Pocas cifras resultan tan deslumbrantes como el recuento de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Cuando los ministros, el propio presidente y los portavoces de los partidos del gobierno de coalición acuden a los micrófonos para proclamar que la economía española ha rebasado con holgura la barrera histórica de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, el titular parece incontestable. La narrativa del éxito macroeconómico pretende cerrar cualquier debate. Sin embargo, al descorrer el velo de la estadística agregada e internarse en la trastienda de la Contabilidad Nacional Trimestral y los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la imagen triunfalista se disuelve y revela una realidad infinitamente más sucia.
La gran contradicción de la economía española no reside en la incapacidad para generar altas administrativas, sino en la metamorfosis del trabajo en una mercancía fragmentada donde la métrica determinante, las horas efectivamente trabajadas por empleado, no deja de contraerse. La diferencia creciente entre una cifra récord de ocupados y un volumen global de esfuerzo laboral que apenas supera los niveles de hace dos décadas constituye la prueba más contundente de que el modelo productivo es adicto a la precariedad estructural, es un engranaje capaz de pulverizar los índices de desempleo formal mientras alimenta de forma imparable los números del empleo de subsistencia y la vulnerabilidad social.
Para comprender la magnitud de esta distorsión es preciso analizar cómo el mercado de trabajo ha aprendido a enmascarar la debilidad del tejido productivo a través de la partición del tiempo. Durante décadas, la medición del paro y de la ocupación se realizaba bajo la premisa implícita de que un puesto de trabajo equivalía a una jornada completa de cuarenta horas semanales, una jornada capaz de garantizar la prosperidad económica y social del trabajador. Hoy esa correlación ha saltado por los aires. Según los datos del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cruzados con la Encuesta de Población Activa (EPA), España cuenta con más personas inscritas en el sistema que en cualquier otro periodo de su historia moderna. Pero la intensidad media de la jornada por trabajador ha experimentado una caída drástica y continuada.
En términos sencillos, no hay más trabajo en el conjunto del país, lo que ocurre es que el mismo trabajo de siempre, o incluso menos, se reparte entre un número sensiblemente mayor de personas. Esta división del tiempo laboral ha permitido alimentar el contador de las afiliaciones y maquillar las cifras macroeconómicas del mercado de trabajo, pero ha generado un efecto colateral demoledor en las estructuras económicas del país. La consolidación de la figura del trabajador pobre. Aquel que, aun figurando de alta en la plantilla de una empresa, resulta incapaz de llegar a fin de mes.
La contabilidad de la escasez
El análisis riguroso de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística revela un desajuste estructural que destruye el relato del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la salud del mercado laboral. Mientras la curva de afiliados muestra una pendiente ascendente ininterrumpida, el número total de horas trabajadas en el conjunto de la economía refleja un estancamiento persistente. Esta realidad contrasta con el vigor de las cifras de empleo. Cuando se computan los datos del PIB y se dividen las horas acumuladas por el volumen total de personas declaradas como ocupadas, el resultado muestra una contracción continuada de la jornada media efectiva.
El fenómeno no responde a una conquista social de reparto voluntario del tiempo libre ni a una reducción pactada de la jornada laboral. Responde a la proliferación del trabajo a tiempo parcial involuntario, la multiplicación de los contratos fijos discontinuos en inactividad intermitente y el abuso de las jornadas reducidas en los sectores de bajo valor añadido.
Este troceado sistemático del empleo opera como un anestésico estadístico frente al drama de la exclusión social. Al convertir una plaza de trabajo a tiempo completo en dos o tres contratos a tiempo parcial o fijos discontinuos, las estadísticas del Gobierno de Pedro Sánchez contabilizan dos o tres afiliados más en las listas de la Seguridad Social. Proyectan una imagen de dinamismo e inclusión económica. Sin embargo, en el mundo real, esos tres trabajadores perciben fracciones de salario que a menudo no alcanzan el umbral mínimo del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.
La precariedad ya no se mide únicamente por la duración legal del contrato escrito en el papel. Se mide por el número de horas efectivas que la empresa decide asignar a la semana. En la economía de servicios, la hostelería, el comercio minorista y la logística, miles de personas se ven obligadas a vivir atadas a la incertidumbre de un cuadrante horario cambiante. Sufren la paradoja de figurar en las estadísticas oficiales como ciudadanos plenamente integrados en el mercado laboral mientras experimentan de primera mano la exclusión material.
España, fábrica del trabajador pobre
El dividendo social de esta estrategia de fragmentación horaria es la consolidación del fenómeno de la pobreza laboral. Una realidad constatada año tras año en las memorias de la Agencia Tributaria y las mediciones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Según las series del Mercado de Trabajo y Pensiones publicadas por Hacienda, un porcentaje alarmante de los perceptores de rendimientos del trabajo en España ingresa anualmente sumas inferiores al salario mínimo anualizado, un indicador directo de la discontinuidad laboral y de la brevedad de las jornadas desempeñadas.
Trabajar en España ya no es una garantía automática para salir de la pobreza. Cuando el salario resultante de un contrato a tiempo parcial involuntario debe hacer frente a una cesta de la compra encarecida y a un mercado inmobiliario desbocado, donde el precio del alquiler absorbe en muchas capitales más del cincuenta por ciento del sueldo medio, el contrato de trabajo deja de operar como un mecanismo de movilidad social, se convierte en una cartilla de racionamiento.
