El debate sobre el absentismo laboral se ha convertido en una de las armas favoritas de la derecha política y empresarial para cargar contra los trabajadores, pero detrás de ese discurso suele haber una operación mucho más amplia: desviar la atención del fraude que cometen muchas empresas sobre sus plantillas. La ofensiva de Alberto Núñez Feijóo y de parte del empresariado contra el supuesto exceso de bajas y ausencias laborales funciona, en realidad, como una coartada para no hablar de lo esencial: las horas extra no pagadas, los contratos parcialmente cotizados, los viernes dados de baja y los lunes de alta, los turnos interminables en la hostelería y el incumplimiento sistemático de los convenios colectivos.
Esa estrategia no es nueva, pero sí cada vez más agresiva. Bajo el argumento de la competitividad y la productividad, se instala una narrativa que presenta al trabajador como sospechoso y al empresario como víctima. El resultado es una inversión completa del problema real: en lugar de examinar por qué miles de personas trabajan más de lo que figura en nómina, se señala a quienes faltan por enfermedad o por desgaste. En vez de perseguir el abuso laboral, se criminaliza el derecho a enfermar.
El absentismo como cortina de humo
La palabra absentismo se ha usado tantas veces de forma interesada que ha terminado deformando el debate. Se mezcla en el mismo saco a quien falta sin justificación, a quien está de baja médica, a quien sufre una incapacidad temporal o a quien no puede sostener un ritmo de trabajo incompatible con su salud. Esa mezcla no es inocente. Sirve para transmitir la idea de que la economía pierde dinero porque los empleados se ausentan demasiado, cuando en muchos sectores el verdadero agujero está en la mala organización empresarial, en la presión sobre las plantillas y en el fraude cotidiano.
Feijóo ha asumido ese marco porque le permite situarse del lado del “sentido común” empresarial sin entrar en el fondo del conflicto laboral. Pero ese fondo existe y es mucho más incómodo. Hay empresas que pagan menos horas de las que realmente se trabajan, que incumplen descansos, que no respetan los convenios, que alargan jornadas sin compensación y que maquillan la relación laboral para abaratar costes. Hablar de absentismo mientras se ignora ese paisaje es una forma elegante de desplazar la culpa.
Las horas extra que no aparecen
Uno de los grandes fraudes invisibles del mercado laboral español es el de las horas extra no pagadas. Son el músculo oculto de muchas actividades económicas y el mecanismo silencioso que sostiene márgenes empresariales a costa de la vida de los trabajadores. No se remuneran, no siempre se registran y, en muchos casos, ni siquiera figuran en el control horario. Ese trabajo prestado y no compensado es uno de los mejores ejemplos de cómo una parte del tejido empresarial se aprovecha de la debilidad negociadora del empleado.
Mientras tanto, el discurso político se concentra en la supuesta baja productividad provocada por las ausencias. Pero ¿qué pasa con las horas que nadie contabiliza? ¿Qué pasa con los turnos que se alargan sin aviso, con la presión para quedarse “un rato más”, con las jornadas en las que se exige flexibilidad hacia arriba pero nunca hacia abajo? La respuesta suele ser el silencio. Y ese silencio beneficia a quien organiza el trabajo de forma abusiva.
El fraude de los viernes y los lunes
Otra práctica especialmente dañina es la de dar de baja a los trabajadores los viernes y de alta los lunes para esquivar el pago de fines de semana o ajustar artificialmente costes laborales. Esa maniobra, cuando ocurre, no es una anécdota administrativa: es un fraude laboral que deteriora las cotizaciones, vulnera derechos y reduce la protección futura del trabajador. Pero rara vez ocupa el centro del debate público con la misma intensidad que el absentismo.
La lógica es sencilla. En lugar de asumir el coste real de una plantilla estable y protegida, algunas empresas fragmentan la relación laboral para minimizar obligaciones. El resultado es un mercado de trabajo más precario, más opaco y más dependiente de trucos contables que de productividad real. Y aun así, el foco político suele dirigirse a quien se da de baja por enfermedad, no a quien manipula la relación contractual para pagar menos.
La hostelería como laboratorio del abuso
La hostelería es uno de los sectores donde mejor se ve esta asimetría. Las jornadas partidas, los turnos que comienzan por la mañana y terminan de madrugada, los descansos insuficientes y la presión para estirar el horario sin reconocimiento económico forman parte de una normalidad laboral que se ha naturalizado durante años. En ese entorno, el discurso contra el absentismo suena especialmente hipócrita.
Porque allí el problema no es que la plantilla trabaje poco. El problema es que trabaja demasiado, en horarios fragmentados, con disponibilidad casi total y con una remuneración muchas veces desalineada con el esfuerzo real. El cansancio acumulado, las bajas por estrés o por dolencias físicas no son un privilegio: son una consecuencia directa de un modelo que exprime el cuerpo del trabajador hasta el límite.
