Las gráficas y los informes sobre el esfuerzo familiar para acceder a la vivienda han dejado de ser simples estadísticas. Son, digámoslo claro, el mapa de un naufragio generacional y de un fracaso político.
Basta con salir a la calle para comprobarlo. Hoy en día, cualquier familia media que pretenda comprarse un piso tiene que dejar sobre la mesa casi el 40% de sus ingresos brutos. Una barbaridad. Sobre todo si echamos la vista atrás y miramos la hemeroteca de las últimas cuatro décadas. Desde 1980, lo que le cuesta a un español pagar su casa se ha disparado un 88,6 %.
En la zona euro, por el contrario, el aumento medio apenas ha rozado el 10%. Sacad la cuenta: el esfuerzo aquí multiplica por nueve al de los países vecinos que, además, tienen salarios que, cuanto menos, duplican el que perciben los trabajadores españoles.
El abismo es monumental. Mientras en sitios como Alemania o Italia la cosa incluso mejoró respecto al siglo pasado, porque allí los sueldos crecieron más rápido que los pisos, en España nos dimos de bruces con la realidad. Hoy hacen falta unos siete años enteros de la renta neta de una familia para pagar la vivienda. Y si te da por mirar en Madrid, Barcelona o Málaga... agárrate. La cifra sube hasta los diez años. No es extraño que más del 11% de los nuevos hipotecados rocen ya el límite del ahogo financiero.
Para entender este desaguisado hay que recordar lo que pasó tras la entrada en la Comunidad Europea allá por el 86. España empezó a hacerse rica, los pisos se encarecieron a velocidad de vértigo y el precio del metro cuadrado se igualó al europeo antes de que los salarios pudieran reaccionar.
Durante años, eso sí, tuvimos un anestésico poderoso: el desplome de los tipos de interés. Pasar de pagar hipotecas al 18% a tipos rozando el suelo, sumado a firmar créditos a treinta o cuarenta años, sirvió de colchón. Las cuotas no dolían tanto. Pero claro, ese truco de magia financiera era irrepetible. Y el margen se acabó. A la extinción de la hipoteca barata se le suma un problema de los de toda la vida: simplemente no hay casas por varias razones pero, principalmente, porque los fondos especulativos mantienen cientos de miles de viviendas fuera del mercado.
El estallido de la burbuja en 2008 no solo se llevó por delante a las cajas de ahorro; arrasó con el sector inmobiliarios. Se perdieron más de un millón de empleos en la construcción y la industria quedó en el chasis. Si a eso le sumas que la vivienda protegida en España es un raquítico 1,5% del total frente al 7% de media en la Unión Europea, la tormenta perfecta está servida. El Estado ni está ni se le espera, y el mercado libre campa a sus anchas.
Luego está el lío del suelo. ¡Ah, la burocracia! Cualquiera que haya intentado mover un expediente en un ayuntamiento sabe de qué se trata. Convertir un terreno en un lugar donde se pueda levantar un bloque de pisos puede tardar años, lustros a veces. La propiedad del suelo edificable acabó concentrada en muy pocas manos tras el crack financiero, lo que deja al mercado sin capacidad de respuesta.
Mientras tanto, la demografía no perdona. En 1981 en cada casa vivían casi cuatro personas de media; hoy apenas llegamos a dos y medio. Hay más hogares buscando techo, aunque la población no crezca tanto.
Y por si fuera poco, nos hemos vuelto exigentes. En Madrid o Barcelona ha calado ese fenómeno tan humano de "no en mi barrio": vecinos que protestan contra las nuevas promociones cerca de sus casas porque molestan, atrapando aún más la oferta y empujando a los jóvenes a buscar pisos a horas de distancia de sus trabajos.
¿Hay salida? Los expertos insisten en que no basta con ponerse a tirar hormigón sin ton ni son. Hacen falta datos reales y un poco de sentido común. Tocar la regulación de los alquileres turísticos que vacían los barrios, movilizar las casas vacías o convertir antiguos locales comerciales en estudios habitables son parches urgentes.
Porque si no se frena esta sangría, el derecho constitucional a una vivienda digna terminará siendo lo que ya parece para muchos: un auténtico privilegio de época.
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