En plena ola de incendios, con miles de hectáreas arrasadas y servicios públicos tensionados hasta el límite, Alberto Núñez Feijóo ha presentado un plan nacional de prevención que más parece un gesto electoral. Mientras sus presidentes autonómicos fallan en la gestión directa, el líder del PP ensaya un discurso de Estado con aroma a excusa. Pero las competencias están claras. Y los hechos, también.
El simulacro de un liderazgo que no llega al territorio
Feijóo ha vuelto a situarse en esa extraña frontera entre la oposición institucional y la retórica hueca. Su plan de incendios aparece como una iniciativa "nacional" que obvia que son sus propios gobiernos autonómicos los que tienen las competencias directas en prevención, extinción y organización de medios. Lo que debería ser un ejercicio de autocrítica hacia sus barones se convierte, una vez más, en una plataforma para atacar al Gobierno central.
Lo que ha ocurrido en Galicia, Castilla y León o Extremadura no es una excepción, sino un síntoma: dispositivos insuficientes, vacantes sin cubrir, turnos sin personal y falta de planificación a pesar de todas las alertas climáticas. Aun así, desde Génova se construye un relato en el que el enemigo siempre está en Moncloa, incluso cuando las llamas se propagan por territorios gobernados por el propio PP.
¿A quién iba dirigido ese plan, como se pregunta Ángel Víctor Torres? ¿A los votantes que quieren ver en Feijóo un presidente responsable? ¿O a sus propios presidentes autonómicos, que han preferido mirar hacia otro lado mientras ardían sus provincias? El problema no es solo la estrategia, sino la incoherencia. Y el coste lo paga el monte, lo pagan los pueblos y lo pagan quienes están a pie de fuego sin apoyo suficiente.
Negar el cambio climático, diluir responsabilidades
En este contexto, la propuesta de un gran Pacto de Estado frente al cambio climático impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez contrasta con el negacionismo latente de buena parte de la derecha. Feijóo, atrapado entre su imagen moderada y el radicalismo climático de Vox —su socio natural en gobiernos autonómicos—, no ha querido posicionarse con claridad frente a la emergencia climática. Y esa ambigüedad es, en realidad, una renuncia.
Negar el cambio climático ya no pasa solo por decir que no existe. Pasa por no actuar, por reducir presupuestos, por no invertir en reforestación, por no asumir responsabilidades políticas. Pasa por considerar que lo urgente es desgastar al Gobierno antes que proteger vidas, bosques y biodiversidad. El PP ha hecho de esa dejación una forma de hacer oposición: donde debería haber propuestas, pone titulares; donde debería haber cooperación institucional, lanza acusaciones vacías.
Y todo esto mientras en Europa se consolida la apuesta por la transición ecológica, por una gobernanza pública del territorio y por planes estructurales a largo plazo. Feijóo no quiere hablar de esto, porque significaría poner en evidencia a quienes hoy sostienen su poder territorial. Mientras tanto, desde el Gobierno central se sigue reclamando responsabilidad, coordinación y visión de país. Pero si el PP quiere sumar a un pacto climático, primero tendrá que reconocer que estamos ante una emergencia. Y segundo, que su modelo autonómico actual no da respuestas. Solo titulares.