Feijóo legitima en el siglo XXI las leyes de limpieza de sangre del XVI

La expresión “prioridad nacional”, convertida en lema programático por Vox y aceptada de facto por el Partido Popular en diversos acuerdos de gobierno autonómicos y municipales, no surge en el vacío ni es una ocurrencia inocua de marketing político. Remite, de forma directa, a una tradición histórica que atraviesa siglos de exclusión jurídica y jerarquización de derechos, desde las leyes de limpieza de sangre del siglo XVI en España hasta las leyes de Núremberg del régimen nazi y los postulados del supremacismo blanco contemporáneo. Todas estas doctrinas comparten un rasgo común: la definición de quién es “del país” y quién no, quién merece protección y quién puede ser tratado como sospechoso permanente, quién es sujeto de derechos plenos y quién es, en el mejor de los casos, tolerado.

En el caso español, la limpieza de sangre no fue un mero esqueleto religioso o moral; fue un instrumento jurídico que condicionó el acceso a cargos, instituciones y oportunidades a la ausencia de ascendencia judía, musulmana o conversa. No se trataba solo de fe, sino de linaje. De la ilusión de una comunidad “pura” frente a otra contaminada, ajena, peligrosa. Esa arquitectura de exclusión, envuelta en léxico teológico y administrativo, consagró durante siglos la idea de que el origen determinaba la legítima pertenencia al cuerpo político. El mensaje de fondo era simple y brutal: no basta con vivir, trabajar o contribuir; hay un cordón sanitario invisible que separa a los “de dentro” de los “de fuera”, incluso cuando esos “de fuera” llevan generaciones dentro.

Las leyes de Núremberg, aprobadas en la Alemania nazi en 1935, llevaron esa lógica a una de sus expresiones más extremas. Bajo la apariencia de normativa civil, matrimonial y de ciudadanía, codificaron una jerarquía racial que privaba a los judíos y a otros grupos de derechos básicos, preparaba el terreno para su persecución sistemática y naturalizaba la noción de que la nacionalidad plena era patrimonio exclusivo de quienes se ajustaban a la definición de “sangre alemana” o “aria”. En aquella arquitectura, la desigualdad jurídica no era un efecto colateral, sino el núcleo mismo del sistema: impedir que ciertos grupos pudieran considerarse parte integrante del pueblo, incluso cuando hubieran nacido, vivido y trabajado allí durante generaciones.

El supremacismo blanco, tanto en sus expresiones históricas como en sus formulaciones contemporáneas, bebe de la misma fuente: la idea de que existe un grupo humano (blanco, occidental, cristiano, nacional) cuya prioridad debe ser protegida frente al resto, incluso si eso implica restringir derechos, discriminar en el acceso a servicios, criminalizar a colectivos enteros o reescribir el sentido mismo de la ciudadanía. El vocabulario cambia: ya no se habla abiertamente de “raza superior” en la mayor parte de las democracias occidentales, pero sí se invoca el “orden”, la “identidad”, la “seguridad” o la “protección de los de casa”. Lo que permanece es la estructura mental: hay un “nosotros” que debe ser defendido frente a un “ellos” presentado como amenaza, carga o riesgo.

En ese contexto, la “prioridad nacional” de Vox encaja con una precisión inquietante. Bajo el envoltorio de una supuesta defensa de los “españoles de bien”, lo que plantea es un modelo de ciudadanía de dos velocidades: primero, los nacionales reconocidos como tales (y, en la práctica, aquellos que encajan en el canon cultural que el partido considera legítimo); después, los demás. La propuesta se presenta como sentido común: “primero los de casa”, “primero los nuestros”, “primero los españoles”. Pero, en realidad, supone un giro frontal contra el principio de igualdad ante la ley, uno de los fundamentos más básicos de cualquier Estado democrático.

El paso decisivo se da cuando ese discurso deja de ser marginal y se convierte en moneda de cambio de gobierno. Ahí entra el Partido Popular. Al aceptar, integrar o blanquear la lógica de la prioridad nacional, el PP no solo hace un guiño a Vox; lo que hace es legitimar un marco conceptual que desplaza el centro de gravedad del sistema democrático. Porque asumir que, en determinadas políticas públicas, los derechos pueden ordenarse según el origen o la nacionalidad, supone aceptar que la igualdad deja de ser un punto de partida y se convierte en una variable negociable.

