto depende de qué impuestos se reduzcan, a quién beneficien (que en las rebajas de la derecha siempre coincide que sólo beneficia realmente a las retribuciones más altas y a las grandes fortunas) y cómo se compense la eventual pérdida de ingresos. El documento no ofrece una estimación global del coste de sus propuestas ni explica con precisión qué partidas se recortarían para mantener los servicios públicos y el equilibrio presupuestario.
La contradicción potencial resulta evidente. El mismo contrato promete reducir impuestos, reforzar la sanidad, aumentar los recursos policiales, mejorar las condiciones de los médicos y conceder ayudas históricas para la emancipación juvenil. Todas esas medidas pueden defenderse por separado lo que falta es demostrar cómo encajan en una estrategia financiera común.
La promesa de elevar el salario medio presenta una dificultad similar. Feijóo reconoce que la productividad es imprescindible, pero no desarrolla suficientemente qué reformas permitirían incrementarla ni cómo se repartirían sus beneficios entre empresas y trabajadores. Pedir que el empleo compense más que los subsidios tampoco responde por sí solo a los problemas de salarios insuficientes, temporalidad, vivienda cara o falta de oportunidades en determinados territorios.
El crecimiento salarial sostenible requiere productividad, inversión, formación, innovación y capacidad de negociación laboral. Sin objetivos concretos en esas áreas, la subida del salario medio queda formulada como una aspiración. No como un compromiso evaluable, porque, además, si los salarios que suben son los altos y los bajos se mantienen, entonces, el salario medio subirá, pero no arreglará los problemas de las familias trabajadoras.
Pensiones y sanidad: promesas que necesitan respaldo financiero
El líder popular asegura que mantendrá la actualización de las pensiones conforme al IPC y garantizará esa protección a las generaciones jóvenes. También promete más médicos y mejores condiciones laborales para afrontar el crecimiento de la población y la presión sobre los servicios sanitarios.
Ambas prioridades afectan directamente a la seguridad material de millones de ciudadanos. Precisamente por eso necesitan algo más que declaraciones de intenciones. Las pensiones dependen de la evolución del empleo, los salarios, las cotizaciones, la demografía y las decisiones presupuestarias. Garantizar su poder adquisitivo exige explicar cómo se sostendrá el sistema a largo plazo y qué medidas se adoptarán para evitar que las generaciones futuras reciban compromisos difíciles de financiar.
En sanidad, anunciar más profesionales no resuelve automáticamente la escasez de especialistas ni las diferencias territoriales. Hace falta detallar las necesidades de plantilla, las condiciones de contratación, la planificación de plazas de formación y la coordinación entre administraciones. La promesa de mejorar las retribuciones también debe acompañarse de una previsión presupuestaria. En ambos casos, la ciudadanía necesita conocer no solo el destino deseado, sino la ruta para llegar hasta él.
Inmigración, educación y seguridad: grandes declaraciones, matices insuficientes
El contrato plantea endurecer los criterios para acceder a la nacionalidad, impedir regularizaciones colectivas y vincular la permanencia en España al cumplimiento de las normas. Feijóo defiende, al mismo tiempo, vías legales para quienes quieran trabajar y contribuir al país. La combinación de control fronterizo e integración puede formar parte de una política migratoria legítima, pero exige distinguir entre inmigración irregular, solicitudes de protección internacional, infracciones administrativas y delitos. Presentar la expulsión como respuesta genérica no sustituye la necesidad de procedimientos individualizados y respeto a las obligaciones legales.
En educación, el candidato del PP propone reforzar la exigencia, la autoridad docente y el papel de las reales academias en la elaboración de contenidos. Sin embargo, el documento no concreta suficientemente cómo se evaluarán los cambios, ni qué evidencias justificarían la reorganización curricular. Invocar los mejores resultados internacionales exige estudiar qué prácticas funcionan, en qué contextos y con qué recursos. No limitarse a trasladar fórmulas de un sistema a otro.
En seguridad, promete más medios para las fuerzas policiales y una respuesta específica frente a la violencia contra las mujeres. La dotación de recursos puede ser necesaria, pero su eficacia depende de la prevención, la investigación, la protección de las víctimas y la evaluación de resultados. El contrato tampoco desarrolla objetivos verificables para medir si la inversión reduciría los delitos o mejoraría la atención.
El patriotismo como cierre de campaña
Feijóo concluye su documento con una promesa de recuperar el prestigio internacional de España y reconstruir alianzas con la Unión Europea, Hispanoamérica y los socios históricos. Habla de paz, democracia, autoestima nacional y reconciliación. Es un cierre diseñado para elevar la candidatura por encima de la disputa cotidiana y presentarla como una misión colectiva.
Pero la política exterior no depende únicamente de proclamar que un país volverá a ser fiable. Exige definir prioridades, compatibilizar intereses y explicar qué decisiones concretas se adoptarían ante conflictos internacionales, tensiones comerciales o desacuerdos entre aliados.
El «Contrato con España» tiene la virtud de poner sobre la mesa asuntos que preocupan a una parte importante de la ciudadanía. Vivienda, impuestos, sanidad, pensiones, seguridad y calidad democrática. Su debilidad está en la distancia entre la amplitud de sus compromisos y el detalle necesario para evaluar su viabilidad. El documento presenta numerosas metas, pero no acompaña cada una de ellas de presupuestos, calendarios, indicadores y mecanismos de responsabilidad suficientemente desarrollados.
Si Feijóo quiere que su contrato sea algo más que una declaración de intenciones, tendrá que explicar cómo financiará sus promesas qué derechos protegerá cuando entren en conflicto, qué costes asumirá y cómo permitirá a los ciudadanos fiscalizar sus resultados.
La reconstrucción nacional que propone no puede medirse por la solemnidad de su firma, sino por la precisión de sus compromisos y la capacidad de convertirlos en mejoras comprobables. En democracia, prometer es el principio de la responsabilidad, no su sustituto.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.