La política exterior española lleva años atrapada entre la prudencia, el miedo y la necesidad. Pero cuando un país vecino convierte la presión migratoria, la coerción diplomática y la desestabilización indirecta en instrumentos de relación bilateral, la prudencia deja de ser virtud y se convierte en debilidad. En ese contexto, la pregunta ya no es cómo contener una crisis episódica en Ceuta, sino qué respuesta estructural debe dar España ante una estrategia de guerra híbrida que combina frontera, inteligencia, comercio y memoria colonial. Y la respuesta, si se quiere actuar con rigor jurídico y con una mínima dignidad estratégica, pasa por asumir lo que durante décadas se ha evitado: aplicar el derecho internacional y comunicar de inmediato a Naciones Unidas la convocatoria del referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental como potencia administradora de iure.
La idea no es provocadora; es jurídicamente consistente. El problema es que a la política española le ha costado demasiado tiempo asumir que el Sáhara no es un apéndice de la diplomacia bilateral con Marruecos, sino una cuestión de descolonización pendiente bajo el paraguas de la ONU. Y mientras Madrid ha optado por la ambigüedad, Rabat ha entendido que esa ambigüedad era una ventaja. Cada cesión, cada silencio y cada giro táctico han servido para alimentar la percepción de que España acepta la desactivación progresiva de su responsabilidad histórica a cambio de una estabilidad siempre provisional.
El resultado es una relación asimétrica, en la que Marruecos actúa desde una posición de fuerza y España desde una lógica de contención. Eso explica por qué el debate sobre Ceuta y la presión migratoria no puede separarse del Sáhara Occidental. No se trata de dos asuntos distintos, sino de dos expresiones de un mismo tablero. En uno, la frontera. En otro, el territorio no resuelto. En ambos, la coerción como lenguaje político. La estrategia marroquí no necesita declararse abiertamente hostil para ser eficaz: le basta con recordar, cuando lo considera oportuno, que dispone de herramientas para alterar la estabilidad española sin cruzar la línea de un conflicto convencional.
Ahí es donde adquiere sentido la referencia a la guerra híbrida. No estamos hablando de blindados ni de bombarderos. Hablamos de migración instrumentalizada, de espionaje ilegal, de presión económica, de manipulación diplomática y de una narrativa calculada para convertir cualquier concesión española en un precedente. Los analistas de seguridad llevan tiempo advirtiendo que la migración puede ser usada como arma política, y el caso de Ceuta encaja con demasiada precisión en ese patrón como para ser ignorado. Si a ello se suma la reivindicación histórica de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, el margen de error se reduce todavía más. España no se enfrenta a una simple crisis fronteriza, sino a una forma de poder que actúa en la zona gris entre la guerra y la paz.
La respuesta tradicional de los gobiernos españoles ha sido buscar un equilibrio imposible: mantener una relación funcional con Rabat sin confrontar abiertamente la cuestión del Sáhara. Pero ese modelo se ha agotado. La razón es sencilla: Marruecos no interpreta la moderación como buena voluntad, sino como oportunidad. Y cada vez que España evita encarar el núcleo jurídico del conflicto saharaui, refuerza la idea de que su posición es negociable, revisable y, en última instancia, presionable. Por eso la sugerencia de acudir a Naciones Unidas no es un gesto maximalista, sino una corrección de rumbo que devolvería a España una posición de legalidad y de iniciativa.
Hay una verdad incómoda que la política española ha querido enterrar durante décadas: el Sáhara Occidental sigue siendo, desde la perspectiva del derecho internacional, un territorio pendiente de descolonización. La jurisprudencia y los pronunciamientos de Naciones Unidas no han convertido la ocupación marroquí en soberanía legítima. La MINURSO, establecida precisamente para organizar un referéndum, nació sobre la base de un plan de arreglo que asumía el derecho del pueblo saharaui a elegir entre opciones políticas. El hecho de que ese referéndum no se haya celebrado no extingue el derecho; solo acredita el fracaso político de quienes debían hacerlo posible.
La documentación de Naciones Unidas y los autos judiciales españoles han recordado en distintas ocasiones que el denominado Acuerdo Tripartito de Madrid no transfirió soberanía y no alteró por sí mismo el estatuto jurídico del territorio. Esa realidad jurídica es el punto de partida de cualquier política seria. Si España continúa actuando como si el asunto hubiese quedado cerrado por la inercia, no solo debilita su credibilidad internacional, sino que acepta implícitamente la reinterpretación marroquí de la historia. Y eso tiene consecuencias directas sobre la seguridad nacional, porque quien acepta perder el marco legal acaba dependiendo del cálculo de la otra parte.
