El auto de casi cien páginas del juez Calama contra Zapatero está siendo interpretado por periodistas, expertos y analistas jurídicos. Y, tal como se esperaba, las conclusiones están levantando las primeras polémicas. El magistrado acusa al expresidente del Gobierno de tráfico de influencias, pertenencia a banda organizada (con blanqueo de capitales) y falsedad, pero faltan las pruebas definitivas y contundentes que acrediten las sospechas.
Ester Palomera es una de las que ya ha valorado el auto y asegura que “no encontramos nada concluyente”. Añade la periodista que en el auto se recogen “conversaciones” de otras personas entre ellas, pero ni un solo mensaje, audio o conversación definitiva que “lo comprometa como cabecilla de una organización criminal”. En esos diálogos entre terceros aparece el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acaban refiriéndose con motes muy familiares, como “nuestro pana Zapatero” o “el amigo Zapa”. Más allá de eso, ni una sola palabra del propio presidente grabada por los agentes de la UDEF. Los simples testimonios de terceros no son suficiente prueba de cargo.
Jesús Maraña es otro periodista que ha juzgado el auto de Calama. “Me parece sorprendente que se recoja en un auto tan grave lo que cobra Zapatero por sus conferencias políticas, algo que han hecho todos los expresidentes del Gobierno”. Además, Maraña ha valorado las acusaciones de intermediación contra ZP por la compraventa de petróleo y oro venezolano y concluye que “no hay nada que lo implique”. Alega que el auto concluye con la existencia de una trama organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, pero esa acusación no se corresponde con los vestigios hallados. “Tiene que haber órdenes, operaciones, no sé si hay otros indicios, pero debe de haber algo que pruebe esa acusación”.
Por su parte, Sarah Santaolalla añade que el auto “no marca la diferencia entre lo que es ser un lobista y un tráfico de influencias. Todos los presidentes han ejercido, desde su experiencia personal y política, la tarea de lobby asesorando, formando”. Para acreditar el tráfico de influencias tendría que apreciarse influencia de Zapatero sobre algún funcionario y, hasta donde se sabe, eso no se ha probado hasta el momento (a falta de las nuevas investigaciones de la UDEF que no han trascendido).
Palomera va aún más lejos cuando analiza el párrafo en el que el juez Calama carga contra el expresidente del Gobierno por figurar como persona autorizada en las cuentas de sus hijas. “¿Que padre no hace eso?”, asegura. El asunto de las cuentas es especialmente trascendental para el futuro judicial de Zapatero, ya que, de acreditarse, podría fundamentar la acusación de blanqueo de capitales a través de terceras personas o empresas offshore. La periodista recuerda que los negocios de consultoría de Zapatero son “perfectamente legales” y además han sido declarados a Hacienda. Sobre Gertrudis Alcázar, “la secretaria que lleva toda la vida con él, se le atribuye un papel esencial en la trama por preguntar cuántas facturas debía emitir. Todo esto me parece muy inconsistente”.
Santaolla advierte que en este país hay lawfare o guerra sucia judicial. “No me atrevo a decir si hay en este caso, pero me huele raro, a podrido, porque el auto no se sostiene. Las conversaciones hablan de Julio [Julio Martínez, amigo de ZP] no del expresidente”. Este empresario es el dueño de la empresa Análisis Relevante, una consultora dedicada a los estudios geopolíticos. Es amigo personal de Zapatero desde que ambos salían a hacer running. Se ha encontrado un supuesto contrato firmado con Plus Ultra para recibir el 1 por ciento del precio del rescate de la aerolínea. Según La Vanguardia, Zapatero trabajaba para Análisis Relevante como consultor externo. El expresidente socialista realizaba informes para esta compañía. Algunos de ellos eran orales. En total, el expresidente habría percibido 490.780 euros por sus trabajos de consultoría. Pero ZP insiste en que todos sus trabajos de asesoría han pasado por Hacienda vía impuestos.
Gloria Marcos asegura que “todo está cogido por los pelos” y que la instrucción de Calama le recuerda a aquella persecución sufrida por Pablo Iglesias, a quien la Justicia acusó de financiar ilegalmente a Podemos. Todo era mentira y el caso fue archivado. Para el magistrado Joaquim Bosch hay una serie de indicios que cuentan con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. “Zapatero ni siquiera ha declarado y algunos ya lo han condenado sin haberse leído el auto y sin que haya podido defenderse”, agrega. Para Bosch, “el más responsable de todos ha sido el propio Zapatero”, que ha dicho que piensa defenderse y probar su inocencia, desde el hecho de que ha declarado cada ingreso en el IRPF hasta que no tiene cuentas ocultas o sociedades interpuestas. Calama deberá probar si los informes son reales o una pantalla para justificar pagos, si la conducta de ZP fue de lobby o tráfico de influencias (con presiones sobre funcionarios, que aparentemente no las ha habido) y el presunto blanqueo de capitales (si existen o no conexiones del expresidente con empresas fantasma o instrumentales). Para el magistrado, la investigación no es “el apocalipsis”, ni un golpe de Estado de los jueces, y apuesta por “dejar trabajar a la Justicia”.
Pero hay un último dato que demostraría que el juez no lo tiene tan claro como parece sugerir en su auto: si Zapatero era el cabecilla de una peligrosa banda criminal, ¿por qué no lo envía a prisión provisional?