La comparación con la limpieza de sangre no es una licencia retórica gratuita. Aquellas normas no hablaban de “prioridad nacional” porque el lenguaje del Estado moderno aún no existía en esos términos, pero articulaban un sistema de preferencia y exclusión en el acceso a cargos, beneficios y espacios sociales. Una parte de la población, formalmente integrada en el reino, quedaba marcada para siempre por su origen, por su ascendencia, por una genealogía convertida en sentencia. Hoy, el discurso de la prioridad nacional opera con otras categorías: pasaporte, lugar de nacimiento, tiempo de residencia, incluso apellidos o códigos postales que se convierten en marcadores sociales. Sin embargo, la lógica de fondo es muy similar: hay unos que cuentan más que otros por quiénes son, no por lo que hacen.

Las leyes de Núremberg añadieron a esa tradición un componente explícitamente racial y biopolítico. En ellas, el Estado nazi establecía quién podía casarse con quién, quién podía ser ciudadano pleno, quién podía ejercer determinadas profesiones, quién podía votar o ser elegido. Todo ello en función de criterios de “sangre” y “raza”. Hoy, en buena parte de Europa, nadie en la política institucional reivindica abiertamente ese legado. Pero cuando se habla de limitar derechos sociales o prestaciones en función de la nacionalidad, cuando se plantean restricciones de acceso a la sanidad o a la educación pública para determinados colectivos, cuando se propone un orden de prioridad en vivienda o ayudas donde el criterio central no es la necesidad sino el origen, el eco de aquellos marcos legales se hace evidente. No se trata de equivalencias simples, sino de continuidades ideológicas: la jerarquización de la dignidad jurídica en función de quién se considera del “nosotros”.

El supremacismo blanco contemporáneo ha aprendido a camuflarse en el lenguaje del populismo nativista. En lugar de hablar abiertamente de superioridad racial, se habla de “defensa de la cultura”, de “soberanía identitaria”, de “recuperar el control de las fronteras” o de “proteger el Estado del bienestar para los de aquí”. La expresión “prioridad nacional” encaja como un guante en esa narrativa. Es el hilo discursivo que conecta a Vox con formaciones afines en Francia, Italia, Hungría o Estados Unidos. Todas ellas comparten un mismo horizonte: redefinir el contrato social sobre la base de un privilegio identitario, romper el principio de universalidad de derechos y convertir al extranjero, al inmigrante o al diferente en un sujeto de sospecha permanente.

Que Vox recurra a ese marco no sorprende. Forma parte de su ADN político. Lo verdaderamente relevante, desde el punto de vista democrático, es que el Partido Popular haya asumido en diversos territorios la integración de ese discurso en los acuerdos de gobierno. Cuando el PP firma programas donde se prioriza el acceso de “españoles” a determinados servicios o se establece una jerarquía de derechos en función del origen, lo que hace no es solo una concesión táctica: está contribuyendo a normalizar la idea de que la igualdad ante la ley puede ser modulada según la identidad nacional. Esa aceptación rompe con la tradición de la derecha democrática europea que, con todas sus contradicciones, había mantenido como línea roja la defensa formal de la ciudadanía igualitaria.

Hay, además, una dimensión jurídica que no puede soslayarse. El Estado democrático se sostiene sobre la premisa de que las leyes deben aplicarse de forma igual a quienes se encuentran en situaciones equivalentes, con independencia de su origen. Los sistemas de protección social, los servicios públicos, las políticas de vivienda o de empleo no pueden estructurarse sobre la base de categorías identitarias que separen a ciudadanos de primera y de segunda. Cuando se introduce la prioridad nacional como criterio rector, se abre la puerta a reescribir la función misma del derecho: de herramienta para corregir desigualdades a instrumento para consagrarlas.

Esta deriva no se limita al plano simbólico. Implica consecuencias concretas: familias inmigrantes que ven restringido su acceso a ayudas de emergencia, personas en situación irregular convertidas en objeto de persecución administrativa sin garantías, vecinos de origen extranjero marcados como problema antes que como sujetos de derechos. Es exactamente en ese terreno donde el discurso de la prioridad nacional se aproxima peligrosamente a los postulados del supremacismo blanco, que plantea que el bienestar y la seguridad de los “blancos” debe prevalecer siempre sobre la de los otros, incluso si eso exige violar principios democráticos básicos. La diferencia ya no está en el objetivo —proteger a los de dentro frente a los de fuera—, sino en el grado de explicitud con que se formula y en los medios que se está dispuesto a usar.