La raíz de esta vulnerabilidad no radica únicamente en la flexibilidad normativa. Radica en la propia estructura del modelo productivo español, fuertemente inclinado hacia actividades de escasa productividad marginal y baja intensidad tecnológica. Las empresas de servicios no cualificados recurren a la flexibilidad horaria como una variable de ajuste frente a las oscilaciones del mercado. Trasladan el riesgo empresarial directamente sobre la espalda del trabajador. Si las ventas caen o el consumo se desacelera, el ajuste no se realiza mediante el despido, sino recortando la llamada a la actividad o reduciendo los turnos semanales. La empresa conserva su capacidad operativa a bajo coste y el Estado presiona a la baja la cifra formal de paro. Pero el coste real de esa flexibilidad es asumido íntegramente por los hogares, que sufren oscilaciones impredecibles en sus ingresos, quedan atrapados en un limbo económico que les impide proyectar cualquier plan de vida a medio plazo.
La mutación de la temporalidad
Uno de los argumentos centrales de la propaganda oficial sobre el mercado de trabajo ha sido el incremento exponencial de la contratación indefinida tras la última gran reforma laboral, reforma laboral que, hay que recordar, contaba con la oposición de muchos sectores de la izquierda y que solo se pudo aprobar gracias a un diputado del Partido Popular que se equivocó al votar. La drástica reducción teórica de los contratos temporales ha sido enarbolada como la prueba definitiva de la modernización de las relaciones laborales en España. No obstante, un análisis detallado del comportamiento de las bajas en la Seguridad Social y de la duración media de los contratos demuestra algo. La temporalidad no ha desaparecido. Ha mutado de forma. La figura del contrato fijo discontinuo ha asumido el papel que antes desempeñaban los contratos de obra y servicio o los contratos eventuales por circunstancias de la producción.
Los datos del propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan que la mortalidad de los contratos indefinidos se ha disparado. Miles de trabajadores firman un contrato de naturaleza indefinida para ser dados de baja semanas o días después por no superación del periodo de prueba o son enviados a la situación de inactivación en el caso de los fijos discontinuos. La estabilidad formal en el registro no se traduce en estabilidad real en los ingresos. Un trabajador puede ostentar la condición jurídica de empleado fijo discontinuo y pasar varios meses al año sin percibir salario alguno ni generar cotizaciones efectivas. Esta ficción contractual permite mantener las métricas formales de empleo en niveles máximos mientras la precariedad vital de las familias se mantiene intacta. La protección del trabajador se evapora en la práctica cuando la continuidad del salario mensual depende de la arbitrariedad del tiempo de trabajo asignado.
Una economía empobrecida en solo 8 años
El estancamiento crónico de la productividad por hora trabajada en España es la consecuencia directa de un modelo laboral centrado en el bajo coste y la sobreexplotación del factor trabajo por vía de la fragmentación. Los datos de Eurostat muestran de forma reiterada que España se distancia de los niveles de productividad por hora de las principales potencias del centro y norte de Europa. Un modelo económico que basa su competitividad en repartir el empleo existente mediante minijobs implícitos no incentiva la inversión en capital productivo, la digitalización de los procesos ni la formación continua de los trabajadores.
Por el contrario, perpetúa una espiral viciosa. Las empresas no necesitan innovar porque disponen de un volumen ingente de mano de obra barata y extremadamente flexible a la que pueden recurrir por horas. Mientras, los trabajadores, sometidos a salarios de supervivencia, carecen del margen económico y temporal necesario para capacitarse y acceder a puestos de mayor valor añadido.
Esta trampa de baja productividad y empleo precario amenaza seriamente la sostenibilidad futura de las arcas públicas y del sistema de pensiones. La Seguridad Social no se financia únicamente con el número absoluto de personas dadas de alta en sus ficheros. Se financia con el volumen total de las cotizaciones recaudadas, las cuales dependen directamente del salario bruto y del número de horas cotizadas. Millones de afiliados contratados a tiempo parcial o con salarios reducidos generan bases de cotización raquíticas, resultan insuficientes para sostener el gasto creciente de un sistema de pensiones presionado por la demografía. La sustitución de empleos a tiempo completo y salarios medios por múltiples empleos a tiempo parcial y salarios de miseria equivale a levantar un castillo de naipes financiero. La fachada ofrece la impresión de una base sólida y concurrida, pero los cimientos se debilitan con cada nuevo contrato fragmentado que entra en el registro.
La incongruencia del mercado de trabajo español exige superar de inmediato el triunfalismo cuantitativo para abordar una auditoría rigurosa sobre la calidad real del empleo. Las cifras oficiales de afiliación a la Seguridad Social, al ser leídas de forma aislada, operan como un espejismo estadístico que enmascara el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Cuando se analiza la evolución del volumen total de horas trabajadas, la caída del tiempo de trabajo efectivo por persona y el avance incesante de la pobreza laboral a la luz de los datos del INE, la Agencia Tributaria, el SEPE, la Seguridad Social y Eurostat, el veredicto resulta ineludible. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha resuelto su problema de empleo, simplemente ha aprendido a dividir la precariedad entre un número más elevado de personas.
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