En plena tramitación de la ILP respaldada por más de 700.000 firmas para regularizar a medio millón de personas migrantes, Alberto Núñez Feijóo ha optado por desenterrar la retórica del "efecto llamada" y los supuestos abusos del Ingreso Mínimo Vital. Nada que no se haya dicho ya. Pero esta vez lo hace quien aspira a gobernar.
La amenaza que no existe, pero preocupa
Lo dijo con tono moderado, como quien revela un dato incómodo que preferiría no compartir. Según Feijóo, más de 550.000 extranjeros reciben ayudas públicas sin haber trabajado. No presentó fuentes ni aclaró criterios. Tampoco precisó si entre esas "ayudas" figura el Ingreso Mínimo Vital, la renta autonómica o alguna ayuda para el alquiler. El objetivo no era el detalle, sino fijar un marco.
El mismo marco que lleva años funcionando como atajo para canalizar malestares que no tienen nada que ver con la inmigración: precariedad, alquileres imposibles, listas de espera sanitarias. Feijóo no gritó, no agitó papeles, ni llamó "invasores" a quienes cruzan el Estrecho. Pero trazó una frontera ideológica que ya no necesita aspavientos: basta con los datos, o lo que se dice que son datos.
La diferencia con el discurso ultra no es el fondo, sino la cadencia. Uno lanza titulares, el otro aspira a redactar BOEs. Pero el destino es el mismo: un modelo de ciudadanía condicionado por el lugar de nacimiento y una comprensión del Estado social que distingue entre contribuyentes legítimos y asistidos sospechosos.
El discurso del orden sin consecuencias
Feijóo se ha negado a apoyar una regularización “masiva e incondicional”. No porque discrepe del fondo —la ILP ya fue respaldada por su grupo en primera lectura—, sino porque condicionar todo a “la legalidad” permite rechazar sin parecer que se rechaza.
“Convertir lo ilegal en legal acaba con el Estado de derecho”, llegó a decir. Una frase que en cualquier otro ámbito sería una obviedad sin recorrido, pero que aplicada a los derechos de las personas migrantes sirve como coartada para no mover una coma. Quien espera legalidad desde hace años no es la administración, sino quienes han vivido en ella sin papeles, sin acceso a un contrato legal o a un empadronamiento estable.
Tampoco faltó el clásico: el “visado por puntos” como forma sensata de integración. Una idea tan maleable que puede sonar a meritocracia o a selección étnica según se pronuncie. Y el énfasis en “los hispanos”, que parece más guiado por la demografía electoral que por una reflexión real sobre inclusión.
El Estado social como sospechoso habitual
En la lógica de Feijóo, el problema no es la pobreza estructural, sino quién la padece y cómo llegó al país. Si quien solicita una ayuda nació fuera, el relato se tensa. Si lo hace una familia española “sin voluntad de trabajar”, también. Se invoca entonces la “búsqueda activa de empleo” como requisito mínimo para recibir el IMV, olvidando que ese requisito ya existe desde la reforma de 2021.
La impostura del discurso no reside solo en su contenido, sino en su oportunismo: se lanza en plena negociación presupuestaria, cuando la ILP presiona al Congreso y en un momento en que la oposición necesita redefinir su perfil sin recurrir a Vox. La sobriedad del lenguaje no borra la crudeza del mensaje: el Estado social se presenta como un recurso limitado, en disputa entre ciudadanos y foráneos.
No hay análisis sobre el mercado laboral, sobre la aportación fiscal de las personas migrantes, ni sobre las consecuencias sociales de mantener a medio millón de personas en la ilegalidad administrativa sin posibilidad de cotizar ni consumir con normalidad. Solo hay una advertencia que funciona bien en tertulias y mal en documentos de política pública: el sistema está “al límite”.
La línea dura, por la vía blanda
El mensaje final fue de autoafirmación: “No somos ni duros ni blandos, somos firmes y sólidos”. Lo suficiente para negar el giro ultra y blindar el terreno electoral de la derecha. No tanto como para diferenciarse, en lo esencial, de quienes prefieren directamente cerrar fronteras y recortar derechos.
Feijóo ha elegido la ambigüedad como herramienta de oposición. Pero cada vez que habla de inmigración, su moderación no es un freno, sino un envoltorio. Bajo la retórica de la gestión ordenada y la legalidad, el PP ha asumido el marco mental que normaliza la exclusión, el recelo y la desconfianza hacia quienes sostienen desde la base sectores completos de la economía. No es nuevo. Pero esta vez no lo dice Vox, sino quien puede gobernar.