Santiago Juan Pedraz Gómez es un juez que tiene como principal afición la pintura. Es más, a través de sus redes sociales, comparte de manera asidua sus creaciones que ya ha sido expuestas en distintas galerías de arte de Madrid. Ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional dictó un auto, pintó un nuevo cuadro que golpeó duramente a la línea de flotación del PSOE sanchista.
Hay pasajes en la historia política de una nación donde un solo documento judicial posee la fuerza destructiva de mil discursos de la oposición. No es una cuestión de retórica parlamentaria ni de titulares efímeros en la prensa, es la irrupción de la realidad jurídica en el corazón de un relato minuciosamente construido por el poder Ejecutivo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha firmado un auto judicial que no solo sacude los cimientos organizativos del PSOE, sino que ha pintado un cuadro político y humano que desgarra por completo la mística gubernamental. Es un retrato que no gusta, que incomoda y que desata el nerviosismo en los despachos del Palacio de la Moncloa, porque transforma lo que el relato oficial vendió como una gesta romántica de resistencia en el acta de nacimiento de una presunta maquinaria de sabotaje institucional.
El lienzo trazado por el instructor de la causa sitúa la génesis de la actividad criminal presuntamente desplegada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la "fontanera" del partido, Leire Díez, en un punto de origen que Pedro Sánchez siempre ha intentado mantener en el ámbito de la estricta intimidad familiar y el honor personal: la imputación por corrupción de su esposa, Begoña Gómez. El cuadro de Pedraz revela que la reacción del aparato del partido ante el asedio judicial no fue la introspección ética ni la regeneración democrática, sino la activación inmediata de una respuesta clandestina y agresiva destinada a neutralizar el avance de la justicia a cualquier precio.
El valor político de la resolución de Pedraz radica en su capacidad para reescribir la historia reciente desde la fría lógica de los hechos penales. Para la una parte de la opinión pública, los célebres cinco días de reflexión de Pedro Sánchez en la primavera de 2024 se presentaron como un paréntesis místico y afectivo, un retiro guiado por el amor y plasmado en una inédita Carta a la Ciudadanía que paralizó la vida de buena parte de los militantes sanchistas. Sin embargo, el magistrado ha rasgado ese velo sentimental para pintar una escena paralela mucho más cruda: mientras el presidente meditaba en su despacho oficial, en la sede central de la calle Ferraz se encendían las luces de emergencia para orquestar una contraofensiva de contención y asalto judicial.
El auto califica como un auténtico "punto de inflexión" la reunión de urgencia celebrada en las dependencias de la sede federal el 26 de abril de 2024, en pleno ecuador del encierro reflexivo de Sánchez. A ese cónclave acudieron piezas clave del aparato del partido y de la comunicación estratégica, incluyendo a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset, al exjefe de gabinete Juan Manuel Serrano, al propio Santos Cerdán y al entonces director de Comunicación de la formación, Ion Antolín. La urgencia del encuentro quedó retratada en un revelador mensaje de texto que Díez envió un día antes al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, donde le decía textualmente: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente". Con esta pincelada, el juez desmonta la teoría del retiro espiritual y conecta de forma directa el pánico organizativo de Ferraz con la necesidad perentoria de blindar a Sánchez.
El cuadro que Pedraz ha puesto ante los ojos de los ciudadanos dibuja una preocupante mutación en las dinámicas del poder: el aparato de una organización política centenaria volcado presuntamente en actuar como una organización criminal con el único fin de subvertir el normal funcionamiento de los tribunales de justicia. Algo similar a lo que sucede en la Kitchen, con la diferencia de quienes eran los destinatarios. En el PP, los partidos y políticos de la izquierda y Luis Bárcenas. En el PSOE, los jueces. A partir de aquella decisiva cita en Madrid, el magistrado atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad en la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, cuyo propósito principal era la desestabilización de forma sistemática y continuada de cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera comprometer los intereses del PSOE o del Gobierno de la nación.
La estrategia de resistencia diseñada por las cloacas de Ferraz no conoció límites normativos y se fijó como objetivo prioritario dinamitar la credibilidad de los jueces instructores encargados de las pesquisas sobre el entorno del presidente, como los magistrados Biedma, Ayala y el propio Peinado. El plan incluyó el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información privilegiada o de la realización de actos manifiestamente contrarios al correcto ejercicio de sus cargos públicos. Para contrarrestar el avance de las causas que afectaban a la esposa de Sánchez y a su hermano, David Sánchez Castejón, la red promovió sucesivas denuncias infundadas contra la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y los propios jueces, intentando trasladar la presión del banquillo a las mesas de los instructores. No en vano, hay que recordar que buscaron información de un exjuez condenado por violencia de género, el que debería ser el delito más grave para un partido que se proclama feminista, para sacar información para utilizar contra la jueza de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez.
Para dar solidez al cuadro, el juez Pedraz detalla la infraestructura financiera que sostenía esta presunta red de fontanería ilegal, demostrando que la lealtad y el silencio en el aparato se pagaban con precisión contable. El auto revela que Leire Díez contó en todo momento con el impulso y el soporte financiero de Cerdán, quien "habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido". Esta asignación económica fija detraída de los recursos de la formación requería un circuito de ocultación para no despertar las alarmas de los auditores, una operativa en la que el histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías habría prestado, presuntamente, su propia estructura societaria personal como vehículo idóneo para camuflar los pagos mensuales bajo falsos servicios de asesoría jurídica.
El circuito financiero diseñado para el camuflaje de las nóminas de la desestabilización judicial implicó de forma directa al letrado Ismael Oliver, a quien se le atribuye haber ejercido como el canalizador de parte de estos fondos opacos con destino a la fontanera de Ferraz mientras asesoraba a la formación política. Asimismo, la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes, habría actuado con el presumible concierto para emitir las oportunas órdenes de encargo administrativo sobre las cuales se elaboraban facturas falsas. Para cerrar el círculo de colaboradores, el empresario Javier Pérez Dolset habría completado el plano de actores necesarios en la ejecución de la estrategia de acoso a la judicatura, una red que se activaba con especial fuerza cada vez que la presión judicial amenazaba los intereses del Gobierno.
El catálogo de delitos que el magistrado de la Audiencia Nacional sitúa bajo investigación, que abarca organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado, compone un fresco judicial insostenible para la retórica gubernamental. El cuadro pintado por el juez Pedraz hiere de muerte el relato de la regeneración democrática que Pedro Sánchez pretendió enarbolar tras su regreso de los cinco días de retiro.
Al vincular el parón político de Moncloa con la activación de una trama supuestamente sufragada con fondos bajo sospecha y dispuesta a corromper a miembros de las fuerzas de seguridad para hostigar a la justicia, el auto coloca al partido de Sánchez entre la espada y la pared. La realidad que emerge de los tribunales ya no se puede despachar como una simple campaña de la oposición; es la descripción detallada de un aparato de partido dispuesto a desestabilizar las instituciones para proteger a la familia presidencial, un retrato de trazo grueso y oscuro que borra de golpe cualquier aspiración de superioridad moral en la Moncloa.