Zapatero dio las respuestas justas para mantener el apoyo del sanchismo

La entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en el programa Mañaneros de RTVE tuvo, en apariencia, todos los ingredientes de un gran momento televisivo: un expresidente imputado penalmente, un caso que mezcla rescates empresariales, consultoras, sociedades offshore, joyas millonarias y la sombra de posible financiación irregular, y un clima político en el que cada palabra puede arrastrar al Gobierno y al partido que fue su casa. Sin embargo, detrás de los casi interrogatorios que se le formulan, lo que emerge no es una explicación profunda ni un ejercicio ejemplar de rendición de cuentas, sino una larga sucesión de negaciones, evasivas y lugares comunes que dejan el núcleo político del asunto prácticamente intacto. Nadie podía esperar que Zapatero diera explicaciones muy concretas o que presentara documentos que demostraran su inocencia. No lo podía hacer porque, como en todas las estrategias de defensa, se presenta como inocente sin aportar pruebas de ello porque eso está destinado al juzgado. 

Desde la primera pregunta, Zapatero construye una línea de defensa de manual, apoyada en tres pilares que repite como un mantra: respeto al procedimiento judicial, presunción de inocencia y separación entre su actividad como consultor y cualquier posible ilícito. “No, en absoluto. Mi actividad profesional como consultor siempre se ha desarrollado respetando la legalidad”, responde cuando se le plantea si se ha corrompido. La frase, impecable en su forma, es también reveladora de su fondo: no hay un esfuerzo por ir más allá de la fórmula genérica, por detallar qué hizo, cómo lo hizo y por qué ese trabajo como consultor se ha convertido hoy en el epicentro de una investigación por tráfico de influencias, contrabando y delito fiscal.

Cuando la entrevista entra en el terreno más delicado, el del presunto tráfico de favores políticos, Zapatero vuelve a refugiarse en la negación categórica sin aportar un relato alternativo convincente. “Jamás, absolutamente, y en este procedimiento, que trata precisamente de eso, se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que ejercí ninguna influencia, ni siquiera que hablé con nadie de la SEPI ni del Gobierno para el rescate de Plus Ultra”, afirma. La contundencia formal contrasta con la realidad del sumario, donde hay documentos, testimonios y actuaciones que apuntan en la dirección contraria. El expresidente no los desmonta; simplemente los declara “invenciones” o “deducciones insólitas”. El resultado es una defensa más retórica que probatoria, que se apoya en la autoridad de su palabra antes que en la reconstrucción de hechos verificables.

Uno de los momentos clave de la entrevista llega cuando se le confronta con la confesión de Julio Martínez, su amigo y responsable de la consultora Análisis Relevante, quien declaró literalmente: “Era el señor Zapatero quien marcaba los pasos que había que seguir”. El periodista Javier Ruiz le pregunta si efectivamente era él quien dirigía y traía a los clientes. Zapatero esquiva la carga política de esa frase refugiándose en el protocolo judicial: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún investigado… Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa”. Pero lo cierto es que no pone los hechos; se limita a reiterar que su papel fue el de simple consultor, sin accionariado, sin contratos firmados, sin instrucciones relevantes. La discrepancia entre lo que dice su antiguo colaborador y lo que él asegura se despacha como si fuera una mera táctica defensiva ajena, cuando en realidad es uno de los puntos más delicados para valorar si hubo red de influencias o simple asesoría.

El tono superficial se acentúa cuando se aborda la acusación de haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái. Zapatero opta por una comparación casi caricaturesca: “Decir que yo di instrucciones para crear una sociedad offshore es como afirmar que di instrucciones porque quería ir a la Luna”. La frase funciona como recurso retórico, pero no aporta nada en términos de clarificación. No explica qué sabe, quién pudo crear esa sociedad, ni por qué su nombre aparece vinculado a ella. Se limita a calificarla de “invención absoluta”, sin entrar en detalles sobre la información policial ni la lógica empresarial de esa estructura. En un contexto de sospecha sobre posibles canalizaciones de fondos, el expresidente elige la metáfora ligera en vez del análisis riguroso.

