Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en la crisis de un terreno especialmente fértil para la política del miedo. Este domingo reclamó al Gobierno mayor "sensibilidad" con la ciudad autónoma, habló de una crisis "migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional" y culminó su mensaje con una frase cuidadosamente elegida para ampliar el alcance emocional de su denuncia. "Las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo".
La afirmación merece detenerse en ella porque un dirigente político conoce perfectamente el significado de las asociaciones que construye. Feijóo introdujo la seguridad de las mujeres dentro de su diagnóstico sobre una llegada extraordinaria de población migrante sin aportar en ese mensaje ningún dato que permita establecer una relación general entre ambos fenómenos. Es una forma de hablar de inmigración que desplaza el debate desde la gestión de una emergencia real hacia la construcción de una amenaza colectiva.
Ceuta atraviesa una situación extraordinariamente grave y sería absurdo negarlo. La entrada masiva registrada a finales de julio desbordó la capacidad habitual de una ciudad de apenas 83.000 habitantes, dejó miles de personas necesitadas de alojamiento y obligó a desplegar unos 3.600 efectivos de seguridad y militares. Marruecos ha reforzado también el control de su lado de la frontera y este fin de semana impidió nuevos intentos de entrada protagonizados por centenares de personas.
Hay, por tanto, un problema político, fronterizo, humanitario y administrativo de enorme dimensión. Lo que resulta bastante más discutible es utilizar esa realidad para describir una ciudad entregada al abandono gubernamental o para convertir a quienes han cruzado la frontera en una categoría de riesgo sanitario y social.
Los datos ofrecidos este domingo por Mónica García permiten introducir algo de precisión en esa fotografía. Sanidad ha atendido a 5.800 migrantes durante los últimos quince días, pero el Hospital Universitario de Ceuta registra 101 personas ingresadas sobre una capacidad ampliada hasta 212 camas. Solo 28 de esos pacientes son migrantes. No se han suspendido consultas ni operaciones ordinarias y el centro permanece en el nivel 1 de su plan de emergencias. El Ministerio ha reforzado además la asistencia con más de 60 profesionales adicionales y la plantilla efectiva supera ampliamente su dotación orgánica.
Eso no describe un sistema sanitario ajeno a la tensión. Describe precisamente lo contrario, un servicio público sometido a una exigencia excepcional que, por ahora, ha conseguido absorberla sin dejar de atender a la población ceutí. Convertir esa situación en un "colapso sanitario", como hace el PP para exigir la dimisión de García, no mejora el diagnóstico. Lo deforma.
La ministra también ha señalado dónde se encuentra el principal riesgo epidemiológico. No está en la nacionalidad de quienes llegaron, sino en las condiciones en las que muchos permanecen alojados. El hacinamiento, la falta de higiene y la insuficiencia de espacios adecuados pueden favorecer la propagación de enfermedades y perjudican sobre todo a las propias personas migrantes. De ahí que Sanidad reclame más lugares de acogida y refuerzo del control epidemiológico.
La diferencia política es importante. Una cosa es decir que hay que gestionar mejor una crisis migratoria, exigir controles fronterizos eficaces, reclamar explicaciones al Gobierno y reconocer el temor comprensible de una población sometida a una situación extraordinaria. Otra consiste en utilizar la inmigración como recipiente en el que introducir sucesivamente la enfermedad, la delincuencia, el miedo de las mujeres y la seguridad nacional. Feijóo eligió esa segunda vía.
Además, la imagen de una absoluta "indolencia" estatal resulta difícil de reconciliar con lo sucedido durante las últimas semanas. El Gobierno ha enviado refuerzos de seguridad, ha desplegado recursos militares, ha intensificado la cooperación con Marruecos, ha iniciado procedimientos individualizados sobre las personas llegadas y ha desplazado a distintos ministros a la ciudad. Interior mantiene también efectivos adicionales de Extranjería para agilizar los procedimientos administrativos. Puede discutirse, y debe discutirse, si la reacción inicial fue suficientemente rápida o si la comunicación del Ejecutivo estuvo a la altura. Hay críticas razonables sobre ambos aspectos. Lo que no puede hacerse es sustituirlas por la ficción de que el Estado simplemente desapareció.
El propio Juan Vivas, presidente popular de Ceuta, ha reclamado durante estos días cooperación entre administraciones y solidaridad territorial para afrontar una emergencia cuya magnitud supera las capacidades ordinarias de la ciudad. Esa perspectiva resulta bastante más responsable que convertir Ceuta en el escenario de otra campaña estatal contra Pedro Sánchez.
Hay algo especialmente delicado en invocar a las mujeres para reforzar un discurso sobre inmigración. La seguridad de las mujeres merece políticas feministas, recursos contra la violencia sexual, prevención, educación y protección institucional; no debería convertirse en un recurso retórico para insinuar que el extranjero constituye por definición una amenaza. Europa conoce bien ese mecanismo político. Primero se construye un colectivo peligroso y después se presenta su exclusión como una forma de proteger derechos que en otros debates apenas reciben la misma atención.
Feijóo tiene todo el derecho a exigir explicaciones al Gobierno y a denunciar los errores cometidos. También tiene la responsabilidad, propia de alguien que aspira a presidir España, de no confundir deliberadamente preocupación con miedo y gestión migratoria con sospecha colectiva.
Ceuta necesita recursos, seguridad, cooperación con Marruecos, capacidad de acogida y una salida digna para miles de personas atrapadas en una situación insostenible. Lo que difícilmente necesita es que su angustia se convierta en combustible electoral.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.