El debate serio debería centrarse en cómo se controlan esas jornadas, cómo se inspecciona su cumplimiento y cómo se evita que el negocio dependa de una flexibilidad unilateral que siempre recae sobre el empleado. Sin eso, hablar de absentismo es una forma de tapar la raíz del problema.
Cotizar menos de lo trabajado
También es frecuente la práctica de cotizar menos horas de las realmente trabajadas. Ese fraude no solo reduce el coste inmediato para la empresa; también empeora la protección futura del empleado, porque afecta a prestaciones, pensiones y reconocimientos laborales. Cuando se cotiza por debajo de la realidad contractual, se rompe el vínculo entre trabajo efectivamente prestado y derechos adquiridos.
Ese tipo de abuso, lejos de ser marginal, se ha extendido en sectores donde la inspección es débil o donde la rotación de personal dificulta la denuncia. Y sin embargo, el debate público sigue orientado a la idea de que el gran problema es el trabajador que falta demasiado. La contradicción es evidente: se exige disciplina al que depende de su salario, pero se tolera con demasiada facilidad la infracotización de quien organiza el negocio.
Los convenios incumplidos
A todo esto se suma el incumplimiento sistemático de los convenios colectivos, una de las grandes fracturas del mercado laboral español. Los convenios existen para equilibrar fuerzas, fijar mínimos y evitar que cada empresa convierta el salario y las condiciones en una negociación individual donde el trabajador siempre parte en desventaja. Pero cuando esos convenios no se respetan, la protección colectiva pierde eficacia.
No respetar descansos, no pagar pluses, ignorar complementos, prolongar jornadas o manipular categorías profesionales son formas cotidianas de vaciar de contenido el convenio. La consecuencia es doble: el empleado cobra menos de lo que le corresponde y la empresa convierte el incumplimiento en rutina. En ese contexto, la batalla contra el absentismo funciona como una inversión moral del conflicto. El foco no se coloca sobre el incumplidor, sino sobre quien enferma, descansa o simplemente ejerce sus derechos.
La estrategia política de Feijóo
Feijóo no solo participa en este discurso; lo incorpora a su estrategia de oposición. Su objetivo es presentarse como defensor de la productividad, la eficiencia y el orden frente a una supuesta relajación de la disciplina laboral. Pero ese relato tiene un sesgo claro: coloca la responsabilidad del deterioro económico sobre el trabajador y casi nunca sobre el fraude empresarial, la mala calidad del empleo o la precariedad estructural.
Es una jugada políticamente eficaz porque apela a un elector que percibe el desorden y busca culpables visibles. Pero es profundamente injusta porque desplaza el foco de los abusos reales. El trabajador de baja médica no es el problema principal de la economía española. El problema es una parte del tejido empresarial que sigue haciendo caja a costa de horas no registradas, descansos no respetados y convenios de papel.
La batalla por el relato
Lo que está en juego no es solo una disputa técnica sobre bajas o productividad. Es una batalla por el relato moral del trabajo. La derecha quiere instalar la idea de que el empleado abusador es el gran lastre del sistema, mientras la realidad cotidiana muestra otra cosa: una economía en la que muchos trabajadores cargan con jornadas excesivas, salarios ajustados y derechos incumplidos.
Ese relato tiene una función política clara. Si el problema son las bajas, no hace falta hablar de salarios. Si el problema es el absentismo, no hace falta hablar de inspección laboral. Si el problema es el trabajador, no hace falta hablar de empresarios que incumplen convenios o de sectores donde la precariedad se ha convertido en norma. Es una forma de cambiar la conversación para no asumir responsabilidades.
La productividad que se construye sobre abuso
Hay una idea de fondo que conviene no perder de vista: buena parte de la supuesta productividad empresarial en España se sostiene sobre una productividad ficticia, construida a base de horas no pagadas, cotizaciones rebajadas y flexibilidad impuesta. Cuando se mide la eficiencia solo por el margen de beneficio, se oculta que ese margen puede nacer de la explotación y no de la innovación.
Por eso el debate sobre absentismo es tan engañoso. No porque no exista ningún problema de gestión o de bajas, sino porque se usa para tapar un desequilibrio mucho más profundo entre capital y trabajo. Mientras no se ponga el foco en las prácticas abusivas de algunas empresas, el discurso contra el trabajador seguirá siendo una herramienta de distracción.
La disputa real
La disputa real no es entre trabajadores responsables y trabajadores perezosos, como a veces quiere sugerirse, sino entre dos modelos de país. Uno acepta que el empleo sea precario, flexible solo para la empresa y sostenido por el sacrificio invisible del empleado. El otro exige inspección, respeto contractual, pago íntegro de horas y cumplimiento efectivo de los convenios. Esa es la línea divisoria que Feijóo y buena parte del empresariado prefieren ocultar bajo la etiqueta de absentismo.
El problema, en definitiva, no es que la gente enferme demasiado. El problema es que todavía hay demasiadas empresas que creen que el trabajo vale menos de lo que cuesta, demasiado debate político dispuesto a culpar al trabajador y demasiada impunidad para un fraude que se presenta como normalidad.
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