Lo mismo ocurre con la comida en Portonovo, en Madrid, donde la UDEF sitúa un supuesto pacto para crear la sociedad offshore. Zapatero admite la comida (“debió de existir, obviamente”), pero reduce el resto a una “deducción insólita”. No hay explicación alternativa de qué se habló, quién asistió, qué relaciones se generaron. La narrativa se queda en la superficie: el recuerdo formal y la descalificación genérica de lo que dicen los investigadores. Es difícil imaginar un ejercicio más pobre de rendición de cuentas para alguien que ha presidido el Gobierno y que, por esa condición, sabe perfectamente que la confianza pública se construye sobre algo más sólido que la simple apelación al “respeto al procedimiento”.

La entrevista también entra en el papel de Zapatero como facilitador de contactos con el poder económico. Se le menciona una carta al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, que comienza: “Siguiendo instrucciones del presidente don José Luis Rodríguez Zapatero…”. Ruiz le interpela sobre si dio instrucciones para llamar a la puerta del banco. Zapatero responde: “El encabezamiento es un exceso, porque lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para preguntarle si podía recibir y atender a unas personas. Punto”. Ante la observación de que eso es ejercer influencia, replica: “No, eso es simplemente facilitar un contacto… No podemos llegar a la locura de considerar que llamar a alguien o reunirse con alguien es ejercer una influencia”.

Aquí la entrevista roza el corazón del debate ético que Zapatero rehúye sistemáticamente. El expresidente se queda en una definición casi doméstica: ayudar a que alguien reciba a unas personas. El problema es que esa banalización ignora deliberadamente el desnivel de poder que supone que quien llama no es un ciudadano cualquiera, sino un exjefe del Ejecutivo que sigue teniendo peso en el partido y en las instituciones. La pregunta no es solo penal; es política y ética. Y ahí la respuesta se queda en un juego de palabras que trata de convertir la influencia en una cortesía.

El bloque más delicado de la entrevista llega cuando se aborda la posible utilización de Análisis Relevante como sociedad pantalla para canalizar fondos hacia las hijas de Zapatero y hacia la empresa Whathefav. Julio Martínez sostiene que llegaron a esa sociedad más de 1,2 millones de euros, algunos por trabajos que ni siquiera se realizaron. Zapatero responde con una fórmula que le permite ganar tiempo, pero no transparencia: “Creo sinceramente que esas cifras deben revisarse y debemos dejar que el procedimiento las aclare”. Cuando se le pregunta si sus hijas han servido como testaferros, califica la cuestión de “pregunta increíble” y añade: “Lo que faltaba es que hubiera pasado por mi cabeza implicar o intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor”.

Nuevamente, la estrategia es emocional, no explicativa. Se apela al absurdo de la acusación y al vínculo familiar, pero no se entra en la trama económica: qué trabajos se hicieron, qué contratos se firmaron, cómo se justifican esos casi 960.000 euros entre 2020 y 2025. Zapatero promete que sus “hijas y Whathefav van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos”, pero no ofrece ni un ejemplo concreto durante la entrevista. No hay detalle sobre proyectos, informes, clientes. Solo la promesa de que, en algún momento, todo se verá. En un escenario donde la sospecha pública ya está instalada, esa falta de concreción suena más a petición de paciencia que a ejercicio de transparencia.

El episodio de las joyas es probablemente el más sintomático del tono superficial de las respuestas de Zapatero, un tono superficial que al sanchismo le sirve para mantener su apoyo al expresidente. Se trata de piezas a las que se atribuye un valor superior a 1,3 millones de euros y que podrían implicar delito de contrabando y fraude fiscal. Zapatero las define como “un regalo de cortesía personal recibido hace muchos años” y asegura que no tenían “uso, ni destino, ni afán patrimonial”. Es decir, joyas millonarias que, según su relato, dormían olvidadas en una caja fuerte junto a otras joyas familiares y regalos. Sobre el valor, se limita a decir que “será sometido a contradicción” y que “no podíamos imaginar que tuvieran ese valor”. La imagen es difícil de sostener: un expresidente que guarda joyas de más de un millón de euros sin ser consciente de ello, sin declararlas y sin preguntarse seriamente por las implicaciones de recibirlas.

El contraste con el código de buen gobierno aprobado por su propio Ejecutivo es inevitable. Ese código establecía que se debían rechazar regalos que fueran más allá de los usos habituales de cortesía. Preguntado si incumplió su propio código, responde: “Será interpretable, como todo… ahí se habla de los usos de cortesía personal y este fue precisamente un regalo de cortesía personal”. La respuesta transforma una norma pensada para limitar la tentación de la corrupción en un concepto elástico que depende de la interpretación personal del receptor. Zapatero reconoce que, visto con perspectiva, “seguramente habría tomado otra decisión en aquel momento y no habría aceptado esas joyas”, pero esa admisión se queda en el terreno del arrepentimiento difuso. No entra en el por qué las aceptó, quién se las entregó, qué esperaba de ese gesto ni cómo encaja en la práctica real del buen gobierno.

