La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), además de ceder la investigación penal al ministerio público, cuenta con una importante novedad que va a repercutir en el plano político. De prosperar el proyecto elaborado por el equipo de Félix Bolaños, los partidos políticos y sindicatos no podrán personarse en las instrucciones como acusaciones particulares y tampoco las asociaciones vinculadas, generalmente las de extrema derecha, Hazte Oír y Manos Limpias, principalmente.
El gobierno pretende acabar con la instrumentalización política de relevantes causas en materia de corrupción. Y es que el abuso de la figura de la acusación popular, reconocida en el artículo 125 de la Constitución, es evidente. Todas las diligencias abiertas en los juzgados cuentan con la personación de las asociaciones de extrema derecha. Vox, que no puede acudir al Tribunal Constitucional por no tener la suficiente representación parlamentaria, ha decidido poner en marcha una espectacular maquinaria jurídica que la permite, por supuesto mediante importantes recursos económicos, personarse en calidad de acusación particular. La última y controvertida actuación ha sido la autorizada por el juez del Supremo, Ángel Hurtado, en el sumario contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en el último momento de la instrucción lo que permite al abogado de la formación de Santiago Abascal poder participar en el juicio. La posibilidad de personarse en la fase final de una instrucción está contemplada en la legalidad vigente pero políticamente no deja de ser calificada de oportunista.
Nadie entiende como Manos Limpias, una asociación que dice ser “un sindicato” cuente con recursos económicos suficientes como para estar presente en todas las actuaciones judiciales con repercusión mediática. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado una querella presentada por la asociación de Miguel Bernard contra la jueza de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, a la que acusa de prevaricación en una maniobra en la cual intentó exculpar a uno de los imputados, Emilio Argüeso, que lo señala como “abogado de referencia” y “jefe de sus servicios jurídicos”.
Se creía que Manos Limpias había desaparecido cuando Bernard fue imputado en la “operación Nelson” que instruyó el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la cual él y su presunto socio, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, habrían llevado a cabo operaciones de chantaje contra personalidades y directivos bancarios a los que se les pidió dinero para no llevar a cabo campañas periodísticas y jurídicas contra ellos. Todavía se recuerda la acusación que ejercieron en el caso Noos cuya abogada, Virginia López-Negrete, se quedó sola acusando a Cristina de Borbón en contra del criterio del fiscal. Bernard fue condenado por la Audiencia Nacional pero el Supremo revocó la sentencia y le absolvió. Desde entonces, el seudosindicato ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca. La última ha sido querellarse contra el presidente del Gobierno por “falso testimonio” supuestamente cometido durante su declaración en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.
Manos Limpias encabeza el ranking de acusaciones particulares. Se ha personado en todas las diligencias en las que están implicados miembros del gobierno socialista, los partidos que lo sustentan o familiares. Hay quien está convencido de la existencia de una conexión con el Partido Popular. De ello ya se habló en la época de la relación de Bernard con Pineda cuya esposa fue directora general de consumo de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre. Además del caso Noos, aquel periodo se puede considerar como etapa negra para sus enemigos. El juez Elpidio Silva, quien, según dicen, podría contar muchas cosas de Bernard, fue apartado de la carrera judicial. Un grupo de periodistas a sueldo escribieron un libro contra el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, quien acabó en la cárcel por el caso de las tarjetas black posteriormente suicidándose en unas circunstancias no del todo aclaradas en las que se llegó a hablar de la existencia de una operación de venganza en el seno del PP contra el equipo económico del primer gobierno de Aznar al frente del cual estaba Rodrigo Rato que también terminó en la cárcel acusado de corrupción.
Si las relaciones de Manos Limpias no están del todo aclaradas, menos lo son las de la otra asociación vinculada con la extrema derecha. Hazte Oír ocupa el segundo lugar en el ranking de acusaciones en los sumarios mediáticos. Asociación ultracatólica y conservadora, forma parte de la muy poderosa fundación multinacional Citizen Go. Fue identificada en 2007 como una de las páginas en Internet que servían de plataforma al sector de la derecha española denominado teocon para el cual la defensa de identidades comunitarias prevalece sobre los principios liberales. Ha sido vinculada con la sociedad secreta mexicana de extrema derecha El Yunque junto a organizaciones como Profesionales por la Ética, Médicos por la Vida, Abogados Cristianos, Organización del Bien Común, Instituto de Política Familiar y Grupo Pro-Vida Madrid algunas de las cuales también ejercen las acusaciones populares en relevantes sumarios judiciales.
La jueza número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha abierto diligencias previas contra Hazte Oír por la colocación de una lona frente al Congreso de los diputados llamando “corrupto” a Pedro Sánchez. La lona sigue circulando por Madrid en un autobús y el PSOE ha pedido a la magistrada que adopte la medida cautelar de prohibir su difusión.
Las asociaciones que ejercen las acusaciones en las causas no sólo tienen un interés político en estar presentes en las diligencias que se llevan a cabo. Los sumarios permiten a sus abogados acceder a informaciones que pueden ser utilizadas con fines diferentes para los que se aportan a las investigaciones. De hecho, en el sumario del fiscal general del Estado constan multitud de datos que afectan a la seguridad del Estado procedentes de la intervención a los soportes digitales. Nadie sabe cómo podrán ser utilizados en el futuro por estas asociaciones.
Esa es la razón por la que el gobierno ha decidido limitar personaciones populares en las causas judiciales. Otra cosa será comprobar si, de prosperar la reforma, el Tribunal Constitucional avala una ley que puede estar traspasando la línea roja establecida en el artículo 125 de la Constitución. Pero eso es todavía demasiado pronto como para evaluarlo.