El paralelismo con las leyes de limpieza de sangre y con las leyes de Núremberg no reside en una equiparación mecánica, sino en la constatación de que todos estos sistemas comparten la misma lógica de frontera: establecer una división jurídica entre quienes pertenecen y quienes no, entre quienes merecen protección y quienes pueden ser excluidos. La democracia, entendida como extensión progresiva de derechos y como garantía de igualdad ante la ley, nació precisamente para desmontar esa muralla. Por eso resulta tan grave que un partido como el PP —que se reivindica constitucionalista y defensor del Estado de derecho— haya decidido cruzar ese umbral al asumir como propia, aunque sea parcialmente, la retórica de la prioridad nacional.

En un contexto de crisis económica, inflación y tensión social, es tentador para ciertas fuerzas políticas recurrir a la fórmula más antigua de la historia: señalar un culpable. El extranjero, el migrante, el refugiado, el “otro” como chivo expiatorio de todas las frustraciones. La prioridad nacional funciona como un eslogan perfecto para ese propósito. Ofrece una explicación sencilla a problemas complejos y construye una comunidad imaginaria que se siente agraviada y, a la vez, superior. Esa narrativa, sin embargo, tiene un coste devastador: erosiona el tejido de convivencia, alimenta la violencia simbólica y, a medio plazo, debilita las propias bases del Estado social.

Cuando un partido como Vox defiende esa agenda, lo hace asumiendo que su proyecto político es, en esencia, una contestación al paradigma democrático liberal. Cuando el PP la acepta, aunque sea en clave de compromiso territorial, está enviando un mensaje muy distinto: que ese discurso es compatible con la normalidad institucional. Y ahí se produce el salto cualitativo. Lo que era discurso de frontera se convierte en política de gobierno. Lo que antes estaba confinado al margen se instala en el centro del sistema. Y lo hace, además, con el aval de un partido que ha ocupado la Moncloa y aspira de nuevo a hacerlo.

La historia nos enseña que las doctrinas de exclusión no se vuelven peligrosas solo cuando alcanzan su máxima expresión de violencia. Lo son desde el momento en que se les abre la puerta en el interior de sistemas constitucionales que, en teoría, deberían inmunizarlas. Las leyes de limpieza de sangre se consolidaron paso a paso, a través de pragmáticas, disposiciones y costumbres que fueron normalizando la discriminación. Las leyes de Núremberg no aparecieron de la noche a la mañana; fueron el resultado de un proceso de radicalización donde, primero, se aceptaron restricciones “moderadas” a derechos de las minorías. El supremacismo blanco contemporáneo se abre camino en capas, empezando por la retórica y continuando por decisiones administrativas que parecen menores, pero que reconfiguran la distribución de derechos.

En la España actual, donde la Constitución reconoce la igualdad y la prohibición de discriminación, el marco jurídico sigue siendo un dique formal frente a esas derivas. Pero el dique no es infranqueable. Si la cultura política que lo sostiene se desplaza, si las grandes formaciones empiezan a tratar la desigualdad normativa como una opción aceptable, el terreno se vuelve progresivamente más resbaladizo. La “prioridad nacional” no es un simple eslogan electoral; es un proyecto de modificación silenciosa del pacto democrático. Y el hecho de que el Partido Popular haya decidido convivir con ese proyecto, integrarlo en acuerdos y normalizarlo en la conversación pública, supone una cesura profunda respecto a la tradición de la derecha democrática europea.

Lo que está en juego no es una disputa semántica ni una pugna entre bloques ideológicos. Lo que se dirime es si el Estado democrático que emergió tras la dictadura va a mantener como núcleo no negociable la igualdad de derechos con independencia del origen o si, por el contrario, va a aceptar una arquitectura de ciudadanía escalonada, donde la pertenencia plena se convierta en un privilegio reservado a quienes responden a una determinada definición de “nacional”. El paralelismo con los viejos sistemas de limpieza de sangre y con las leyes de Núremberg nos recuerda que, cada vez que una sociedad ha normalizado ese tipo de jerarquías, el resultado ha sido la degradación progresiva del Estado de derecho.

En ese espejo histórico, la prioridad nacional de Vox no aparece como una anomalía aislada, sino como la actualización contemporánea de una vieja tentación autoritaria: convertir la identidad en criterio de acceso a derechos. Que el Partido Popular haya decidido acompañarla, asumirla y en algunos casos gobernar con ella, revela hasta qué punto una parte de la derecha española ha dejado de considerar innegociables los fundamentos del orden democrático. En la España del siglo XXI, hablar de “los de casa primero” puede sonar a consigna pragmática. A la luz de la historia, es otra cosa: es el eco de una larga tradición de exclusión que las democracias nacieron precisamente para superar.