La regularización de inmigrantes irregulares en España, anunciada ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez, simboliza una medida de justicia social y racionalidad económica adoptada en el momento político más complejo para el país. Aunque responde a un imperativo ético y económico innegable, la decisión se produce en un contexto donde la extrema derecha de Vox crece más rápido que la capacidad de reacción de una izquierda debilitada y fragmentada, incapaz de reconectar con su base histórica: la clase trabajadora.
La medida gubernamental no es improvisada. España lleva más de una década conviviendo con una población inmigrante que ya forma parte esencial de su engranaje productivo. Regularizar su situación implica integrarlos plenamente en el marco legal, mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la recaudación y reducir la economía sumergida.
Desde una perspectiva económica, se trata de una política realista y rentable: cada trabajador regularizado contribuye a la Seguridad Social, paga impuestos, se integra en el sistema y dinamiza la economía local. El desafío no es técnico ni financiero: es cultural y político. En plena efervescencia de discursos excluyentes, la justicia social se convierte en un terreno de batalla ideológica.
Los últimos estudios demoscópicos reflejan cómo Vox consolida un voto de descontento transversal, que abarca desde empresarios agrarios hasta trabajadores industriales o jóvenes precarios. El flujo desde los otros partidos ya no se circunscribe sólo al PP o a los restos de Ciudadanos, ya son votantes socialistas o de las formaciones a la izquierda del PSOE, lo cual demuestra que el crecimiento de los ultras no es una cuestión ideológica, es algo mucho más peligroso. La inmigración se convierte en el eje emocional del discurso de Vox, pero su éxito se nutre de algo más profundo: el resentimiento económico y el sentimiento de abandono institucional.
Para Vox, la regularización de inmigrantes es una oportunidad de oro. Su maquinaria discursiva ha desarrollado una fórmula efectiva: convertir la gestión migratoria en un relato emocional de amenaza, asociando el desarrollo de políticas inclusivas con inseguridad, paro o pérdida de identidad.
Con una base electoral cercana a los 3 millones de votos y fuerte implantación en Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía oriental, Aragón y la Comunidad Valenciana, Vox ha demostrado una enorme habilidad para capitalizar el malestar social. Cada crisis se transforma en una herramienta de fidelización electoral. La regularización anunciada por el Gobierno le permite consolidar su hegemonía en el discurso del miedo y proyectarse como el freno a la “debilidad progresista”.
Los equipos demoscópicos de varios medios nacionales, incluido el propio CIS, apuntan ya a un posible repunte de 4 a 6 puntos para Vox en intención de voto bruta en caso de mantenerse la tensión mediática sobre la regularización. Traducido en escaños, este incremento situaría al partido en una horquilla entre los 85 y 90 diputados en unas hipotéticas elecciones de 2027.
El crecimiento se sustentaría en tres dinámicas principales. Por un lado, el trasvase de voto obrero descontento, especialmente de antiguos votantes socialistas o de Sumar, atraídos por un mensaje emocionalmente potente centrado en “orden, seguridad y patria”. Además, se consolilda el voto rural y de interior, donde la percepción negativa hacia la inmigración, aun sin base empírica, es amplificada por el discurso mediático. Finalmente, Vox logra captar el voto abstencionista y desencantado, gracias a su retórica antisistema y a la explotación digital del descontento a través de redes sociales y canales alternativos.
Esta proyección, sin embargo, no se explica solo por el efecto de la regularización. La falta de un relato eficaz por parte de la izquierda ha dejado campo libre a los populismos de derecha para apropiarse del lenguaje del pueblo y erigirse en sus falsos defensores.
El partido de Santiago Abascal, al igual que otras formaciones en Europa o la secta MAGA de Donald Trump, ha logrado construir un relato identitario y victimista, presentándose como defensor del “pueblo olvidado” frente a las élites urbanas y los tecnócratas de Bruselas. Su eficacia radica en apropiarse de causas sociales (vivienda, empleo, pérdida de poder adquisitivo) y reinterpretarlas bajo una clave nacionalista. En los barrios obreros donde antes predominaba el voto socialista o comunista, hoy se detecta un desplazamiento creciente hacia opciones de ultraderecha.
Pérdida del vínculo obrero
Mientras tanto, la izquierda sufre una crisis estructural de credibilidad entre sus propios antiguos votantes. El PSOE y Sumar, aunque defienden la regularización como una medida de justicia y coherencia democrática, afrontan un desgaste profundo. Su discurso, más institucional y menos emocional, ya no conecta con quienes sienten que el progreso prometido no llega a su calle ni a su nómina.
En los barrios obreros de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, el lenguaje de la izquierda suena cada vez más distante. La retórica de la diversidad y la igualdad se percibe, para muchos trabajadores, como una preocupación de clase media ilustrada, ajena a las inquietudes diarias: empleo estable, vivienda asequible y seguridad cotidiana. Ese vacío emocional ha sido ocupado con velocidad por la narrativa proteccionista de Vox, que se presenta como el refugio de los olvidados.
El problema para la izquierda no es solo comunicativo, sino identitario. Al centrarse en la gestión institucional y los códigos morales del progresismo urbano, ha renunciado a disputar el terreno simbólico del orgullo obrero y del patriotismo popular. Allí donde antes resonaban las siglas del PSOE, de Podemos o de IU, hoy crece un voto de frustración que asocia su precariedad con las políticas progresistas.
La nueva izquierda española parece atrapada entre la defensa de los derechos universales y la desconexión emocional con los sectores populares. A falta de un relato cohesionado y de medidas efectivas que unifiquen justicia social, prosperidad económica y pertenencia nacional, la extrema derecha gana velocidad.
El rearme ideológico de la izquierda requeriría recuperar un discurso que hable de clase, de empleo y de dignidad sin complejos, que no deje estos temas en manos de una derecha que los usa para dividir. Y, sobre todo, que las medidas que desarrolle o logre implementar desde el Gobierno sean efectivas, algo que no está haciendo. Cada vez es más habitual escuchar que los derechos no aparecen en la nómina y, desde hace ya demasiado tiempo, los grandes éxitos de los que presume la izquierda están circunscritos a la consecución de derechos que no se trasladan al bienestar económico de las familias. En el escenario actual, mientras Vox amplifica el miedo con campañas coordinadas en redes sociales y mensajes de cercanía emocional, la izquierda se mantiene en un registro racional, técnico y defensivo. En una era de sobreinformación emotiva, esa es una desventaja estructural.
El escenario político español refleja una brecha creciente entre emociones y políticas, entre percepciones y datos. La regularización de inmigrantes irregulares es, al mismo tiempo, una victoria moral y una prueba de fuego para la democracia. Representa la decisión de un Gobierno que actúa conforme a principios pero que no ha marcado los tiempos correctamente porque la extrema derecha crece alimentando la frustración social, el relato antiinmigración y la desafección con la política institucional. Vox no gana por sus ideas, sino por ocupar el espacio emocional que la izquierda abandonó.