Antes de la crisis de 2008, las tertulias políticas y los gabinetes de análisis en las grandes capitales occidentales trataron cada victoria de la extrema derecha como si fuera un bicho raro. Un tropiezo del sistema. Una pataleta del electorado. En definitiva, una fiebre pasajera que la propia inercia democrática se encargaría de curar.
Se afirmó que la desconexión del Brexit fue un arrebato de nostalgia imperial y una chaladura aislada de los británicos. Se empeñaron en argumentar que la primera victoria de Donald Trump no pasó de ser un despiste colectivo, un accidente histórico provocado por un personaje estrafalario. Y cuando surgían noticias de autócratas en el este de Europa o en América Latina, los gobiernos occidentales despachaban el asunto como si se tratara de exotismos locales sin capacidad de contagio. Pues bien, toca despertar de una vez. De pataleta o accidente geográfico, nada de nada.
Lo que estamos presenciando en directo no es una simple coincidencia de sucesos aislados, sino el despliegue de una maquinaria política global, perfectamente articulada y engrasada, que se pasa apuntes de un país a otro. Una red internacional que ha estudiado minuciosamente la anatomía del descontento social y que sabe exactamente qué tecla tocar en cada momento para transformar la rabia, la incertidumbre y la precariedad en toneladas de votos.
El último aviso acaba de llegar con estruendo desde el corazón de Europa. En las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en la antigua Alemania Oriental, Alternativa para Alemania (AfD) no solo ha barrido en las urnas, se ha quedado rozando con los dedos la mayoría absoluta. La formación ultra ha arrasado entre los votantes más jóvenes, dejando al partido del canciller Friedrich Merz contra las cuerdas y en mínimos históricos de aprobación popular.
Para entender la magnitud del seísmo no hay más que darse una vuelta por Berlín. La sorpresa entre los analistas oficiales ha sido mayúscula, aunque la tragedia se venía gestando a plena luz del día. AfD logró su victoria porque dejó de centrar todo su discurso en la inmigración y empezó a hablar de la cartera.
Cuando la inflación apretó y el coste de la vida se volvió asfixiante, la estrategia cambió de marcha. Mientras las élites de la capital miraban hacia otro lado y recitaban grandes discursos sobre geopolítica, los líderes de la AfD salieron a la calle a hacer promesas muy concretas. Prometieron gas barato, bajadas drásticas de impuestos, el fin inmediato de las sanciones a Rusia y la exigencia de gastar los euros alemanes dentro del país en lugar de enviar partidas millonarias al extranjero.
El mensaje caló como la lluvia fina en una población desgastada. En el este alemán, casi cuatro décadas después de la caída del Muro de Berlín, tres de cada cuatro ciudadanos afirman en las encuestas que se sienten tratados como alemanes de segunda clase en su propio país. La reunificación supuso para ellos una globalización a marchas forzadas: de la noche a la mañana se desmanteló su tejido industrial, sus tradiciones locales saltaron por los aires y las inversiones occidentales compraron el territorio a precio de saldo. Quienes no pudieron subirse al tren de la nueva economía quedaron abandonados en la cuneta.
La izquierda tradicional, que históricamente canalizaba esa frustración de las clases trabajadoras, se despistó en batallas ideológicas y terminó perdiendo por completo el contacto con el barro. La consecuencia inevitable ha sido la fractura del espacio progresista. Un ejemplo clarificador es el de Sahra Wagenknecht, una veterana dirigente que decidió romper con la izquierda clásica para fundar su propia alianza: un partido que combina recetas económicas distributivas con un discurso de mano dura en las fronteras y de rechazo a la inmigración.
En el parlamento de Sajonia-Anhalt, los escaños de Wagenknecht se han vuelto decisivos. Y con su disposición a negociar asuntos puntuales con la extrema derecha, el famoso "cordón sanitario" que la política germana mantuvo como norma sagrada desde la Segunda Guerra Mundial se ha agrietado definitivamente.
