A comienzos de este año 2026, por un momento, dio la impresión de que los bolsillos de los trabajadores españoles iban a tener un respiro. Tras cinco años de asfixia continuada desde la gran ola de precios de 2021, la brecha entre el coste de la vida y los sueldos estuvo a punto de cerrarse. Faltaba nada. Una triste décima.
Pero en esta España sin rumbo, donde se pretende imponer el relato a la realidad, las treguas duran lo que tarda en saltar una chispa en Oriente Medio. La guerra volvió a estallar en marzo, el petróleo se disparó y el espejismo se disipó en cuestión de semanas.
Los datos oficiales de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral lo han confirmado con toda la frialdad del dato público. En el segundo trimestre del año, los sueldos apenas subieron un 0,8%. Sin embargo, la inflación en esos mismos tres meses escaló hasta el 1,6%. Es decir, un tijeretazo real del 0,8% en el poder de compra de las familias. El golpe más duro desde 2022.
La causa no sorprende a nadie que haya tenido que llenar el depósito últimamente. El barril de crudo volvió a apretar las tuercas al mercado global y la gasolina se ha puesto por las nubes, rozando subidas del 21%. Con un IPC general disparado al 4,3% en agosto, la pérdida de poder adquisitivo ha dejado de ser una amenaza teórica. Es un hachazo diario. Hoy por hoy, las nóminas reales están un 0,9% por debajo de lo que marcaban en 2021. Todo el esfuerzo de años de negociación colectiva, tirado a la basura.
Sin embargo, cuando se rasca bajo la superficie, cuando nos salimos de los datos absolutos, la foto es aún más desigual. El sector privado está encajando lo peor del golpe. En las industrias extractivas los sueldos cayeron un 2,1% interanual en términos reales; el comercio y las actividades profesionales perdieron un 1,9%. En el otro lado de la balanza aparecen la educación o la administración pública con subidas aparentes del 5% o 6%. Pero no nos engañemos: no es que los sueldos públicos estén tirando de la economía, es simplemente un ajuste estadístico por los aumentos acumulados que se aplicaron a primeros de año.
Los analistas de BBVA Research y Fedea ya lo dicen sin rodeos: la ventaja se ha terminado. El diferencial positivo que se logró salvar con uñas y dientes desde 2022 ha desaparecido. La balanza vuelve a inclinarse en contra del trabajador.
La política de subidas del Salario Mínimo Interprofesional ha servido de escudete protector para los empleos peor pagados. Desde 2021, el SMI acumula un alza del 26,5% en términos nominales, lo que significa que esos trabajadores sí han ganado un 3,9% de poder de compra real.
El Ministerio de Trabajo promete volver a subirlo para compensar la inflación de este año. Pero esto genera un efecto colateral en la calle: la compresión salarial. El suelo sube, pero los sueldos medios siguen estancados, haciendo que cada vez más profesionales capacitados o con años de experiencia ganen prácticamente lo mismo que quien acaba de entrar por la puerta.
Y luego está la trampa silenciosa. La fiscal.
Porque una cosa es lo que pone en la nómina bruta que mide la estadística y otra muy distinta lo que llega a la cuenta bancaria. Al no deflactarse los tramos del IRPF para adaptarlos al coste de la vida, se produce el fenómeno que en los pasillos del Ministerio de Hacienda conocen bien: la progresividad en frío.
El mecanismo es perverso. Te suben el sueldo un poco para compensar la subida del pan o la luz, pero el sistema entiende que te has hecho más rico. Pasas a un tramo impositivo más alto, te retienen más y le entregas a Hacienda parte de un aumento que en realidad no existe.
Las cifras de Eurostat no mienten. A finales del año pasado, el sueldo neto de un trabajador a tiempo completo en España era un 3,7% inferior al de antes de la pandemia, mientras que en bruto la pérdida era solo del 1,4%. Entre la subida de los carburantes y el mordisco del IRPF, el ciudadano de a pie termina pagando la fiesta por duplicado.
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