El Poder Judicial ha abierto expediente al juez Manuel Ruiz de Lara por llamar “Barbigoña” a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en las redes sociales. Ahora será el promotor de la acción disciplinaria quien inicie el procedimiento, un proceso del que no cabe esperar grandes novedades. Lo normal es que se dé carpetazo al asunto con el pretexto de que cualquier ciudadano español, también un juez, tiene derecho a pronunciarse libremente porque le ampara la libertad de expresión reconocida en la Constitución. De hecho, el promotor Ricardo Conde ya acordó que se cerraran las diligencias informativas, hace nueve meses, a expensas de que se decidiera por parte del órgano superior si convenía o no instruir un expediente disciplinario. Ahora la Comisión Permanente del CGPJ insta a una investigación algo más seria y exhaustiva para determinar si el juez se propasó, si se excedió, si cometió abuso de poder contra la primera dama, lo que sería objeto de una sanción disciplinaria.
La Comisión Permanente ha visto indicios de posible infracción prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera falta grave “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia”. El acuerdo de la Permanente ha sido adoptado gracias al voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que ha resuelto el empate. Por tanto, habrá investigación, pero solo por los pelos y porque el sector conservador no ha podido paralizar el expediente. Esta vez ha habido suerte y quizá se haga justicia con un juez que, obviamente, se ha sentido impune y se ha pasado tres pueblos con su antisanchismo y su mala educación.
Llegados a este punto cabe preguntarse si el caso Lara es excepcional o algo generalizado en la judicatura española. Y ahí tenemos motivos para la preocupación. Son muchos los magistrados de este país que han decidido dar un paso adelante para derrocar a un Gobierno que no les gusta por lo que sea, por la ley del “solo sí es sí” con sus cursillos para reinsertar a jueces machirulos; por la reforma Bolaños que pretende conceder becas a los hijos de los obreros para abrir las puertas de los juzgados a profesionales hoy en manos de las familias de rancio abolengo; por la propia animadversión personal y urticaria que les provoca un personaje como Pedro Sánchez que fue capaz de pactar con Podemos, Bildu y Esquerra para consolidar el primer Gobierno de coalición progresista desde la Segunda República. Toda esa inquina se ha traducido, no ya una sola vez, sino en varias ocasiones, en infames manifestaciones de protesta de los jueces conservadores a las puertas de los juzgados. La imagen de sus señorías haciendo política en la calle no ha podido ser más triste y más inquietante para el futuro de nuestra maltrecha democracia. No, Lara no es solo un caso aislado. Hay muchos jueces Lara. Nostálgicos del régimen anterior, declarados simpatizantes de Vox. Gente a la que le pica la vena literaria de mal columnista y se pone a soltar soflamas franquistas en periódicos de la caverna, cuando no en panfletos, libelos y hojas parroquiales de su barrio rico. Gente que por la mañana pone una sentencia retrógrada y por la tarde se va al Casino o al Ateneo de su pueblo a presentar el libro infumable de cualquier impresentable con ínfulas de facha. Los golpes de Estado blandos, frecuentes en nuestros días, se preparan mejor al calor de un vino español y un sabroso canapé.
La Justicia española necesita una reforma de arriba abajo. Demolerlo todo para empezar de nuevo. No se hizo la necesaria Transición en nuestra oficina judicial y de aquellos polvos estos lodos. Por fortuna, no todos los jueces son fachas con toga. También los hay sensatos, objetivos y con sentido común, como la jueza de Catarroja que está llevando una instrucción ejemplar de la mortal riada de Valencia de hace un año. Nuria Ruiz ha puesto la diana en las negligencias de Carlos Mazón y piensa llegar hasta el final, pese a que está siendo sometida a todo tipo de presiones de la extrema derecha. Esta gente ultra no respeta nada, ni siquiera a una magistrada que está tratando llegar al fondo de la verdad entre tanto barro y tanto bulo.
Que nadie piense que el juez conspirador y faltón es una rara avis en la extraña fauna conservadora de nuestra Administración de Justicia. Son legión, aunque muchos lleven su furia y su rabia antidemocrática por dentro. Ahora, para prepararnos ante una posible absolución del investigado, nos dicen que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre jueces haters que se ponen a tuitear insultos y calumnias en las redes sociales. Pues ya va siendo hora de rellenar ese vacío legal. La gracieta de la “Barbigoña” no debe quedar en papel mojado como la simple gamberrada de un señor por encima del bien y del mal o una anécdota pasajera. Es algo muy grave que proyecta una imagen deplorable de nuestros jueces y de nuestro Estado de derecho. Sanción ya.