El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sido desautorizado por sus superiores de la comisión permanente que le han obligado a que abra un expediente al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por sus manifestaciones contra la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, de la que dijo que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona ni podrá dar clases a los demás”. Las decisiones de Ricardo Conde Díez son cuestionadas porque está archivando denuncias como la del juez Adolfo Carretero quien interrogó de manera poco ortodoxa a Elisa Mouliáa en el marco de la causa abierta tras la denuncia que ella interpuso contra Iñigo Errejón por una supuesta agresión sexual. También ha archivado las quejas sobre el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, y tiene pendientes las recibidas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, la más relevante la presentada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños por la forma en que fue interrogado.
Conde Díaz ha sido señalado en los medios de comunicación por su vinculación al polémico presidente del CGPJ en la época de Rajoy, Carlos Lesmes. Las estrechas relaciones entre Conde Díaz y Lesmes Serrano vienen de antiguo cuando el segundo era un estrecho colaborador de los Gobiernos de Aznar y decidió, en 2001, nombrarle su asesor. Director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 2012-2016, la trayectoria de este juez conservador y activista de la APM ha ido dejando rastros en el BOE, tanto durante sus 5 años de alto cargo de los Gobiernos de Rajoy como en algunas de sus decisiones durante los 7 años que ha ejercido el puesto de promotor de la acción disciplinaria.
Ahora, este encargado de los” asuntos internos” de los jueces se ha encontrado con que la permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha hartado de sus decisiones y, con los votos de los vocales progresistas apoyados en esta ocasión por la presidenta Isabel Perelló, le han dejado claro que las manifestaciones de Eloy Velasco deben ser objeto de, por lo menos, un expediente y luego ya se verá si dicho expediente desemboca en una sanción. Se da la casualidad de que Velasco también ocupó la dirección general de Justicia del gobierno de la Generalitat valenciana de Eduardo Zaplana. Demasiadas coincidencias.
Esta no es la primera vez que la permanente del CGPJ desautoriza a Conde Díaz. Recientemente le ha obligado a reabrir un expediente que había archivado contra el juez de lo mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, por sus escritos en las redes sociales el último de los cuales califica a Pedro Sánchez de golpista y llama a su mujer “Barbigoña”. Los vocales rechazaron la propuesta de Conde de archivar la causa y le han ordenado averiguar si el magistrado ha incurrido en una falta de desconsideración prevista en el artículo 418.5 de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La propuesta de archivo se basaba en una jurisprudencia del Tribunal Supremo que no se refiere específicamente al uso de redes sociales por jueces y magistrados.
35 años en la judicatura de los cuales Conde lleva 12 en situación de “servicios especiales”. Siete como funcionario del CGPJ y 5 como director de relaciones con la Administración de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy. Solo se le conoce una actividad en los juzgados de Barcelona. Por lo tanto, pertenece a ese privilegiado grupo de magistrados que van camino de haber estado más tiempo en la trastienda de la logística judicial y política que en los tribunales. Como ya se ha dicho es miembro activo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Así como en otras cuestiones se ha apartado por tratarse de amigos personales, en el caso de las protestas de los miembros de la APM contra la ley de amnistía tuvo que admitir a trámite la denuncia presentada por la asociación Preeminencia del Derecho que alegaba que los jueces tienen prohibido como falta "grave" hacer actos de aprobación o desaprobación, según el artículo 418.3 de la ley orgánica del Poder Judicial: “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Pero posteriormente archivó el expediente alegando que "a la luz del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de la sala 3ª del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2006, lo que viene a denunciar APM es la exteriorización de una preocupación frente a las consecuencias de un acuerdo de dos partidos políticos que contempla actuaciones concretas en sede parlamentaria. Y desde luego, mostrar la preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria; sin que esta vía puede ser utilizada como método para reprimir el lícito ejercicio de derechos fundamentales”.
Estamos hablando, por lo tanto, de un funcionario del CGPJ con mucha capacidad de maniobra. Tanta que ya era promotor de la acción disciplinaria en el anterior mandato que, hay que recordar, permaneció en funciones de una manera irregular durante cinco años, con mayoría conservadora. Y si ahora ha vuelto a ocupar el puesto es porque, según dicen en fuentes jurídicas, no hubo nadie capaz de hacerse cargo de unas funciones en las que se está sometido a fuertes presiones sobre todo por el corporativismo existente en el colectivo.
Todavía habrá que ver lo que decide Ricardo Conde con las quejas presentadas contra el juez Peinado. Casi con toda probabilidad acabará por archivarlas. Pero para saber, realmente, su talante, hay que ver cómo resolverá otra causa radicalmente diferente. La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, presentó una demanda contra la jueza instructora de Catarroja que investiga la gestión de la dana porque ve su derecho de defensa “gravemente afectado” por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y “afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria”. En Génova consideran a la magistrada Ruiz Tobarra, la “bestia negra” del gobierno de Mazón. Habrá que ver lo que hace el responsable de asuntos disciplinarios de los jueces con una queja de “los suyos”
Mientras tanto en la comisión permanente, el máximo organismo decisorio del gobierno de los jueces, le han llamado la atención dos veces. Veremos hasta donde le pueden sus simpatías personales.