El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la pasada semana “una reflexión profunda” ante el caso de Noelia, la joven parapléjica que ha recibido la eutanasia tras dos largos años de lucha judicial. Además, Feijóo asegura que las instituciones que debían proteger a Noelia “le fallaron”. ¿Qué está queriendo decir el dirigente conservador con abrir una reflexión? Sin duda, que la ley de eutanasia, que garantiza la muerte digna, no le gusta y está pensando en cambiarla.
“No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa”, tuiteó el gallego tras conocer el desenlace de la historia de la muchacha que ha decidido poner punto final a su vida. La posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo acceda a las demandas de Vox para derogar la ley de eutanasia ha reabierto un debate que, desde su aprobación en 2021, nunca ha dejado de generar tensiones políticas, éticas y sociales. Diversas voces dentro y fuera del Partido Popular aseguran que la normativa será una de las primeras en caer si se configura un bifachito de coalición, sobre todo en aquellos territorios donde ambos partidos comparten gobierno. La hipotética derogación supondría un retroceso en derechos civiles y un choque frontal con una parte significativa de la sociedad que considera la eutanasia un avance en autonomía personal.
La ley vigente, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, convirtió a España en uno de los pocos países del mundo que reconocen el derecho a solicitar ayuda médica para morir en casos de sufrimiento irreversible. Desde su entrada en vigor, miles de personas han iniciado procedimientos de solicitud, y los informes oficiales han mostrado un aumento progresivo de la implantación del sistema en las comunidades autónomas. Sin embargo, la norma también ha sido objeto de recursos judiciales, objeciones de conciencia y debates sobre su aplicación práctica.
Vox ha mantenido desde el principio una oposición frontal a la ley, argumentando que vulnera el valor de la vida humana y que abre la puerta a situaciones de abuso o presión sobre personas vulnerables. El partido ha exigido su derogación en todos los acuerdos de gobierno firmados con el PP en distintas comunidades, y ha insistido en que la eliminación de la norma es una condición irrenunciable para cualquier pacto estable. Llevando su tono exaltado a sus últimas consecuencias, algún que otro político de Bambú ha llegado a comparar la decisión de Noelia con una ejecución ordenada por el Estado. A ese delirio nos lleva la extrema derecha.
En este contexto, la posibilidad de que Feijóo acepte esta demanda se interpreta como un gesto destinado a preservar la cohesión de los gobiernos autonómicos y evitar tensiones que puedan erosionar la imagen de unidad entre ambas formaciones. Dentro del Partido Popular, la cuestión no es sencilla. Algunas figuras del sector más moderado han expresado en privado su preocupación por el coste político de revertir una ley que cuenta con un respaldo social amplio en encuestas y estudios demoscópicos. Otros dirigentes, en cambio, consideran que la derogación permitiría al PP recuperar terreno entre votantes conservadores que perciben que el partido ha cedido demasiado espacio ideológico en los últimos años. La dirección nacional, por su parte, ha evitado pronunciarse de manera categórica, aunque ha dejado entrever que está dispuesta a revisar la norma y plantear un “nuevo marco regulatorio” que, según algunas interpretaciones, equivaldría en la práctica a su eliminación.
Los colectivos defensores de la eutanasia han reaccionado con inquietud ante la posibilidad de un cambio legislativo. Asociaciones de pacientes, organizaciones de derechos civiles y plataformas de profesionales sanitarios han advertido de que derogar la ley supondría dejar sin protección jurídica a personas que actualmente pueden acceder a un procedimiento regulado, garantista y supervisado. También han recordado que la norma incluye mecanismos de control, comisiones de evaluación y la posibilidad de objeción de conciencia para los profesionales que no deseen participar.
Por su parte, los sectores contrarios a la eutanasia han celebrado la posibilidad de un giro legislativo. Argumentan que la ley actual no ha resuelto las carencias del sistema de cuidados paliativos y que, en su opinión, la prioridad debería ser reforzar la atención al final de la vida en lugar de ofrecer la opción de adelantarla. También sostienen que la derogación permitiría abrir un debate más amplio sobre el acompañamiento, la dependencia y la dignidad en los últimos momentos.
En el plano político, la decisión de Feijóo podría tener efectos más allá del ámbito sanitario. La derogación de la ley de eutanasia se convertiría en un símbolo del acercamiento entre PP y Vox, con implicaciones en la estrategia electoral y en la percepción pública de ambos partidos. Mientras tanto, el debate continúa abierto. La eutanasia, como cuestión profundamente ligada a la ética personal y a la concepción de la libertad individual, seguirá siendo un terreno de confrontación política y emocional. La decisión final de Feijóo, cuando llegue, no solo tendrá consecuencias legislativas: también marcará un punto de inflexión en la relación entre las fuerzas de la derecha y en la evolución del debate sobre los derechos al final de la vida en España. En opinión del dirigente popular, las instituciones “le fallaron” a Noelia desde la infancia y “de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras”. Sin duda, por la cabeza le ronda la idea de abolir una normativa que nunca le ha agradado.