Pedro Sánchez ha demostrado en otros terrenos que no rehúye las maniobras de alto coste político cuando cree que pueden sostener su posición. Lo ha hecho con la amnistía, con las cesiones a los independentistas y con cambios de rumbo que años antes parecían imposibles. Si esa lógica se aplica a la política exterior, la pregunta es por qué no usarla para recuperar una postura firme y jurídicamente defendible frente a Marruecos. Porque hay una diferencia esencial entre ceder para gobernar y actuar para defender intereses de Estado. La primera lógica es táctica; la segunda exige asumir que no todo puede sacrificarse en el altar de la gobernabilidad.
La convocatoria inmediata de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental no sería una aventura unilateral ni una ruptura del consenso internacional. Sería, por el contrario, la recuperación de una obligación asumida en el marco de la descolonización. España, como potencia administradora de iure según una parte relevante de la doctrina y conforme a varios pronunciamientos y resoluciones citadas por juristas y tribunales, no puede seguir actuando como si esa condición se hubiera evaporado por el paso del tiempo. Si la legalidad internacional tiene algún sentido, es precisamente el de impedir que la fuerza y la inercia sustituyan al derecho.
Además, el coste estratégico de no hacerlo es visible ya en la frontera sur. Cuando Marruecos percibe que España está atrapada en su propia contradicción, utiliza la presión migratoria como palanca. Cuando detecta debilidad, intensifica el ruido. Cuando ve que el Gobierno español intenta normalizar relaciones sin resolver el fondo del conflicto, responde con hechos consumados. Ceuta es el ejemplo más claro de esa ecuación. La ciudad autónoma se convierte periódicamente en un tablero de advertencia. Y mientras los gobiernos hablan de cooperación, en el terreno la realidad apunta a una relación en la que la cooperación convive con la intimidación.
Si España trasladara a la ONU la exigencia de un referéndum y reivindicara su condición jurídica, estaría haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, restablecería un principio de legalidad internacional que Marruecos no ha podido borrar. Segundo, enviaría un mensaje inequívoco de que la relación bilateral no puede construirse sobre el chantaje permanente. Esa doble operación tendría un efecto inmediato en la negociación geopolítica: Marruecos entendería que la presión deja de ser gratis. La frontera, la migración y la seguridad ya no podrían usarse como instrumentos de castigo sin que España respondiera con su única arma realmente sólida: el derecho.
La objeción habitual es que una postura así deterioraría todavía más la relación bilateral y pondría en riesgo la cooperación antiterrorista, migratoria y comercial. Es una objeción seria, pero incompleta. Porque la pregunta correcta no es si habrá costes, sino qué coste es mayor: mantener una diplomacia de sometimiento o recuperar una posición firme con fundamento jurídico. La experiencia demuestra que la ambigüedad no ha evitado crisis; solo las ha postergado. Y en cada postergación Marruecos ha ganado un poco más de margen para actuar como actor de presión, no como socio previsible.
El Gobierno de Sánchez debería entender que la política exterior no consiste en elegir entre el conflicto abierto y la sumisión silenciosa. Existe un tercer camino: el de la claridad jurídica. Aplicar el derecho internacional no significa romper puentes, sino construir relaciones sobre bases que no dependan del miedo. Pedir a Naciones Unidas la convocatoria urgente del referéndum no sería un gesto hostil, sino el reconocimiento de que la descolonización pendiente no puede seguir siendo rehén de la comodidad diplomática. Y si España no lo hace, estará aceptando que su propia credibilidad se mida por la capacidad de Rabat para tensionar fronteras y marcar límites.
La decisión, en suma, no es solo sobre el Sáhara. Es sobre qué tipo de Estado quiere ser España cuando un vecino convierte la presión híbrida en método de relación. Sánchez puede seguir administrando la crisis con declaraciones prudentes y gestos de equilibrio, pero la realidad estratégica seguirá ahí. Ceuta, Melilla, la vigilancia marítima, el espionaje, la migración y el expediente saharaui forman parte de un mismo problema. Y ese problema solo puede abordarse desde una posición de legalidad, firmeza y memoria histórica.
Por eso la salida coherente no es seguir aplazando el conflicto, sino volver al punto de partida que nunca debió abandonarse: Naciones Unidas, la descolonización, la potencia administradora de iure y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Todo lo demás es gestionar la debilidad mientras la otra parte la convierte en ventaja.
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