Feijóo dicta sentencias desde Twitter, Vox convierte la bronca en ideología y el Gobierno resiste como puede mientras la ciudadanía espera respuestas.
En España la política funciona como esas viejas ferias de pueblo en las que siempre suena la misma canción. Cambia la carpa, cambia la decoración, pero los actores son los mismos y los trucos también. El Partido Popular vuelve a hablar de regeneración mientras bloquea instituciones, Vox grita “patria” mientras predica odio, y Sumar intenta que se le escuche entre tanto ruido.
La derecha no discute el futuro, lo niega. Niega la crisis climática mientras el país arde cada verano. Niega la igualdad mientras presume de feminismo impostado en campaña. Niega la corrupción mientras tumba en el Congreso la creación de una Oficina para prevenirla. Todo en nombre de una patria que confunden con un cortijo y en la que el Estado solo sirve si paga sus cafés, sus cumpleaños o sus sobresueldos.
Frente a ese modelo, el Gobierno de coalición ha optado por resistir: proteger lo público, blindar derechos, impulsar una transición ecológica que no puede esperar a que la ultraderecha aprenda ciencia básica. Es cierto, la resistencia no siempre brilla. Hay errores, hay contradicciones y hay desgaste. Pero mientras unos prometen humo y otros venden miedo, la izquierda sigue siendo el único espacio donde aún se habla de salario mínimo, de vivienda, de salud pública o de cambio climático.
Feijóo se ha convertido en un juez de barra de bar: dicta condenas exprés contra fiscales, ministros o cualquiera que no le dé la razón, mientras protege a los suyos. Vox juega a Trump a la española, acusando a ONGs de “barcos negreros” y proponiendo hundirlos por salvar vidas. Y en medio, la política se degrada en espectáculo mientras la ciudadanía se enfrenta a problemas reales: el alquiler imposible, el calor insoportable, la precariedad crónica.
La clave está ahí, en no dejar que nos roben la agenda. El futuro no se decide en los titulares de tertulia ni en los trending topics del día, sino en si somos capaces de reforzar el Estado frente a quienes quieren convertirlo en una gestoría privada. No se trata de elegir entre banderas, sino entre derechos o recortes; entre servicios públicos o negocios privados; entre solidaridad o sálvese quien pueda.