Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Pedro Sánchez ha vuelto a hacer historia con una nueva debacle electoral. Esta vez ha sido Extremadura, pero se venía de un historial de territorios en los que se han producido los peores resultados de la historia del PSOE como sucedió en Euskadi o en Galicia. El sanchismo es un proyecto muerto, sin futuro y al que los votantes de centro izquierda han dado la espalda. No hay que mirar a conspiraciones o a enemigos del “estado profundo”. La responsabilidad tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez. Mientras siga al frente del Partido Socialista y del gobierno, la catástrofe será cada vez mayor.
La debacle electoral del PSOE en Extremadura no puede entenderse sin atender a una decisión tan incomprensible como políticamente temeraria: la elección de un candidato procesado por la justicia como cabeza visible del proyecto socialista. Lejos de ser un daño colateral, esa decisión fue consciente, deliberada y avalada directamente por Pedro Sánchez, que asumió el riesgo convencido de que su control del aparato compensaría el coste político y moral de la candidatura.
No lo hizo.
En un contexto de fatiga democrática, desconfianza ciudadana y exigencia de ejemplaridad, el PSOE compareció ante el electorado con un candidato cuya situación judicial no era un asunto menor ni una cuestión técnica, sino un problema político de primer orden. La dirección del partido optó por minimizarlo, encuadrarlo como una persecución o simplemente silenciarlo. El resultado ha sido devastador: el debate público quedó contaminado desde el primer día y la campaña nunca logró escapar del descrédito.
La responsabilidad de Pedro Sánchez en este punto es directa e intransferible. No solo bendijo la candidatura, sino que cerró filas en torno a ella, desoyendo advertencias y neutralizando cualquier intento de ofrecer una alternativa. La imposición del candidato no respondió a criterios de solvencia electoral ni de limpieza institucional, sino a una lógica de lealtad personal y control orgánico que terminó sacrificando al partido en el altar del poder interno.
El mensaje enviado al electorado fue demoledor: el PSOE estaba dispuesto a normalizar una candidatura judicialmente cuestionada con tal de preservar equilibrios internos. En lugar de marcar distancia, la dirección federal convirtió la elección en un acto de desafío, subestimando la capacidad del votante para penalizar la incoherencia entre discurso ético y práctica política.
La campaña quedó así atrapada en una trampa autoimpuesta. Cada propuesta programática era eclipsada por la situación procesal del candidato; cada apelación a la regeneración democrática sonaba hueca; cada ataque a los adversarios regresaba amplificado. El PSOE no ha caído solo por lo que hicieron el resto de candidaturas, sino por lo que decidió tolerar en su propia candidatura.
Pedro Sánchez transformó la contienda electoral en un plebiscito doblemente fallido: sobre su liderazgo y sobre una forma de ejercer el poder que prioriza la obediencia sobre la credibilidad. Cuando han llegado los resultados, la derrota ha sido lo esperado. No ha existido sorpresa, solo confirmación. El partido pagó el precio de haber confundido resistencia personal del líder con fortaleza política.
El 21 de diciembre de 2025 no marca únicamente un cambio de ciclo electoral. Marca el momento en que el sanchismo mostró su límite definitivo: cuando la conservación del poder interno pesa más que la ética pública, el resultado no es estabilidad, sino derrota.
El PP gana, pero puede no gobernar
Los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025 trascienden con claridad el marco regional. Extremadura, durante décadas bastión del socialismo, se convierte así en un termómetro nacional del desgaste del poder, del realineamiento del voto y de la fragilidad de los proyectos políticos cuando pierden conexión social, como es el caso del sanchismo.
El Partido Popular, con 29 diputados, se consolida como primera fuerza en la región sin necesidad de un crecimiento espectacular. Este dato es clave para la lectura nacional: el PP avanza no tanto por una movilización extraordinaria de su electorado, sino por la descomposición del espacio socialista. Para la dirección nacional del PP, el resultado refuerza la estrategia de moderación territorial y de acumulación paciente de poder autonómico. La victoria extremeña confirma que el PP puede gobernar incluso en territorios históricamente adversos si el PSOE se hunde por desgaste propio.
Sin embargo, el resultado también encierra una advertencia para Génova: el crecimiento limitado del PP frente al fuerte ascenso de VOX, que pasa de 5 a 11 diputados, subraya la dependencia estructural del partido de Alberto Núñez Feijóo respecto a su socio a la derecha. Extremadura se suma así al mapa de comunidades donde la gobernabilidad popular está condicionada, lo que complica el relato nacional de un PP autosuficiente y refuerza la capacidad de presión de VOX en el conjunto del Estado.
Para VOX, el resultado extremeño es un éxito estratégico de alcance nacional. Consolida su presencia en un territorio rural, tradicionalmente socialista, y demuestra que su discurso de confrontación cultural y rechazo a las políticas del Gobierno central tiene recorrido más allá de sus feudos habituales. A nivel estatal, el ascenso de VOX en Extremadura refuerza su posición negociadora frente al PP y tensiona la imagen de centralidad que los populares intentan proyectar ante el electorado moderado.
La lectura es mucho más dura para el PSOE. La caída de 28 a 18 diputados en Extremadura supone una derrota política de primer orden para la dirección federal. No se trata solo de perder una comunidad simbólica, sino de hacerlo de forma abrupta, sin capacidad de resistencia ni de recomposición. El resultado debilita el relato de fortaleza territorial que el PSOE ha utilizado históricamente como contrapeso a sus dificultades en otros ámbitos.
En clave nacional, la derrota del PSOE en Extremadura impacta directamente en el liderazgo de Pedro Sánchez. El hundimiento de un bastión histórico alimenta las críticas internas sobre la gestión de las candidaturas, la centralización de las decisiones y la desconexión entre la dirección federal y los territorios. Extremadura deja de ser una excepción protectora y se convierte en un precedente inquietante: si el PSOE puede perder aquí, puede perder en cualquier sitio.
La mejora de PODEMOS–IU–AV, que pasa de 4 a 7 escaños, introduce además una tensión adicional en el bloque progresista a nivel estatal. El crecimiento de la izquierda alternativa no compensa la debacle socialista, pero sí confirma una fragmentación persistente del voto de izquierdas, incapaz de articular mayorías sólidas. Esta dinámica refuerza la idea de que el problema del PSOE no es solo la competencia externa, sino la erosión de su hegemonía dentro de su propio espacio ideológico.
En conjunto, Extremadura anticipa un escenario nacional más inestable y polarizado. El PP avanza, pero condicionado; VOX crece y presiona; el PSOE retrocede con fuerza; y la izquierda alternativa gana presencia sin capacidad de liderazgo. El tablero político español se reconfigura sin mayorías claras y con una creciente dependencia de pactos incómodos.