La fotografía que deja el último estudio del CIS no es una anomalía puntual, sino el síntoma de un malestar más profundo. Tres de cada cuatro ciudadanos perciben un deterioro de la democracia en España y casi nueve de cada diez creen que la polarización y el conflicto social aumentan. El dato no describe solo una percepción, sino un clima político sostenido que obliga a identificar responsabilidades y a plantear salidas más allá del ruido.
Los datos son contundentes y, sobre todo, persistentes. El 76,6% de los ciudadanos percibe un deterioro de la democracia y esa percepción, además, genera preocupación en la gran mayoría de quienes la comparten. No es solo una opinión. Es un estado de ánimo colectivo.
La democracia no se mide únicamente en leyes o en procedimientos. También se sostiene sobre la confianza. Y ese es el elemento que aparece más erosionado en el estudio. Cuando casi el 90% de la población considera que la conflictividad social va en aumento, lo que se está señalando es una fractura en la convivencia política que va más allá del debate ideológico.
Conviene detenerse en una cuestión incómoda. La polarización no es un fenómeno espontáneo. Es, en buena medida, una estrategia política deliberada.
Durante años, una parte relevante del debate público ha girado hacia posiciones cada vez más extremas. No tanto por la aparición de nuevos problemas, sino por la forma de abordarlos. La simplificación del discurso, la confrontación constante y la deslegitimación del adversario han acabado configurando un clima en el que el desacuerdo se convierte en conflicto permanente.
Ese desplazamiento no es neutro. Beneficia a quienes encuentran en la tensión una forma de movilización electoral. Y penaliza a quienes necesitan espacios de acuerdo para gobernar. La consecuencia es evidente. La política deja de percibirse como un instrumento de resolución de problemas y pasa a interpretarse como un campo de enfrentamiento continuo.
El papel de los medios de comunicación tampoco es menor. Más de tres cuartas partes de los encuestados consideran que contribuyen a aumentar la sensación de miedo. No se trata de señalar a un único actor, sino de reconocer una dinámica en la que la amplificación del conflicto se convierte en un elemento central del consumo informativo. La lógica del impacto inmediato ha sustituido en muchos casos a la del contexto. Y eso tiene efectos. El ciudadano recibe más estímulos, pero menos herramientas para comprender lo que ocurre.
Responsabilidades compartidas
Sería un error reducir este diagnóstico a una sola causa. El deterioro percibido tiene responsabilidades múltiples. La política institucional ha contribuido a elevar el tono del debate hasta niveles que dificultan cualquier acuerdo. La oposición, en muchos casos, ha optado por una estrategia de bloqueo sistemático que convierte cualquier negociación en una renuncia. El Gobierno, por su parte, no siempre ha sabido construir relatos inclusivos que rebajen la tensión. A eso se suma un ecosistema mediático fragmentado y una conversación pública cada vez más condicionada por redes sociales donde el matiz tiene poco recorrido. El resultado es un círculo difícil de romper. Más polarización genera más desconfianza. Y más desconfianza alimenta nuevas formas de polarización.
La pregunta no es solo qué ha pasado, sino qué se puede hacer. La primera respuesta pasa por recuperar espacios de acuerdo en cuestiones estructurales. No se trata de eliminar el conflicto político, que es inherente a cualquier democracia, sino de delimitarlo. Hay ámbitos donde el consenso no es una opción, sino una necesidad. Educación, sanidad, sistema territorial o transición energética son algunos de ellos.
La segunda clave tiene que ver con la calidad del debate público. Reducir la política a consignas o a confrontaciones personales puede ser eficaz a corto plazo, pero erosiona la credibilidad institucional. La recuperación de un lenguaje político menos agresivo no es una cuestión estética. Es una condición para reconstruir confianza.
También hay una dimensión social que no conviene ignorar. La percepción de deterioro democrático suele ir acompañada de inseguridad económica y desigualdad. Cuando amplios sectores sienten que su situación no mejora, la confianza en las instituciones se resiente. La democracia se debilita no solo por lo que ocurre en el Parlamento, sino por lo que sucede en la vida cotidiana.
El estudio del CIS no ofrece respuestas cerradas. Pero sí deja una advertencia clara. La democracia no se deteriora de un día para otro. Lo hace de forma gradual, a través de pequeñas fracturas que, acumuladas, terminan por alterar el conjunto. La percepción ciudadana es, en ese sentido, un indicador que conviene tomarse en serio. No porque describa exactamente la realidad institucional, sino porque anticipa cómo esa realidad puede ser interpretada.