Pero si alguien piensa que esto es un problema exclusivo del este de Alemania o de las tensiones no resueltas tras la Guerra Fría, se equivoca de plano. Basta con levantar la vista y mirar al mapa global para comprobar que el guion se repite con una precisión milimétrica en latitudes muy diversas.
Viajemos por un momento a América Latina. En Colombia, el electorado decidió entregar la presidencia a Abelardo De la Espriella, un abogado célebre por su gusto por los caros trajes italianos de diseño, los coches de gran cilindrada y por haber defendido en los tribunales a capos del narcotráfico y paramilitares de extrema derecha. De la Espriella se impuso en las urnas a Iván Cepeda, un respetado defensor de los derechos humanos y uno de los arquitectos de los acuerdos de paz que lograron reducir la violencia histórica en el país. El resultado dejó boquiabiertos a los observadores internacionales: fue la victoria del espectáculo y de la mano dura frente a la pedagogía democrática.
En Perú ocurrió algo similar. Keiko Fujimori logró finalmente alcanzar la presidencia rescatando el fantasma del fujimorismo: un culto a la personalidad autoritario, neoliberal y visceralmente opuesto a cualquier agenda de derechos sociales que su padre consolidó tras el golpe de Estado de los noventa. Lejos de suponer un lastre infranqueable, los graves escándalos de corrupción y las condenas judiciales que pesaban sobre el legado familiar sirvieron para articular un sentimiento de nostalgia en una sociedad exhausta por la inestabilidad política y el crimen organizado.
El patrón es constante. En latitudes tan distantes como El Salvador, Filipinas, la India o la propia Rusia, la extrema derecha aplica una hoja de ruta en dos fases claramente diferenciadas. La primera consiste en utilizar las reglas de la democracia representativa para ganar las elecciones aprovechando el descontento popular. La segunda fase, mucho más peligrosa, comienza una vez instalados en el poder: la manipulación de las leyes, el debilitamiento del poder judicial, la persecución de la prensa libre y la reestructuración del Estado para garantizar su permanencia indefinida en las instituciones, al margen de las futuras fluctuaciones del voto.
Es cierto que, de vez en cuando, el engranaje encuentra resistencias y sufre tropiezos. En Suecia, los ultraderechistas han experimentado un claro retroceso electoral. En Hungría, la oposición logró articular un frente amplio para desplazar del poder a Viktor Orbán tras años de control absoluto. Y en Brasil, las instituciones democráticas aguantaron la embestida tras la derrota de Jair Bolsonaro y su posterior procesamiento judicial por intentar un golpe de Estado.
Sin embargo, cometeríamos un error trágico si interpretáramos estas victorias puntuales como el fin de la amenaza. Son apenas pequeñas pausas en una marea de fondo que no deja de crecer en todo el planeta.
El gran logro estratégico de la extrema derecha contemporánea ha sido arrebatarle a la izquierda la bandera de la rebeldía y el monopolio de la contestación social. Su discurso funciona a través de un juego de espejos muy eficaz: atacan sin piedad a las minorías más vulnerables (migrantes, la comunidad LGTBi, feministas, ecologistas) al tiempo que señalan con el dedo a las grandes élites financieras y a las organizaciones internacionales.
Cargan duramente contra el "globalismo", disparan contra figuras como George Soros o Bill Gates y prometen proteger al ciudadano de a pie frente a los dictados de Bruselas o Washington. Es una gran estafa comunicativa, desde luego. Una vez que llegan a los gobiernos, la inmensa mayoría de estos movimientos aprueba bajadas masivas de impuestos para los más ricos, desmantela los servicios públicos y entrega la gestión económica a los grandes poderes oligárquicos locales. Pero el engaño funciona porque responde a una necesidad emocional real del electorado: la búsqueda de protección frente a un mundo percibido como hostil y caótico.
Frente a esta embestida, la respuesta del resto del arco político ha sido desesperantemente ineficaz. Los llamamientos retóricos a la moderación, la nostalgia por el viejo consenso bipartidista o la apelación abstracta a los valores democráticos ya no movilizan a nadie en los barrios obreros o en las zonas rurales empobrecidas.
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