Cuando la entrevista estrecha el cerco sobre el posible delito fiscal, la respuesta vuelve a ser genérica: “En absoluto, no hubo ninguna intención de defraudar”. No explica por qué nunca pensó en declarar ese regalo ni cómo encaja esa omisión con lo que él mismo presenta como una vida “afortunada” y “con privilegios”.

Otro eje de la conversación es la dimensión europea y garantista que Zapatero intenta situar en el centro de su relato. Se queja de la incorporación al procedimiento de sus agendas completas durante dos años, de la exposición de chats íntimos, de la afectación al secreto bancario y al derecho a la privacidad. Lo presenta como un “problema estructural” y cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al TJUE y al Tribunal Constitucional como referentes para recordar la necesidad de proteger la intimidad y la presunción de inocencia. Es, sin duda, el segmento más elaborado de su discurso: Zapatero se siente más cómodo cuando habla de abstracciones jurídicas que cuando desciende a la concreción de sus propios actos.

Pero también aquí se percibe la distancia entre el análisis general y la autocrítica. El expresidente denuncia las filtraciones, se indigna por la exposición de su vida privada y la de terceros, subraya la importancia del artículo 53 de la Constitución y del aforismo según el cual donde no hay protección de derechos fundamentales no hay Constitución. Lo que no hace es reconocer que esa misma Constitución y esos mismos derechos también exigen que quien ha ocupado la jefatura del Ejecutivo se someta a un escrutinio público más exigente que el ciudadano de a pie. Zapatero se presenta como víctima de un sistema que ha vulnerado sus derechos, pero apenas dedica espacio a preguntarse qué responsabilidad propia le corresponde por haber manteniendo una actividad privada opaca, difícil de explicar y ahora difícil de justificar.

En cuanto a la dimensión política, la entrevista muestra a un Zapatero consciente del impacto que el caso tiene sobre el PSOE y sobre el Gobierno, pero su reflexión se queda en la superficie emotiva. Agradece el apoyo del partido y del presidente del Gobierno, asegura que no pide “fe ni cariño”, sino confianza basada en los hechos (hechos que no ha presentado ni ante el juez ni ante la oponión pública), y reconoce que su condición de expresidente está inseparablemente unida a su situación de imputado. Sin embargo, cuando se le plantea que ha pasado de ser un activo electoral a convertirse en un lastre, responde que esa es “una valoración” y remite cualquier balance al final del proceso. De nuevo, el análisis político se aplaza a un futuro indeterminado. No hay una reflexión sobre el mensaje que se envía a la ciudadanía cuando, ante un caso de esta magnitud, el partido cierra filas sin exigir explicaciones más contundentes.

La entrevista revela, en suma, un Zapatero que habla mucho y explica poco. Que invoca la presunción de inocencia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, pero elude sistemáticamente entrar en el detalle de aquello que hoy pone en cuestión su credibilidad: el verdadero alcance de su papel en Plus Ultra, la frontera entre consultoría y tráfico de influencias, la lógica económica de Análisis Relevante y la empresa de sus hijas, la realidad patrimonial de unas joyas multimillonarias y el uso de su agenda política para abrir puertas a empresas y clientes. Sus respuestas son, en su mayoría, negaciones enfáticas acompañadas de metáforas, comparaciones y apelaciones a Borges. No hay una narrativa alternativa sólida, ni un intento de reconstruir los hechos con precisión.

Para un expresidente que se reivindica como defensor del Estado de derecho, la entrevista ofrece más retórica que contenido. Y para una ciudadanía que enfrenta un caso donde se cruzan política, negocios y posibles delitos, la sensación final es que Zapatero ha ocupado el espacio mediático, pero ha dejado vacía la verdadera rendición de cuentas. Ha hablado de procedimiento, de garantías y de intimidad. Lo que no ha hecho es responder, con la profundidad que su posición exige, la pregunta que sobrevuela toda la conversación: qué hizo exactamente, cómo lo hizo y por qué el país debería creerle ahora solo porque él lo afirma.